El 13 de febrero de 2022 se abrirá en Castilla y León un nuevo ciclo electoral que repartirá en año y medio casi todo el poder territorial de España: ayuntamientos, provincias, cabildos, consejos insulares, comunidades autónomas y Gobierno central. Pablo Casado se juega en los test intermedios sus opciones de presentar la batalla en las generales y alcanzar, a la tercera, la Moncloa. La dirección del Partido Popular ha diseñado una estrategia que parte de la premisa de que van a vencer en todos los comicios, tal y como comprometió el secretario general, Teodoro García Egea, el pasado fin de semana. “Os hago un compromiso: A partir de este momento todas las elecciones que se convoquen sea cual sea su ámbito territorial, las va a ganar el PP”, aseguró en su intervención en el Congreso de su partido en Aragón. Y con ese bagaje será con el que Casado se postule ante los españoles para ser elegido presidente.
La idea es cambiar el efecto Ayuso por un nuevo efecto PP. Por el camino, el PP ha decidido aprovechar la debilidad de Ciudadanos, el partido que le permitió mantener cuotas de poder territorial en 2019 pese a la debacle en las urnas, para lanzarle una opa de absorción. Una operación que les está funcionando a tenor de los acontecimientos que se han ido sucediendo a largo de estos meses. Con los de Inés Arrimadas en descomposición, el PP solo podrá recurrir a una palanca: la ultraderecha de Vox.
La idea de apoyarse en los ultras es algo a lo que tampoco pone reparos el PP, a diferencia de lo que plantean sus socios europeos. En su convención nacional de octubre, en la que trató de relanzar su proyecto nacional pese a que el evento resultara eclipsado por su bronca con Isabel Díaz Ayuso por el control del PP de Madrid, Casado se lanzó a por el votante de Vox con un discurso de corte trumpista y muy ideologizado, aunque sin renunciar en ningún momento al apoyo de Santiago Abascal.
Además, es algo que ya han practicado en otros niveles de la administración. Tras las elecciones de mayo de 2019 los Gobiernos de coalición autonómicos y municipales de PP y Ciudadanos han necesitado del apoyo de Vox. Entonces, los votos de la extrema derecha fueron casi gratis. Primero ocurrió en Andalucía, donde Vox logró representación por primera vez. Sus 12 diputados dieron la investidura a Juan Manuel Moreno. Pese a ser imprescindibles sus votos, el Ejecutivo andaluz ha evitado imponer las medidas que reclamaba, como el veto parental. Como respuesta, ha sufrido su castigo y Vox ha tumbado allí los presupuestos regionales poniendo en jaque la legislatura y al Gobierno de coalición, el único que queda vivo entre el PP Ciudadanos, además de la alianza sellada en el Ayuntamiento de Madrid.
La operación se repitió en la Comunidad de Madrid (también en 2021) y en Murcia, donde el presidente, Fernando López Miras, ha salvado este año la moción de censura colocando en su Gobierno a un tránsfuga de la ultraderecha y a varios exdirigentes de la formación de Arrimadas que ya gobernaron con él y traicionaron a su antiguo partido. En Galicia, la mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo se tradujo en que Vox sea extraparlamentario. Y en Castilla y León, la ultraderecha solo obtuvo hace dos años un procurador, lo que les dejó sin opciones de influir en la vida política.
Pero en el nuevo ciclo electoral la situación será diferente, por dos motivos que ya se pudieron observar en las elecciones de Madrid del pasado 4 de mayo. La deriva de Ciudadanos hacia la desintegración electoral parece no tener remedio, al menos hasta ahora, mientras sus dirigentes insisten una y otra vez en que el espacio “liberal y de centro” que representan “es más necesario que nunca”, precisamente para evitar que la extrema derecha ocupe su lugar y conquisten cada vez más poder.
El 4M en Madrid fue el ejemplo palmario de lo que le puede volver a pasar al partido de Arrimadas en un futuro inmediato: tras aquellos comicios bajó del 19,46% de los votos y 26 diputados a un 3,57% y ningún representante. En ese caso Ayuso fue quien recabó la mayoría de los sufragios que escapaban de Ciudadanos, y Vox quedó en unos guarismos muy similares a los de dos años antes. En la formación de Abascal están convencidos de que en 2023 las tornas cambiarán y ya se ven dentro del Ejecutivo regional con Isabel Díaz Ayuso, que no les hace ascos, como se ha demostrado con el pacto presupuestario que acaban de cerrar en la Asamblea de Madrid.
