El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro (Lugo) ha vuelto a rechazar que grabar imágenes de mujeres orinando en la calle mediante cámaras ocultas y subirlas a páginas web pornográficas sea delito. Defiende que lo ocurrido en las fiestas de A Maruxaina, en la población lucense de San Cibrao, en agosto de 2019 no se puede considerar un delito de descubrimiento y revelación de secretos ni tampoco uno contra la integridad moral. Por ello, ha decidido archivar provisionalmente el caso por segunda vez.
La resolución, fechada a principios de este mes, es la respuesta a los recursos que interpusieron las afectadas contra la primera decisión, comunicada en el mes de marzo, de sobreseer el caso. Los argumentos y la conclusión del juez provocaron entonces la indignación de las mujeres afectadas, que superaron la vergüenza que les provocaba verse en esas imágenes y organizaron una manifestación de protesta. En los vídeos aparecen más de un centenar, varias de ellas menores de edad. En torno a 80 decidieron denunciar.
Las mujeres fueron filmadas mientras estaban de celebración en la fiesta de la Maruxaina, que reúne a miles de personas en la pequeña localidad de San Cibrao, en el muncipio lucense de Cervo. Las imágenes son nítidas, incluso las nocturnas, y están tomadas desde varios ángulos. Las cámaras fueron colocadas de forma que se ven con claridad tanto los genitales como los rostros de las mujeres que orinaron en un callejón ante la escasez de baños públicos. En los cortes subidos a páginas porno, algunas de ellas de pago, no aparece ningún hombre.
En el auto el juez, Pablo Muñoz, argumenta que no se puede considerar que exista delito porque las imágenes se tomaron en un espacio público y no en uno cerrado. Cita otras resoluciones de las audiencias provinciales de Pontevedra, Sevilla y Jaén, que inciden en que los hechos de este tipo ocurridos en la vía pública deben tener una respuesta fuera del ámbito penal.
Rechaza también el delito contra la integridad moral y cita para ello jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo define como el trato que puede “crear en las víctimas sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad, susceptibles de humillarlas, de envilecerlas y de quebrantar en su caso su resistencia física y moral”. En el caso de A Maruxaina, señala, “no se aprecia” que la intención sea esta.
La Asociación de Mulleres en Igualdade de Burela, que está apoyando a las afectadas en el proceso judicial, ya ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Lugo. Su presidenta, Mary Fraga, argumenta que el acto fue “premeditado” por la colocación de las cámaras, con ángulos específicos y sensores de movimiento. Una de las afectadas, Paloma Maseda, explicó a este periódico que el callejón en el que fueron grabadas es un espacio pequeño, en el que suele haber coches aparcados y que ofrece rincones que no son visibles desde la calle principal.