La discriminación y la criminalización de los campesinos impulsaron el juicio contra once de ellos acusados de la masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron 17 personas y que llevó a la destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, dijeron hoy los abogados defensores en sus alegatos finales.
En el juicio están acusados once campesinos en relación con la muerte de seis policías durante un tiroteo originado el 15 de junio de 2012, cuando varios centenares de agentes especializados acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban una finca del distrito de Curuguaty (este) para pedir que se integrase en la reforma agraria.
Varios centenares de personas marcharon anoche hasta el Palacio de Justicia de Asunción con velas y antorchas para pedir la absolución de los once procesados, para quienes la Fiscalía pide penas de entre 5 y 30 años de prisión por los presuntos delitos de asociación criminal, invasión de inmueble ajeno y homicidio doloso.
Mientras, no hay ningún imputado por la muerte de once campesinos durante la masacre.
El abogado defensor Pablo Darío Aguayo tildó este jueves de “montaje judicial” al proceso contra los campesinos, debido a que la Fiscalía se limitó a investigar las muertes de los policías, pero no las de los campesinos, lo que calificó de discriminación.
Detalló que este trato se evidenció desde el momento mismo del traslado de los cadáveres de los 17 fallecidos a Asunción para ser sometidos a pericias.
Los seis policías muertos fueron llevados en avión hasta la capital, mientras que los campesinos fallecidos fueron transportados “tirados en un camión para el traslado de soja”, según expuso en el juicio.
Una vez en Asunción, no se realizaron autopsias a ninguno de los cuerpos, según declararon en el juicio los médicos forenses encargados, mientras que las placas radiográficas realizadas a los policías se extraviaron, según la Fiscalía.
“Este proceso es un montaje judicial. El Ministerio Público realizó una investigación unidireccional, actuó bajo presión de poderes políticos, violentó descaradamente el Código Procesal Penal en el manejo de las pericias, ocultó evidencias, y ante la falta de pruebas realizó un alegato político”, subrayó Aguayo.
La defensa repudió el carácter político de la argumentación de los fiscales, que en sus alegatos aludieron a la lectura de textos de Vladimir Lenin, León Trotsky o Ernesto Guevara como elementos para fundar la inculpación contra Rubén Villalba, dirigente campesino acusado en el caso y para quien la Fiscalía reclama 30 años de prisión y diez de medidas de seguridad adicionales, recordó a Efe el abogado Marcos Shirakawa.
Los defensores también rechazan los intentos de “criminalización” de las organizaciones campesinas, después de que los fiscales pidieran en sus alegatos dar un “castigo ejemplar” a los labriegos que reclamasen el acceso a la tierra por medio de la ocupación.
La Federación Nacional Campesina (FNC) calcula que cerca de 300.000 campesinos carecen de terrenos para cultivar en Paraguay, uno de los países del mundo con mayor desigualdad en la posesión de tierras, donde menos del 3 % de la población es dueña de cerca del 85 % de la tierra, según datos de la ONG Oxfam.
Según la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, desde 1989, año de la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, han sido asesinados o han desaparecido al menos 117 dirigentes campesinos, crímenes que no han sido esclarecidos.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un proceso que organismos internacionales como Unasur o Mercosur tildaron de irregular.