Los sondeos publicados en las últimas semanas pronostican que Ciudadanos seguirá en toda España una estela muy similar a la de Madrid. Sin tener por qué desaparecer en todas las autonomías o ayuntamientos, sus resultados pueden menguar tanto que pueden pasar en muchos casos a la irrelevancia. A Inés Arrimadas, además, se le plantea otro conflicto: ¿volverá a fiarse del PP? En las últimas horas, tanto la presidenta del partido como muchos de sus dirigentes, especialmente el que ha sido vicepresidente de Castilla y León hasta hace apenas una semana, Francisco Igea, han lanzado duros ataques contra Pablo Casado por su estrategia de hundir a Ciudadanos, sin disimulo ni miramientos. Pero el malestar de Arrimadas con Casado, con el que ahora mantiene unas frías relaciones, viene de lejos. Ambos se acusan de “deslealtad y ”traición“ desde antes incluso de la moción de censura en Murcia, cuando el PP decidió atraer a sus filas a la exportavoz en el Senado, Lorena Roldán, después de que Arrimadas la defenestrara como candidata a la Generalitat en las elecciones que Catalunya celebró el pasado mes de febrero. Los dirigentes de los dos partidos reconocen que no se fían ya unos de otros.
“La palabra de Arrimadas no vale absolutamente nada”, sentenció el martes pasado el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, después de que el presidente de Castilla y León Alfonso Fernandez Mañueco echara del Gobierno a los consejeros de Ciudadanos y anunciara elecciones para febrero alegando que sus propios socios preparaban una moción de censura contra él en connivencia con el PSOE (que ya lo intentó una vez, sin éxito y no podría presentar otra hasta marzo). El mismo argumento que ya utilizó Ayuso para hacer la misma maniobra en Madrid contra Ignacio Aguado. Tanto Igea como Arrimadas insistieron en que era “falso”, que todo eran “excusas” y “patrañas” para acabar con su partido. La líder de Ciudadanos fue más lejos y acusó a Casado de utilizar Castilla y León en su propio beneficio y en su particular batalla contra Ayuso, para tapar su victoria en Madrid.
En estas circunstancias, ¿volvería Ciudadanos a dar su apoyo al PP si no sucumbe del todo?. La pregunta se le ha hecho varias veces a Arrimadas, pero la líder de la formación que se autoproclama “liberal” no ha acabado de aclararla, consciente de que ese pacto para ellos sería una tabla de salvación si logran mantenerse mínimamente a flote en algunas comunidades. Claro que sin Ciudadanos, el PP solo podría mirar hacia su derecha, a un Vox cada vez más crecido.
La formación de extrema derecha esta vez está dispuesta a no dejar la oportunidad de gobernar. No lo hizo en 2019 allí donde pudo forzar la entrada en los gobiernos de coalición que cerraron el PP y Ciudadanos alegando que preferían mantenerse en la oposición presionando desde fuera para que se cumplieran algunas de las medidas de su programa electoral. Para ello, firmaron acuerdos puntuales de investidura con el PP mientras Ciudadanos intentaba aparentar que se quedaban al margen de esos pactos, fuera de la foto. Pero ahora no quieren esperar más.
No obstante, en Madrid han dejado pasar la oportunidad ante la aplastante victoria de Ayuso el 4 de mayo pasado. Entonces la dirigente del PP madrileña volvió a necesitar los votos ultras para ser reelegida presidenta. Pero Vox no exigió entrar en el Gobierno como contrapartida. Esta misma semana han decidido dar oxigeno a Ayuso hasta 2023 - cuando volverán a repetirse los comicios- y han apoyado los primeros Presupuestos imponiendo como condición no aceptar ni una sola enmienda de los grupos de izquierda.
Sin salir de Madrid, la actitud de Vox con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, es la opuesta. Los cuatro concejales que comanda Javier Ortega Smith han dado portazo al regidor, y salvo sorpresa de ultima hora, han anunciado que no van a apoyar las cuentas municipales, para desesperación del también portavoz nacional del PP, que ha acusado a sus hasta ahora socios de “traidores”.
