La Policía Nacional detuvo el pasado mes de julio a un enfermero acusado de almacenar vídeos en los que aparecen al menos dos centenares de mujeres mientras se desnudan para someterse a un examen médico que él practicaba en los campus que la Universidad Carlos III tiene en las localidades madrileñas de Getafe y Leganés, han avanzado a elDiario.es fuentes policiales. El sanitario, cuya identidad responde a las iniciales S. B., es un empleado de una clínica externa, del grupo Quirón, y trabajaba en ambos campus.
El arresto fue consecuencia de la denuncia de la que entonces era su pareja, que había encontrado los vídeos en un ordenador propiedad del enfermero. Los agentes se incautaron del ordenador y encontraron los dos centenares de vídeos en los que aparecían las partes íntimas de las mujeres mientras el citado enfermero les realizaba los reconocimientos médicos.
Desde entonces, el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Aranjuez ha trabajado en localizar a las víctimas para ofrecerles que denuncien y tomarles declaración. Fuentes del caso han explicado a elDiario.es que el enfermero está siendo investigado por un delito contra la intimidad. De la investigación realizada hasta ahora no se desprende que el detenido en julio hubiera subido a Internet o compartido con terceros los citados vídeos, si bien continúan las pesquisas.
La Universidad Carlos III ofrece reconocimientos médicos a todo el personal docente, investigador y de administración a principios de cada año. Para ello, presta una sala de cada campus donde los empleados son sometidos a electrocardiogramas o análisis de sangre. Luego tienen una cita posterior con un médico que realiza otra serie de pruebas. El enfermero detenido en julio habría participado en más de uno de estos reconocimientos médicos anuales, precisan las fuentes consultadas, realizados en dependencias de los campus.
Fuentes oficiales de la Universidad han informado a elDiario.es que la Carlos III se ha personado esta misma mañana “en las diligencias previas” abiertas en un juzgado en calidad de “acusación particular en defensa de los intereses de la comunidad universitaria y en apoyo de las trabajadoras afectadas”. Asimismo, la UC3M ha puesto su servicio jurídico y una eventual asistencia jurídica especializada, de forma gratuita, al servicio de aquellas trabajadoras que lo requieran, precisa el mismo portavoz.
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