En el Congreso de los Diputados, se habló este martes de ETA. No fue como todos los demás días del año en que sale el tema de ETA con frecuencia en relación a cualquier otro asunto, sean los presupuestos, la reforma laboral o el desempleo. El terrorismo no era la guarnición del plato principal ni la especia que le da picante. Esta vez se habló de la organización terrorista, que desapareció hace diez años, porque la proposición de ley a debate tenía que ver con ETA. Por tanto, era casi un acontecimiento. No una cuestión de simple filibusterismo político.
Ciudadanos había presentado una proposición de ley de “Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo”. Su diputado Guillermo Díaz afirmó que “esta ley impide que se pueda borrar el pasado”. Eso es algo que ocurre en las dictaduras. Cualquiera diría que España no lo es ahora y, en segundo lugar, que es muy posible que ya exista legislación en España sobre el apoyo que merecen esas víctimas. Efectivamente, esa ley existe.
Lo que había ocurrido es que Cs quería promover una ley que convierta en imposibles los homenajes a los presos etarras cuando salen de prisión tras cumplir su pena. Hasta ahora, eran la ley y ciertos derechos que aparecen en la Constitución los que impedían una propuesta como la de Ciudadanos. Entre otras cosas, porque no se puede perseguir un delito antes de que se produzca. A partir de este lunes, también la realidad, aunque no siempre esto último impide a los partidos presentar iniciativas en el Parlamento.
El colectivo de presos de ETA anunció el lunes que se pondrá fin al recibimiento en público de los que salgan de prisión. Esos homenajes personales que, para partidos como el PP, Vox y Cs, suponían delitos de enaltecimiento del terrorismo, pero no para la justicia, se harán “de modo privado y discreto”. El motivo reside en las críticas realizadas por las víctimas: “Hay personas que han expresado honestamente que sienten dolor con los 'ongi etorri' públicos”.
Un motivo añadido pero no expuesto es la presión ejercida por EH Bildu y Sortu para que esos homenajes no se convirtieran en actos públicos. Se habían resignado a ellos durante un tiempo como válvula de escape para aquellos sectores de la izquierda abertzale –minoritarios pero influyentes– descontentos con el hecho de que el fin de ETA no había supuesto mejoras inmediatas para los presos. El debate interno avanzó hasta el punto en que se produjo la desconvocatoria de la manifestación organizada en apoyo a Henri Parot en septiembre, además de la declaración de Aiete leída por Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez.
Los partidos de derecha exigían que no se celebraran más de estos homenajes. Su reacción ante el comunicado del lunes fue restar toda importancia al anuncio de lo que estaban pidiendo. Incluso indignarse. Deberían haberse sentido satisfechos, pero esta es una situación que no es la primera vez que se produce. Antes se exigía a ETA o a la izquierda abertzale que diera determinado paso. Cuando se producía, se olvidaba de inmediato y se planteaba otra reclamación. Y así sucesivamente.
Según dijo Guillermo Díaz en el Congreso, es “el colmo de la miseria” que alguien “haya llamado a los asesinos” para que no haya homenajes. Dio a entender que fueron los socialistas, aunque no facilitó ninguna prueba. En teoría, debería estar contento por que se haya puesto fin a unos actos que considera deplorables. Pues no, está aún más enfurecido. “Ese comunicado es una engañifa”, dijo Jaime Miguel Mateu, hijo y hermano de víctimas de ETA. “No nos lo creemos”. Será fácil comprobar si se cumple en el futuro.
Su jefe había puesto el listón mucho más alto, que es una forma de cubrirse las espaldas. Pablo Casado dijo que “los 'ongi etorri' no pueden ser ni en público ni en privado”. Y ahora dile a un juez que se puede prohibir a un preso que sale de la cárcel que reciba a sus amigos en su casa o que cene con ellos en un restaurante. En nombre de la libertad, desde luego.
La cuestión legal quedó bastante clara con la decisión del juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional, que recibió la petición de prohibir la manifestación en honor a Parot. La rechazó porque “a la jurisdicción penal compete sólo la persecución y castigo de los hechos ilícitos penales una vez que estos se han producido; actúa ex post, no ex ante, pues carece de competencias preventivas”.
En su momento, quedaba la posibilidad de que la prohibición partiera de la Delegación del Gobierno, pero a su vez esta podría haber sido recurrida ante los tribunales donde hubiera recibido la misma respuesta. Patxi López lo comentó en el pleno al recordar que en la época del PP el delegado “se hartó de ir a los tribunales” con ese objetivo y tuvo “un éxito cero”. Si bien dijo que los recibimientos a presos etarras eran “una humillación a las víctimas y la sociedad”, el exlehendakari también apuntó que el comunicado de los presos era una buena noticia y que suponía “una victoria para las víctimas”.
Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, leyó varios párrafos de ese comunicado y de la declaración de Aiete. Hizo hincapié en la frase de esta última que decía a las víctimas de ETA: “Queremos transmitirles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido”. Después se levantó del escaño Edmundo Bal, de Cs, para exigir que se borraran del diario de sesiones “las palabras de ETA”. Bal pretendía que se censuraran frases que han aparecido en todos los medios de comunicación. La presidenta de la Cámara no le hizo ni caso.
La proposición de Ciudadanos fue rechazada con los votos de los partidos que sustentan al Gobierno. Los partidos que la apoyaron contaban con eso. Su objetivo es denunciar cada día que los cinco votos de los diputados de Bildu apoyan las leyes promovidas por el Gobierno. Para ellos, la misma presencia de los diputados de EH Bildu en la Cámara es un acto de enaltecimiento del terrorismo. Han extendido tanto este último concepto que ya lo abarca todo. Ni siquiera la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo coincidían con sus puntos de vista sobre los homenajes a los presos. No importa. Todos son ETA, menos ellos, porque no pueden vivir sin ETA.