Salvado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el resto de regiones Vox defiende que en este ciclo electoral que se abrirá en febrero sí reclamarán ser parte de los gobiernos que apoyen. Para ello Santiago Abascal, animado por las encuestas, entre ellas, la última del CIS, está llamando a rebato a los suyos con el fin de “acabar con el sanchismo”, al considerar que su formación es la única que realmente “defiende a los españoles”. “Solo queda Vox”, suelen repetir los dirigentes de extrema derecha frente al partido de Casado, al que acusan de aliarse con los socialistas cuando les conviene en una reedición del “bipartidismo”.
En el PP sin embargo defienden que pueden gobernar en solitario, como lo ha hecho Ayuso en Madrid, y para eso esgrimen los resultados de las encuestadoras privadas. Pero no todas les dan los resultados que les gustaría. Ni el ecosistema de partidos es el mismo en las primeras regiones que enfrentarán elecciones.
En las ya disueltas Cortes de Castilla y León había nueve partidos representados, con candidaturas propias en varias de sus nueve provincias, como Ávila o León. Para febrero, además, se están organizando nuevas opciones provinciales a toda prisa dentro del plan electoral de la plataforma España Vaciada. Soria Ya! ha anunciado esta misma semana su intención de concurrir, y en Burgos, Palencia o Zamora también se ultiman candidaturas.
Para preparar el terreno por si al final necesita sus votos, incluso meterlos en el Gobierno, el candidato del PP, y aún presidente del Gobierno, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha dicho que no descarta aceptar el apoyo de Vox. Preguntado por la ultraderecha de forma expresa en una entrevista en Abc, respondió: “Me gustaría poder gobernar con una mayoría suficiente, pero creo en el diálogo y el acuerdo con todos”.
En Andalucía también se celebrarán elecciones en 2022, aunque está todavía por determinar la fecha. Como tarde, podrán ser en diciembre. Tampoco en esta comunidad la situación de Ciudadanos es especialmente buena, con una guerra interna en la que se han llegado a filtrar audios del líder y vicepresidente de la Junta, Juan Marín. En la agrupación de Sevilla es donde milita Fran Hervías, con despacho desde hace nueve meses en la sede nacional del PP. Desde allí dirige la operación de absorción de Ciudadanos. Su enfrentamiento con Marín es conocido, pero tampoco se lleva bien con Juan Manuel Moreno, precisamente. Las heridas de la lucha por el control de la dirección provincial del PP de Sevilla, que se decantó del lado de Génova, aún no han cicatrizado.
Para las elecciones andaluzas ahora mismo hay dos opciones en el campo de la derecha. Ciudadanos se podría coaligar en una única candidatura con el PP, o presentarse cada uno en solitario, como ha venido ocurriendo de forma habitual, salvo con la excepción de Navarra y Euskadi. Esta segunda es la opción que ahora mismo defiende la dirección de Arrimadas, pero que supondría la casi desaparición del partido del Parlamento a tenor de lo que dicen las encuestas.
Según el último barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), el PP se aleja de la mayoría absoluta y tampoco lograría su objetivo de reeditar el Gobierno de coalición con Ciudadanos, que sigue en caída libre. Pero podría hacerlo con Vox. El partido de extrema derecha también retrocede en intención de voto por primera vez -pasa del 12,8% al 10,9%- pero se mantiene como tercera fuerza y su resultado permitiría a Moreno conservar el poder, informa Daniel Cela.
Andalucía y Castilla y León serán así el primer test para saber qué hacen el PP y Vox en el próximo ciclo electoral. Dos de las comunidades dirigidas por barones que han optado por ofrecer un perfil moderado a sus votantes, un esfuerzo mayor en el caso de Moreno, que busca consolidarse al frente de una comunidad que jamás había gobernado la derecha. Su equipo se afana en armar un proyecto de centralidad que atraiga a votantes clásicos de la derecha, a los que huyen de Ciudadanos y también a otros más identificados con el PSOE.
¿Cómo afectaría a esta estrategia un Gobierno de coalición del PP y Vox en Castilla y León? Sería, además, la primera experiencia de poder político real de la ultraderecha en España desde hace décadas. ¿Cómo se interpretaría por el electorado de las otras comunidades autónomas, que pondrán sus urnas en 2023? La respuesta llegará en febrero, cuando se resuelva el adelanto electoral de Mañueco, que le ha impedido intentar aprobar sus propios Presupuestos lapidando de paso allí a la formación de Arrimadas, con la que si desaparecen ya no podría pactar. Una jugada arriesgada que se ajusta como un guante a la estrategia diseñada por Pablo Casado.
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