Estados Unidos ha publicado este martes el informe sobre la situación de los Derechos Humanos a nivel mundial que elabora anualmente. El documento, elaborado por el Departamento de Estado estadounidense, está basado en declaraciones y denuncias de colectivos profesionales y organizaciones sociales. En lo referente a España, la diplomacia norteamericana aclara que durante el año 2020 no se han detectado reportes “de abusos importantes” de derechos esenciales, aunque sí pone el foco en que la corrupción “es un problema en el país”.
A pesar de que los redactores del texto aseguran que esta práctica “cruza las fronteras partidistas, regionales y municipales”, solo citan la investigación judicial de la financiación de Podemos y no aluden a ninguno de los casos en los que están implicados miembros del Partido Popular. Se detienen también en los ataques que reciben los medios de comunicación por parte de Vox y de miembros del Gobierno.
El informe hace referencia a la acusación que se produjo en agosto contra los líderes de Podemos por una “presunta malversación de fondos públicos y malversación de fondos relacionados con la financiación de las renovaciones de su sede y los contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019”.
En el texto citan que esta investigación se inició por el testimonio de los ex abogados del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmena. La diplomacia de EEUU llega a explicar que los letrados aseguraron que “Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa pantalla utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y supuestamente para pagar comisiones al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero”.
El 'caso Neurona' tenía muchas líneas de investigación pero varias se han ido cerrando conforme ha ido avanzando la instrucción. A día se hoy sigue abierta una causa por el contrato con Neurona para las generales de 2019, que los investigadores sospechan que pudo ser simulado para desviar dinero de la subvención electoral; y las pesquisas sobre la llamada ‘caja de solidaridad’, que el juez cerró pero la Audiencia Provincial le obligó a reabrir. Las investigaciones sobre la reforma de la sede y los supuestos sobresueldos estás archivadas, por ahora.
Sin menciones a Kitchen o Gürtel
Llama la atención que EEUU no se haya detenido en mencionar casos de corrupción que también están en el juzgado, como la Operación Kitchen o la trama Gürtel, protagonizados por miembros del Partido Popular. Desde 2018 la Audiencia Nacional investiga la “operación parapolicial” con fondos reservados que supuestamente montó el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para hacerse con documentación comprometida que tenía en su poder Luis Bárcenas. 2020 supuso un punto de inflexión en estas pesquisas, con las imputaciones del que fuera ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su ex número dos, Francisco Martínez. La investigación ha revelado que se cumplió con el “objetivo marcado”, que no era otro que “apoderarse” de las pruebas que el extesorero tenía en su poder sobre la financiación irregular del partido para que no llegaran a la Justicia e incluso un informe policial señala que Rajoy tuvo “conocimiento” del espionaje.
También en 2020, concretamente el 14 de octubre, el Tribunal Supremo ratificó la condena al PP por lucrarse con la trama Gürtel y confirmó la existencia de una financiación irregular en el partido conservador durante dos décadas. Meses antes, en febrero, la Audiencia Nacional había señalado la fecha del juicio de otra de las derivadas del caso Gürtel: la relativa al pago con dinero negro de la reforma de Génova. La vista se ciñe a este episodio porque esas obras se alargaron hasta 2008, al último de los años de contabilidad recogidos en los ‘papeles de Bárcenas’ que no ha prescrito.
En 2020 la Audiencia Nacional también reactivó otras de las líneas de investigación abierta a raíz del caso Gürtel, la que indaga en la vinculación entre las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el PP y las anotaciones en los papeles de Bárcenas, que recogen 4,8 millones de supuestos pagos de empresarios al partido entre 2000 y 2009. Los jueces José de la Mata y Santiago Pedraz han puesto la lupa en los últimos meses sobre adjudicaciones a los empresarios Rafael Palencia y Alfonso García-Pozuelo, que aparecen como donantes irregulares del PP en los 'papeles de Bárcenas'.
Ataques a la prensa
Otro de los puntos que analizan en el informe de EEUU, compilando las denuncias y quejas publicadas por colectivos profesionales, son los ataques a la libertad de prensa. En él se detalla que han existido “varios informes” sobre “ataques verbales de miembros del Ejecutivo a determinados medios de comunicación y a periodistas específicos”. Entre los casos citados, incluyen que el 1 de marzo de 2020 el presidente, Pedro Sánchez, acusó a los medios “conservadores” de “agitar a la sociedad” cada vez que “los conservadores pierden una elección”, y el exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesia afirmó que la prensa crítica con el Ejecutivo había “ofendido la dignidad del periodismo”.
