La ley de libertad sexual, la primera medida que el Ministerio de Igualdad pretende llevar al Consejo de Ministros, ha desatado discrepancias en el Gobierno de coalición. La principal discrepancia es si el Ejecutivo debe incluir la reforma de los delitos sexuales en esta ley –el llamado “solo sí es sí”–, como defiende Igualdad y mantiene el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos, o cuando se produzca la modificación integral del Código Penal, que entre otras cuestiones revisará las condenas por sedición, un extremo que sostiene la vicepresidencia de Carmen Calvo.
El objetivo es que los delitos sexuales sean regulados en base a la existencia o no de consentimiento y no a si existe violencia o intimidación, como ocurre actualmente. El texto de la Ley de Libertad Sexual, adelantada por eldiario.es aún en su fase de borrador, incluye a día de hoy esta modificación, que acaba con la diferencia entre agresión y abuso sexual y propone un único delito de agresión con agravantes como la violación en pareja o el uso de fármacos para anular la voluntad de la víctima.
Fuentes de la negociación aluden a que esta situación de discrepancia ha conducido al “bloqueo” de la norma que Irene Montero calificó de “absolutísima prioridad” y aluden a que el Ministerio de Justicia tiene el texto encima de la mesa “desde hace semanas”. Por su parte, fuentes del departamento dirigido por Juan Carlos Campo y de la vicepresidencia primera del Gobierno rebajan el nivel del conflicto y aseguran que es normal que las leyes pasen por los distintos departamentos del Ejecutivo para examinar las cuestiones técnicas de los proyectos legislativos. “Se está trabajando conjuntamente para mejorar el proyecto”, expresan en Justicia.
Al quedar patente el descontento de la parte de Unidas Podemos en el Gobierno ante lo que consideran que es un “bloqueo” que puede demorar la ley, la Secretaría de Estado de Comunicación ha emitido un mensaje a los medios en el que asegura “la Ley de Libertad Sexual tiene un consenso total en el gobierno de coalición. Es un proyecto legislativo ilusionante, que estará listo en los plazos previsto y enviará un mensaje claro de compromiso del gobierno con la igualdad de cara al 8 de marzo”. Ese comunicado se ha enviado tras el primer encuentro de la mesa permanente de seguimiento del pacto. Fuentes de la vicepresidencia primera habían asegurado que en esa reunión se abordaría el asunto.
Pedro Sánchez se ha referido al tema en Bruselas, adonde ha acudido a un Consejo Europeo Extraordinario. “Las dos fuerzas políticas coincidimos en que tenemos que hacer una modificación del Código Penal para garantizar una mayor seguridad en las agresiones que sufren un porcentaje no menor de las mujeres en España”. En cuanto a los plazos, que están en el centro de la tensión entre ambas formaciones, Sánchez sostuvo que la ley iría al Consejo de Ministros “cuanto antes”. Pero no quiso ser taxativo: “Esperamos llegar a tiempo, pero mas allá de la fecha, vamos a situar la legislación en la vanguardia de la defensa de las mujeres”, aseguró.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias acordaron que esa normativa se apruebe en el Consejo de Ministros previo al Día de la Mujer Trabajadora. También en la reunión informal del gabinete en Quintos de Mora –convocada para planificar la actividad legislativa del Ejecutivo– se concluyó que el proyecto vería la luz el 3 de marzo. La preocupación en Unidas Podemos es que lo que califican de “bloqueo” en Justicia provoque una demora.
Al finalizar el pleno en el Congreso, Carmen Calvo y Pablo Iglesias han conversado. La vicepresidenta primera ha asegurado ante los periodistas que no hay conflictos en el seno del Gobierno. Iglesias, por su parte, ha afirmado: “Somos un Gobierno unido y las diferencias se resuelven a puerta cerrada. España va a ver un Gobierno unido”. El vicepresidente segundo se refería a la advertencia que envió Unidas Podemos al Ministerio de Interior a propósito de la política migratoria. La discrepancia se solventó entonces con un comunicado enviado por Moncloa a última hora del miércoles. Sin embargo, sí existe una discrepancia entre distintos sectores del Gobierno en cuanto a cómo acometer la tipificación.
Una de las patas del acuerdo
La ministra de Igualdad, Irene Montero, dejó claro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del martes que sería el proyecto de ley de libertades sexuales el que incluiría la reforma del Código Penal, tal y como se mantiene en el borrador elaborado por su ministerio. Sin embargo, hasta entonces el Gobierno, a través de la portavoz María Jesús Montero, había defendido que fuera en la reforma integral del Código Penal donde se abordara.
“Para nosotros es fundamental reabrir, impulsar un debate sobre el Código Penal [...] y tener la capacidad de ver cuál es la tipificación de esos delitos que mejor se ajusta a esta nueva realidad social. Así que tendremos una revisión del Código Penal abarcando a todos los capítulos y todas las iniciativas que se recogían en ese acuerdo de progreso”, expresó la portavoz el 21 de enero. “No se puede estar abriendo y cerrando el Código Penal”, insistían entonces fuentes de la vicepresidencia primera.
Esta modificación es una de las patas del acuerdo firmado por el PSOE y Unidas Podemos de cara al Gobierno de coalición, que la incluye bajo el epígrafe “blindar el solo sí es sí”. En él, se explicita que la reforma del Código Penal para cumplir con el Convenio de Estambul, que obliga a que el eje de los delitos sexuales sea el consentimiento, se hará “en el marco de esta ley”, es decir, en la Ley de protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales. Se trata de una norma amplia al estilo de la Ley Integral contra la Violencia de Género en el seno de la pareja o expareja, aprobada en 2004, que también incluyó en su momento una reforma del Código Penal sobre los delitos de maltrato en el ámbito familiar.
Qué es la ley de libertad sexual
La ley integral de protección de las libertades sexuales equipara a las víctimas de agresiones sexuales a las de violencia de género y diseña todo un abanico de medidas de prevención, atención y reparación en todos los ámbitos. Prevé que los delitos sexuales se resuelvan en juzgados especializados que cuenten con personal formado para este fin y fija una serie de medidas en el ámbito penal para evitar la revictimización de las mujeres.
Además, exige a las Administraciones Públicas que pongan en marcha una red de centros de atención integral a las mujeres, que actualmente son escasos y dependen de cada comunidad autónoma. El enfoque de la ley es que las agresiones sexuales son una forma de violencia machista y un “problema estructural” que afecta de forma “desproporcionada y específica” a las mujeres.