Madrid, 8 sep (EFE).- El joven de 20 años que denunció haber sufrido una agresión homófoba el pasado domingo en el barrio madrileño de Malasaña por parte de ocho encapuchados ha reconocido que las heridas fueron consentidas, mientras mantenía relaciones con otra persona.
La investigación del caso, que reabrió el debate sobre los delitos de odio y la homofobia, ha dado un giro este miércoles, cuando la Policía Nacional ha acudido al domicilio del joven para tomarle una nueva declaración en comisaría ante las dudas que suscitaba su primera versión.
Había denunciado que el domingo, sobre las cinco de la tarde, ocho encapuchados le acorralaron en el portal de su casa, entre insultos de “asqueroso” y “comemierda” , lo tiraron al suelo, le rajaron el labio y le grabaron con un cuchillo la palabra “maricón” en un glúteo.
Pero ni las imágenes grabadas por las numerosas cámaras instaladas en la zona captaron imágenes de ese grupo ni la policía pudo localizar a testigos entre vecinos y comerciantes.
Según han apuntado a Efe fuentes de la investigación, la Policía Nacional citará ahora a declarar a la persona con la que el joven dice que mantuvo las relaciones sexuales para que corrobore esta versión.
Horas antes, los investigadores avanzaban ya que se barajaba la posibilidad de que los agresores conocieran a la víctima. Los agentes habían revisado el móvil del joven y sus redes sociales para averiguar si alguien de su entorno estaba relacionado con los hechos.
Antes de conocerse la nueva versión de lo sucedido, buena parte del debate político este miércoles ha vuelto a centrarse en la agresión y en el incremento de los delitos de odio, una realidad confirmada por las estadísticas oficiales.
“Los delitos de odio contra el colectivo LGTBI se han incrementado en un 43% en el primer semestre de 2021. Que el árbol no nos impida ver el bosque”, ha pedido la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras conocerse la nueva versión del joven.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en que se pondrán “todos los medios para evitar delitos de odio”: “No habrá otra vez armarios”, ha asegurado en un acto con los parlamentarios socialistas.
“Ni un paso atrás; vamos a seguir avanzando en tolerancia, respeto e integración en la diversidad. Esto quiere España porque es lo que es España. En España no hay lugar contra el odio”, ha recalcado Sánchez, que el viernes tiene previsto presidir la Comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, convocada de urgencia tras conocerse la denuncia de este caso.
También se ha pronunciado el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, quien ha mostrado su preocupación por el aumento de agresiones homófobas y ha instado a toda la sociedad, y especialmente a los poderes públicos, formaciones políticas y medios de comunicación, a “combatir firmemente cualquier mensaje intolerante”.
Similar llamamiento ha hecho la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha pedido enfrentarse a los discursos de odio en todos los ámbitos, desde los bares a los lugares de trabajo, y ha vuelto a señalar a Vox como una de las formaciones políticas están extendiendo ese peligroso discurso.
Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE en el Congreso, Felipe Sicilia, ha pedido al PP que no sólo condene las agresiones homófobas, sino también “los discursos de odio que hace Vox”
Ante las diversas acusaciones, directas o veladas, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha tachado de “miserables, cínicos y desgraciados” a quienes les responsabilizan de las agresiones homófobas y ha sostenido que su formación es la “única” de España que “condena enérgicamente cualquier tipo de ataque”.
Además, ha destacado su apoyo al joven de Velada (Toledo), simpatizante de Vox, que fue víctima de una agresión homófoba también este fin de semana.
Se une esa agresión a la que ha denunciado un joven trans en Valencia tras ser agredido a puñetazos y patadas por un hombre en la madrugada del martes.
Según los últimos datos del Ministerio del Interior, desde principios de año hasta finales de julio se habían registrado en España 748 incidentes susceptibles de ser considerados delitos de odio, la mayoría motivados por racismo o xenofobia.
Basándose en esas estadísticas, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que “no se puede calificar a Madrid como una ciudad homófoba” y ha acusado a la izquierda de señalar constantemente a la capital, cuando Barcelona, con menos población, duplicó el número de agresiones de este tipo en 2019.