También en el mes de marzo, detalla el documento, Iglesias “amenazó con enviar a prisión a un periodista por publicar información comprometedora sobre su partido, especialmente sobre su financiación, unas declaraciones que fueron inmediatamente condenadas por la Asociación de Prensa de Madrid”.
Entre las denuncias públicas recogidas, EEUU destaca que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha lamentado que el secretario general de Podemos y su portavoz en el Congreso Pablo Echenique intenten “coaccionar e intimidar' a los periodistas para prevenir que ejerzan libremente su profesión”. El texto publicado cita un tuit escrito por Echenique en el que se “atacaba la profesionalidad de un presentador de televisión”. De esta forma alude a una publicación en la que Echenique cargaba contra el informador Vicente Vallés. “Reporteros Sin Fronteras [RSF] también pidió a la dirección del partido Podemos y a todos los partidos políticos que respeten la libertad de prensa”, recoge el informe, recordando el comunicado emitido en julio por RSF en el que solicitaban a los políticos de la formación liderada por Iglesias “que demuestren nivel y no caigan en la descalificación fácil del periodista”.
“La organización comparte que los periodistas son interpelables y criticables, pero lamenta que esta libertad para interactuar con profesionales de los medios se reduzca, como sucedió en el caso de Pablo Echenique con Vicente Vallés, a mensajes ramplones e irrespetuosos, más dirigidos a agitar a los seguidores en las redes sociales, que a establecer una crítica razonada”, recogía el comunicado de RSF, que extendió su petición “a políticos de todos los partidos”.
El informe de EEUU también cita las críticas de RSF por los “repetidos ataques contra los medios de comunicación por parte del partido Vox”, que han llegado a provocar “agresiones verbales y físicas a los reporteros durante las protestas en todo el país de mayo contra las políticas gubernamentales aprobadas para combatir la pandemia”. Para ejemplificar estos ataques, continúan utilizando información aportada por el colectivo en defensa de la libertad de prensa que relató cómo “varias personas agredieron a un fotógrafo que cubría una protesta en Madrid, arrojaron su cámara al suelo y rasgaron su camisa”. Ese mismo colectivo — continúa exponiendo el Departamento de Estado — también ha expresado su preocupación por “el acoso en línea de Vox a periodistas críticos y verificadores de hechos”, mientras que ha condenado al partido por “prohibir a algunos medios de comunicación asistir a sus conferencias de prensa y eventos electorales”, recoge el informe.
En relación a la libertad de información, este documento también recoge las quejas de “asociaciones de periodistas” que criticaron el modelo de ruedas de prensa durante el estado de alarma, en el que se enviaban por escrito las preguntas a los departamentos de comunicación de los ministerios y se impedía de esta forma “entablar un diálogo directo con los miembros del gobierno”. Este procedimiento estuvo funcionando hasta el mes de abril, como citan los redactores de este texto. Otro de los casos que se cita es una advertencia de la Federación Internacional de Periodistas sobre “el aumento de los casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Catalunya”, que ha convertido a esa autonomía en un “territorio peligroso” para los periodistas.
Sobre la libertad de expresión, el Departamento de Estado de EEUU recuerda que en el mes de julio Amnistía Internacional solicitó al Gobierno la derogación de la criminalización del enaltecimiento del terrorismo, los insultos a la corona y las ofensa a los “sentimientos religiosos”. Asimismo, en relación con este tema, cita la decisión del Tribunal Constitucional que anuló la condena impuesta al líder del grupo de rap-metal Def con Dos, César Strawberry, por seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno en el franquismo.
Aborda el conflicto catalán
Por último, en el informe que ha presentado este martes el secretario de Estado, Antony Blinken, se aborda la situación de los detenidos en Cataluña, para recordar que en marzo de 2020 el relator especial de la ONU para las cuestiones de las minorías expresó su preocupación por las restricciones y los cargos penales contra los políticos catalanes y los activistas de la sociedad civil que participaron en el “referéndum” de octubre de 2017.
También el documento rescata las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, que aseguraba que “las prolongadas detenciones y las posteriores condenas” de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, así como de los demás dirigentes políticos catalanes encarcelados, “tenían como objetivo intimidarlos por sus opiniones políticas”. Este mismo grupo de trabajo de Naciones Unidas recomendó en julio “liberar a siete de los nueve presos independentistas catalanes condenados por sedición”.
El informe también recoge que las condiciones de las prisiones y los centros de detención plantean “preocupaciones sobre los Derechos Humanos”, entre los casos citados recuerda que varias organizaciones en defensa de los Derechos Humanos han alertado sobre el “hacinamiento extremo en algunos centros de detención temporal de migrantes debido en parte a la pandemia de COVID-19”.