El presidente de Derecho a Vivir, Ignacio Arsuaga, ha planteado la necesidad de que sean psiquiatras y no psicólogos los especialistas que acrediten el supuesto de una posible enfermedad mental para poder abortar, y ha rechazado el hecho de que se mantenga el supuesto del aborto de un niño concebido en una violación sexual , puesto que supone “mantener la injusticia de castigar a un inocente por el delito cometido por un tercero”.
Asimismo, ha anunciado que propondrá la obligatoriedad de enseñar una ecografía del niño en el marco del asesoramiento a la mujer contemplado en la nueva ley, a la vez que ha lamentado la falta de ayudas a las embarazadas, asegurando que promoverá una ley de protección de maternidad.
En una rueda de prensa, Arsuaga ha valorado el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la mujer Embarazada, aprobado ayer en Consejo de Ministros, calificándolo como “un paso adelante positivo”.
No obstante, ha criticado algunas medidas que no están incluidas en el anteproyecto y que pretende que sean contempladas durante su tramitación legislativa. En este sentido, ha alertado de que “recuperar el falso argumento” del peligro para la salud de la madre podría suponer “un nuevo coladero” en la ley.
“El embarazo no causa ninguna enfermedad; lo que el Estado debe garantizar es que no se den las circunstancias que, alrededor de un embarazo, provocan una situación difícil para la mujer. Y en el caso de que existan dichas circunstancias, se pongan todos los medios para solventarlas”, ha explicado.
Abortos “fraude”
En esta misma línea, ha alertado del “riesgo” de que los dos médicos que deban acreditar el supuesto riesgo para la madre no pertenezcan al sistema sanitario público, puesto que podrían conllevar “fraudes” a través de acuerdos entre los dos médicos y los centros abortistas.
Derecho a Vivir ha reclamado también al Ministerio de Sanidad que haga públicos los datos de aborto del año 2012, puesto que entiende que se están retrasando o “publicando con opacidad” las cifras oficiales. Arsuaga ha recordado que su asociación seguirá movilizándose durante los próximos meses, “todavía más que hasta ahora”, hasta conseguir una mejora “sustancial” del proyecto.
“El aborto deja de ser un derecho”
En cualquier caso, ha celebrado este paso dado por el Gobierno, resaltando también varios aspectos positivos, a su entender. “Esta nueva ley, desde ya su título (Ley para la protección de la vida del concebido) traslada el debate sobre la ley a sus justos términos. El aborto deja de ser un derecho, y pasa a ser un delito, algo muy negativo, mientras que el concebido se presenta como lo que es: un ser humano cuya vida merece protección”, ha aseverado.
Asimismo, ha destacado también que se disponga la prohibición de publicidad de servicios de aborto, “lo cual es un reconocimiento de que es algo negativo para la sociedad”. En esta misma línea, también ha celebrado que se amplíe el plazo obligatorio para que la mujer sea informada de todas las alternativas al aborto y que quede derogada la parte de imposición educativa contemplada en la ley de 2010.