Los sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil han vuelto a reunirse para coordinar acciones de protesta contra el Gobierno en el presente año electoral. En esta ocasión participó en la reunión el diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Daniel Portero, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del encuentro. La convocatoria de la reunión respondía a la “unidad de acción” en las movilizaciones contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que tramita el Congreso. A este respecto se ha referido Portero en su intervención, quien ha advertido a los presentes que la ponencia finaliza esta semana y que en febrero se discutirá en el pleno del Congreso.
Este hecho ha sido uno de los puntos principales del encuentro, ya que el sindicato policial mayoritario, Jupol, y su espejo en la Guardia Civil, Jucil –ambas proceden de Jusapol–, proponen una movilización en la calle en las próximas semanas a imagen y semejanza de la que organizaron con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos en noviembre de 2021. Aquella convocatoria, que incluía tergiversaciones de las enmiendas que PSOE y Unidas Podemos habían acordado a la reforma propuesta por el PNV, resultó un éxito de asistencia. En esta ocasión, Jusapol no ha logrado el respaldo necesario para una convocatoria inmediata de manifestación.
El diputado autonómico del PP Daniel Portero ha lamentado ante los uniformados que el Gobierno y “sus socios” no permitan a los agentes comparecer en la comisión que aborda la reforma legal, pese a que afecta a su labor diaria, según dijo ante ellos.
Las fuentes consultadas señalan que Portero reveló la estrategia de su partido, para la que reclamó apoyo a policías y guardias civiles: que las distintas formaciones de la oposición presenten enmiendas en el trámite del Senado de tal forma que el texto vuelva al Congreso y se produzca un retraso que alcance a las próximas elecciones generales, previstas para diciembre, y un eventual cambio de Gobierno frene la reforma en marcha.
elDiario.es ha solicitado la versión de Portero, quien ha asegurado que su participación en la reunión responde a su presidencia de la asociación Dignidad y Justicia y no a su puesto como diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Portero ha declarado que su asociación, dedicada principalmente a presentar querellas por presuntos delitos de terrorismo, ya formó parte de la plataforma que apoyó la protesta de noviembre de 2021.
Según Daniel Portero, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana provocará que no se pueda castigar el “terrorismo de baja intensidad” como pintadas a favor de ETA –la organización terrorista desaparecida hace una década– o los que ha denominado “actos de kale borroka cometidos por personas sin antecedentes”. Portero ha sido el único representante ajeno a asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas de Seguridad que ha participado en el encuentro, confirman varias fuentes presentes en el mismo.
Convocatoria tras la reunión en Génova
La anterior reunión de policías y guardias civiles para acordar protestas en la calle se celebró el 14 de diciembre en una sala de la sede nacional del Partido Popular, después de que sindicatos y asociaciones mantuvieran un encuentro con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La publicación por parte de elDiario.es, una semana más tarde, de la reunión celebrada en Génova provocó que algunas asociaciones se replantearan la convocatoria inmediata de una manifestación. Pero Portero asegura en conversación con este diario que ni siquiera conocía que se hubiera producido esa primera reunión.
En el encuentro de este martes se ha producido un enfrentamiento verbal entre el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, y el representante de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, en el que ha tratado de mediar el diputado autonómico del PP. El representante de AUGC expresó su rechazo a que la convocatoria sea monopolizada por los partidos políticos, como a su juicio pasó con la anterior manifestación. AUGC cree que la manifestación es “el último recurso”, según expresó su representante.
En esta ocasión, la reunión se ha celebrado en un salón de la Asociación de Huérfanos de la Guardia Civil, una organización vinculada al instituto armado, que preside un general según marcan sus estatutos, y que ofrece sus instalaciones a asociados y organizaciones del Cuerpo de acuerdo a unas tarifas establecidas. Un portavoz de Jucil ha confirmado que fue esta asociación quien reservó la instalación y quien abonará la factura.