Como casi todos los acuerdos, el del plan de regeneración que aprobó este martes el Consejo de Ministros se cerró sobre la bocina. Los socios de coalición habían avanzado mucho en las últimas semanas sobre el detalle de las 31 medidas que incluye el texto impulsado por el Gobierno para “reforzar el derecho a la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz”. Pero la negociación encalló a última hora en un punto concreto: la reforma del Código Penal sobre los tipos relacionados con la libertad de expresión y, más concretamente, sobre el de injurias a la corona.
Vieja demanda de la izquierda parlamentaria y línea roja para los de Yolanda Díaz en sus conversaciones con los socialistas para pactar el plan, los equipos de Sumar y del PSOE intercambiaron hasta última hora del lunes documentos con propuestas para pulir una redacción que plantea “abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos”. Por parte del equipo técnico de Sumar llegó a participar de esa redacción el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago.
Para Sumar, el pacto alcanzado no deja lugar a dudas sobre la reforma del tipo penal específico sobre la Jefatura del Estado aunque durante la negociación con el PSOE acabaran admitiendo que no se hiciera referencia expresa a ello en el texto. “Lo que hemos acordado es que los artículos que sean objeto de esa reforma integral son los que se refieren a difamaciones a las instituciones del estado. Para mi, como ministro de Cultura, es una gran satisfacción que forme parte del Plan de Acción para la Democracia. La ciudadanía no hubiera entendido que no fuera así”, valoró Ernest Urtasun en rueda de prensa.
A su lado, el ministro de Justicia prefirió ser más cauto sobre el desarrollo de esa reforma. “La opinión del ministro de Justicia será importante o no pero lo que será realmente importante es el Proyecto de Ley que salga aprobado por el Consejo de Ministros cuando lo hagamos y luego contar con los apoyos parlamentarios suficientes para reformar el Código Penal. La legislación penal española ha de adecuarse a las mejores legislaciones penales de los países de nuestro entorno europeos y también a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, respondió Félix Bolaños tras ser cuestionado expresamente sobre si esa reforma afectada al delito de injurias a la corona.
La reforma del Código Penal para suavizar o derogar delitos más controvertidos relacionados con la libertad de expresión es un debate que resurge de forma periódica. Especialmente, en los grupos que están a la izquierda del PSOE. Tanto Unidas Podemos primero como Sumar esta legislatura han presentado varias iniciativas parlamentarias que no han conseguido aprobarse. Ambas formaciones siempre han defendido su derogación total.
Sin embargo, hasta el momento los socialistas se han mostrado partidarios de reformarlos para castigar únicamente las conductas que supongan “claramente” un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de incidente violento y sin penas de cárcel. Así constaba, por ejemplo, en la iniciativa que planteó en 2021 el Ministerio de Justicia que entonces dirigía Pilar Llop al calor de las protestas a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel tras ser condenado por 64 tuits y una canción en los que criticaba al rey y a la monarquía y censura con expresiones muy duras acciones policiales.
Ahora, el plan del Ejecutivo propone dar a estos delitos “una redacción homologable” a los países del entorno europeo y “atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en materia de difamaciones y su encaje legal”. La realidad es que la doctrina de la Corte de Estrasburgo viene apuntando hacia una interpretación muy restrictiva de este tipo de delitos.
La jurisprudencia del TEDH es que la libertad de expresión no sólo ampara las ideas consideradas como inofensivas o indiferentes, sino que protege especialmente aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población. Las tesis mayoritarias apuntan a que la única posibilidad de una restricción de ese derecho en estos casos es en relación con discursos que supongan una incitación directa a la violencia o que ahonden en la discriminación que ya sufren colectivos vulnerables.
Por ejemplo, Estrasburgo ha pedido en reiteradas sentencias “contención en la vía penal” ante los ultrajes a los símbolos nacionales e instituciones del Estado aludiendo precisamente a la posición “dominante” de las instituciones. Recientemente, sus magistrados revirtieron la condena que el Tribunal Constitucional impuso a un sindicalista que gritó que había que “quemar la puta bandera”. En ese caso, señaló que la contradicción entre libertad de expresión y respeto a los símbolos debe entenderse “en su contexto”. En este caso, en medio de las protestas de una huelga por impago de salarios.
A pesar de las críticas de Europa, en los últimos años se ha producido en España un auge de procedimientos judiciales sobre tipos penales como los ultrajes a los símbolos nacionales, las injurias a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo o los delitos contra los sentimientos religiosos. Son causas que a menudo acaban en archivos, absoluciones o condenas que luego son revocadas, pero que dejan por el camino años de imputaciones para los querellados, con la repercusiones públicas y privadas que eso implica.
