El acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019 suscrito este jueves entre el Gobierno y Unidos Podemos también incluye varias medidas en materia judicial. En concreto, propone “modificar” los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la Corona con el objetivo de “restringir al máximo” la posibilidad de que las “discusiones” sobre estas cuestiones puedan ser perseguibles penalmente.
En el texto se subraya que tanto la Unión Europea como el Consejo de Europa han reiterado que el Derecho Penal no es la herramienta más adecuada para proteger los derechos a la libertad ideológica y las libertades de expresión e información, creación artística o libertad de cátedra pues esta protección “desincentiva claramente la posibilidad de que surja un debate público libre e informado”.
Sánchez e Iglesias también han acordado “revisar en el Código Penal aquellos tipos que tienen una hiperregulacion tras las reformas legislativas introducidas por el PP”. El documento alude expresamente a la reforma del artículo 315 del Código Penal, que establece el delito de coacciones a la huelga y que la Fiscalía ha invocado en varios casos para solicitar penas de cárcel para trabajadores y sindicalistas por su participación en protestas.
Asimismo, el acuerdo entre el Ejecutivo y Unidos Podemos contempla la modificación de algunos de los artículos de la llamada ley Mordaza. Entre otras cuestiones, el pacto prevé blindar el derecho de reunión para que en ningún caso la “ausencia de comunicación previa” impida el ejercicio de este derecho siempre que la movilización en cuestión se desarrolle de forma pacífica. También propone que la identificación y registro corporal por parte de la Policía se acote “estrictamente” a “indicios concretos y comprobables”, en una clara alusión a los controles de identificación por perfil étnico, ilegales según la ONU; o que los agentes porten su identificación de forma “claramente visible” en todo momento.
Por otro lado, establece el ajuste de la cuantía de las sanciones económicas y aplicación del criterio capacidad económica en la individualización de la sanción, la revisión en profundidad de los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, la introducción del paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos aquellos tipos de la ley que lo permitan o la restricción del ejercicio de funciones públicas por parte de empleados de seguridad privada, en especial, las que se realizan en la vía pública. Todas las propuestas relativas a la modificación de la ley Mordaza están contenidas en los trabajos de la ponencia en la Comisión de Interior, realizados en base a una iniciativa registrada por el Partido Nacionalista Vasco.