¿Se puede estar al servicio de los ciudadanos si al representante político se le rebaja el sueldo a la mitad y necesita buscar ingresos al margen de su labor pública? Esto es lo que está pasando en Castilla-La Mancha, comunidad presidida por la política mejor pagada de España, María Dolores de Cospedal, quien acaba de declarar que en 2011 ingresó 158.388 euros netos aunque esta declaración de bienes ofrezca algunas dudas.
El viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, José Molina, ha explicado en la Ser que desde este martes se reincorpora al colegio público en el que era profesor de Ciencias y Matemáticas, a 12 kilómetros de Albacete, es decir, a 270 kilómetros de las Cortes regionales, en Toledo: “Ir a Toledo y venir son 5-6 horas, por lo que no me dedicaré bien ni a la escuela ni al Parlamento. Se elimina el poder Legislativo: hay aquí una intención de reducir la tarea de la oposición y un regreso a los diputados esponsorizados”.
De la medida quedan excluidos siete de los 49 diputados: el presidente del Parlamento, Vicente Tirado; la vicepresidenta primera, Cesárea Arnedo; el vicepresidente segundo, Jesús Fernández Vaquero; la secretaria primera, Inmaculada López, y la secretaria segunda, Blanca Fernández, como integrantes de la Mesa de las Cortes.
Tampoco ven reducido su remuneración los portavoces del Grupo Popular, Francisco Cañizares, y del Grupo Socialista, José Luis Martínez Guijarro. Ellos, como los cinco anteriores, continúan con dedicación exclusiva.
Los 42 diputados que se quedan sin sueldo reciben una indemnización fija de 955 euros, a la que se suma la dieta que cobrarán por asistencia a comisiones y plenos, de 150 euros. Los diputados sólo podrán cobrar una dieta por día y en ese recuento no contabilizarán los entre tres y cuatro plenos especiales que se celebran al año, como el del Día de la Discapacidad o el del Niño.
Si un diputado tenía un salario bruto mensual de 3.658 euros, con el nuevo sistema cobrará una media de 1.555 euros, ya que las Cortes suelen celebrar una media de dos plenos y dos comisiones al mes. Es decir, ocho veces menos que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, quien en 2011 ganó 88.897 euros netos como secretaria general del PP, 31.775 euros del Senado, 36.082 como presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha y 1.634 por trienios como abogada del Estado.
La cantidad puede variar porque en el Parlamento hay tres meses inhábiles -enero, julio y agosto- y algún mes se celebran más plenos o comisiones. El diputado que además sea presidente de una Comisión recibirá una indemnización mayor, ya que a los 955 euros fijos se le sumarán 295 euros más.
Los parlamentarios también continuarán con una cantidad para gastos de teléfono, que se reduce de 150 euros mensuales a 100.
A las dietas se les aplica la retención del IRPF que corresponda y los diputados ya no cobran desplazamientos cuando se produzcan dentro de su circunscripción. La compensación seguirá siendo de 0,20 euros por kilómetro recorrido.
En las Cortes hay nueve alcaldes -ocho del PP y uno del PSOE- entre los 49 diputados, que podrían volver a cobrar de las arcas municipales tal y como ya ha decidido el regidor de Seseña (Toledo), Carlos Velázquez (PP), que recibirá unos 40.000 euros anuales.
El PP tiene como alcaldes también a Vicente Giménez (Salvacañete), José Manuel Latre (Sigüenza), Antonio Martínez (Mahora), quien ha anunciado su intención de cobrar del consistorio, Pilar Martínez (Villalpardo), Adela de la Torre (Brihuega) y José Manuel Tortosa (Las Pedroñeras). Cesárea Arnedo, aunque es alcaldesa de Alpera, es miembro de la Mesa y no le afecta la medida. En las filas socialistas el único alcalde es Francisco López (Campillo de Altobuey).
La iniciativa nació en septiembre de 2012, cuando De Cospedal argumentó estar en tiempos de “austeridad” en los que hay que “hacer más con menos” y “dignificar la actuación y el papel de la clase política”. Eso sí, mantiene 67 millones para altos cargos de su Gobierno.
Los servicios jurídicos del PSOE de Castilla-La Mancha están ultimando el recurso al Tribunal Constitucional, según ha explicado la diputada socialista autonómica por Toledo Milagros Tolón, quien ha insistido en que el “único objetivo” es mermar el control de la oposición, ya que no se dispondrá del suficiente tiempo al tener que compatibilizar su tarea parlamentaria con otros empleos. Además, los socialistas “agotarán” la vía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) y la del Tribunal de Estrasburgo.