Ley mordaza y secretos oficiales
En el plan de regeneración se abordan también otras demandas recurrentes para la izquierda y para la mayoría de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. Después de comprometerse primero a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', y de fracasar en su reforma la pasada legislatura por falta de consenso en el Congreso, el Gobierno plantea ahora cambios “sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Esa declaración de intenciones resulta insuficiente para los socios habituales del Gobierno en el Congreso, que han calificado específicamente este punto como “ridículo”. Son las palabras que ha usado el Partido Nacionalista Vasco para valorar una propuesta de reforma que solo se refiere a un punto, especialmente, sostienen fuentes del grupo, cuando durante la legislatura pasada estuvo a punto de lograrse un acuerdo que desmontaba más del 90% de aquel texto que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para cercenar el derecho de protesta.
En la pasada legislatura se trabajó precisamente sobre un texto de la formación jeltzale para tratar de avanzar en la derogación de la ley. Las negociaciones saltaron por los aires por el choque entre PSOE por un lado y EH Bildu y Esquerra Republicana (ERC) por otro a cuenta de cuatro puntos concretos. Esos dos grupos encuentran los anuncios sobre esa reforma claramente insuficientes.
“No vemos ninguna novedad relevante en los anuncios sobre la reforma de la Ley Mordaza. Es insuficiente. De ser así los artículos más lesivos por los que la reforma no prosperó en la pasada legislatura seguirían intactos, por lo que toca seguir empujando para eliminarlos”, sostienen fuentes de EH Bildu.
ERC, que califica de “pura decepción”, el paquete anunciado por el Gobierno, cree que la reforma de la 'ley mordaza' se basa únicamente en “aplicar una sentencia del Tribunal Constitucional”. “Quedan fuera, en cambio, aspectos fundamentales, como una reforma integral de esta ley, que debe abordar aspectos clave como la prohibición de las balas de goma, la revisión/eliminación de sanciones por faltas de respeto y desobediencia, y las llamadas devoluciones en caliente, que tantas veces hemos reivindicado”, sostienen, en línea con los argumentos que les llevaron el año pasado a votar en contra de la reforma que se tramitaba en el Congreso y que nunca llegó a ver la luz.
Un sabor de boca parecido ha dejado la propuesta del Gobierno para abordar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Histórica demanda de grupos como el PNV o la izquierda del PSOE, el Gobierno defiende en su plan de regeneración que ha llegado la hora de cambiar una ley que data de 1968. “Es difícilmente explicable que España mantenga una ley en una materia tan sensible que es de 1968, creemos que nuestra democracia merece una ley de secretos oficiales que sea contemporánea, que acoja lo mejor de las legislaciones de países de nuestro entorno”, dijo el ministro Bolaños tras el Consejo de Ministros.
El PNV, que califica el conjunto del paquete de “inconcreto” y prefiere esperar a que haya más detalles para hacer una valoración en profundidad, advierte de que una reforma como la que intentó sacar adelante el Gobierno la legislatura pasada sería insuficiente. “Si se basa en el Anteproyecto de 2022, implicaría que los plazos para desclasificar documentos llegarían incluso a doblar los propuestos en la Proposición de Ley del Grupo Vasco que está en trámite en el Congreso”, sostienen fuentes de los nacionalistas.
Una idea que comparten los independentistas vascos. EH Bildu alerta de que, a la espera de conocer más detalles, “en el caso de que suponga recuperar los plazos y la propuesta que hizo el Gobierno hace dos años” no contará con su apoyo.
ERC también critica la falta de detalles sobre esta ley. “Cuando tengamos los textos concretos, nos pronunciaremos medida a medida, pero por ahora lo que hemos visto es una declaración de intenciones y muy tibia. El PSOE haciendo de PSOE. Pura decepción. Veremos cómo se concreta todo en la tramitación parlamentaria, pero lo observamos con preocupación”, sostienen, para lamentar que no se depuren “las cloacas del Estado” con medidas para castigar a los “responsables y ejecutores” de actuaciones ilegales o ilícitas o para separarlos de los cargos susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito.
Los independentistas vascos son algo más optimistas a la hora de valorar el conjunto del paquete de medidas, a excepción de estas dos últimas. Consideran que va en la buena dirección porque incluye algunas de las cuestiones que trasladaron al Gobierno en las reuniones que mantuvieron en verano: “hacer frente a los bulos y a la desinformación, aumentar la transparencia y poner en marcha medidas de apoyo a medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano”.
Mucho más escépticos se han mostrado en Podemos, que advierten de que no apoyarán ningún paquete de regeneración democrática que no incluya una de sus principales peticiones: una ley de medios que ponga fin a la concentración de medios y democratice el espacio radioeléctrico, con un reparto en tres tercios, con un espacio para medios públicos, otro para los privados y otro para medios colectivos.