La sentencia que apartará de forma definitiva a Elpidio José Silva de la carrera judicial o le permitirá regresar a un Juzgado sufre un inesperado retraso. Los jueces esperaban dictar el fallo antes de que comenzaran las vacaciones de agosto, pero el mes de septiembre finalizará previsiblemente sin que haya sentencia.
Fuentes del tribunal han explicado a eldiario.es que se trata de un fallo complejo en lo que a la acusación de prevaricación se refiere, ya que se atribuyen doce decisiones susceptibles de incurrir ese delito al juez Silva y deben analizarse una a una. Además, alegan la dificultad para compaginar una gran carga de trabajo diario de sus tres miembros con reuniones fuera de su sede de trabajo: dos la tienen en la Audiencia Provincial, en el noroeste de Madrid, y uno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, cuya sede está en pleno centro.
La defensa de Silva ve en el retraso, sin embargo, una “fuerte discrepancia” en el seno del tribunal. “El que no haya sentencia a estas alturas demuestra que la interpretación de las decisiones que tomó Elpidio José Silva no es un tema pacífico. Sólo por la discrepancia se puede entender el tiempo que está tardando el tribunal en fallar. Nosotros aceptamos, comprendemos y apoyamos la dilación en ese sentido”, afirma Gonzalo Boyé, abogado del acusado.
Las fuentes del tribunal consultadas evitan vincular el retraso al intento por evitar un voto particular. “Es pronto para saber si lo habrá”, afirman. Admiten, por otra parte, que antes del verano hubo un borrador, pero precisan que se trataba de un documento de los muchos que se elaboran durante una deliberación y que nunca estuvo próximo a que los miembros del tribunal estamparan en él su firma.
Elpidio José Silva se enfrenta a una condena de hasta 40 años de inhabilitación por prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia y dos delitos contra la libertad individual, por las dos ocasiones en las que envió a prisión provisional a Miguel Blesa, dentro de la investigación al exbanquero por la compra que realizó Caja Madrid de una entidad en Florida en 2008. La Audiencia de Madrid anuló toda la instrucción y la Fiscalía se querelló contra Silva. La defensa del expresidente de Caja Madrid y la de Díaz Ferrán se sumaron a la acusación.
Fuentes de la acusación se muestran convencidos de la condena a Silva porque hay decisiones de las que adoptó el magistrado, como enviar a prisión a Blesa a petición de Manos Limpias cuando el sindicato ni siquiera estaba personado, que consideran no admiten mucha discusión jurídica. En cualquier caso, también se muestran sorprendidos por los retrasos que está sufriendo el fallo.
Desde el mismo tribunal destacan que una condena por prevaricación se fundamenta en demostrar de una forma “clara” que Elpidio José Silva adoptó decisiones a sabiendas de que eran injustas y que no se deben solo a un error en la interpretación de las leyes. De ahí, la necesidad de analizar con detenimiento las doce decisiones adoptadas por el juez, que le han terminado por sentar en el banquillo, añaden.
El tribunal que juzga a Silva está presidido por Arturo Beltrán, al que acompañan Eduardo Urbano y José María Santos Vijande. El primero preside la Sección Quinta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid y el segundo presta servicio en la Segunda. Santos Vijande integra la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Santos Vijande sustituye a María Tardón, después de que esta fuera recusada por la defensa al haber integrado en el pasado la Asamblea General de Caja Madrid.
Una sentencia absolutoria no supondría solamente un varapalo para las acusaciones particulares sino también para el Ministerio Fiscal. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, quien se reservó la actuación en el proceso, dijo en la última jornada del juicio que, con Silva en activo, “la justicia quedará desahuciada”, aludiendo al título del libro escrito por el acusado, 'La justicia desahuciada'. El fiscal jefe promovió la querella contra Silva por prevaricación y más tarde otra acusándole de haber filtrado los correos, al tiempo que se oponía a que los correos publicados por los medios pudieran ser utilizados contra el exbanquero.
En el caso de las diligencias por la filtración de los correos, y en contra del criterio de la Policía, Moix centra toda la acusación en una examante de Silva que le aseguró en sede judicial que el magistrado hace “magia negra”. La mujer lleva dos meses desaparecida, por lo que no ha comparecido cuando la jueza del caso la ha reclamado.
Si Moix consiguiera una condena por revelación de secretos, Silva podría ir a la cárcel. Recientemente, Moix se posicionó a favor de que Esperanza Aguirre fuera investigada por una falta y no un delito por el incidente que protagonizó con su vehículo. También dictó una postura contraria a que fuera juzgado el director de la Policía Municipal Emilio Monteagudo por el caso Madrid Arena. La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido que se investigue a Aguirre por una falta y ha incluido en la lista de procesados a Monteagudo, quien se ha visto obligado a dimitir.
Los correos del exbanquero
Entretanto, Miguel Blesa ha vuelto a la actualidad judicial por la última decisión del instructor del caso Bankia en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. El magistrado ha decidido incorporar a la pieza separada de las preferentes los correos recibidos y enviados en 2009 por Miguel Blesa a través del correo electrónico corporativo que tenía como presidente de Caja Madrid. Aun sin conexión jurídica, el abogado Gonzalo Boyé considera que ese fallo “desbarata las tesis acusatorias contra Silva y amplía aún más la resolución que habrá de dictar el tribunal”.
Silva se incautó de más de 8.000 correos de Blesa en su investigación al exbanquero. Las acusaciones del caso Bankia habían solicitado su incorporación como elemento relevante para demostrar una estafa planificada por Blesa y sus colaboradores a través de las preferentes, pero hasta ahora la Audiencia Nacional había rechazado utilizar esa prueba al haber sido declarada nula por la Audiencia de Madrid. Al refinar la acusación el criterio para extraer los correos útiles para la investigación de los preferentes, Andreu ha accedido a incorporar una parte.