La sospecha de que la confluencia de intereses entre la Fiscalía y la defensa del Miguel Blesa había derivado en una colaboración secreta para expulsar a Elpidio Silva de la carrera judicial ha adquirido entidad suficiente, a juicio de los abogados del juez, como para que sea denunciada en pleno juicio. La defensa de Silva ha leído este jueves un escrito en el que anuncia acciones legales contra el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, por delitos que conllevan hasta seis años de prisión.
Según ha afirmado el abogado Gonzalo Boyé, la Fiscalía abrió diligencias previas a la querella por prevaricación “a espaldas” del investigado, Elpidio Silva. Moix, ha añadido, ignoró “a sabiendas” las instrucciones de la Fiscalía General del Estado, recogidas en dos circulares, y evitó llamar a Silva a declarar para mantener en secreto dentro de esa investigación. Los hechos son constitutivos del delito de estafa procesal, castigado con uno a seis años de cárcel, y otro contra el ejercicio de los derechos cívicos, que en el caso de los funcionarios públicos está castigado con inhabilitación de 1 a 4 años.
La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 29 de abril de 2013 por la actuación de Silva durante la instrucción del caso Blesa, antes incluso de que el juez enviara al expresidente de Caja Madrid a prisión. La Fiscalía tomó declaraciones y recopiló documentos durante varios meses, según la defensa del juez. Hasta que la Audiencia Provincial declaró nula toda la instrucción de José Silva en un auto que constituyó “el soporte legal” que necesitaba para proceder en contra de Silva, según Boyé. Cuando la Fiscalía consideró conveniente, presentó la querella en base a la citadas diligencias, “ocultando” a la Sala y a la defensa de Silva su existencia.
Moix pretendía interrogar a los fiscales del ‘caso Blesa’, pero ha renunciado a ello en el último momento. Boyé cree que los interrogatorios practicados por la defensa de Silva en las primeras sesiones han hecho sospechar a Moix que la declaración de sus subordinados podría poner en evidencia su estrategia y, por eso, ha declinado que acudan a la vista.
El letrado insistió ayer a Blesa en un poder “especialísimo” que concedió a su abogado, Carlos Aguilar, mientras estaba en la cárcel para que se personara en cualquiera de las causas que se abrieran en el futuro contra Silva. Boyé cree que no es casualidad y que la defensa del banquero sabía de los planes inmediatos de la Fiscalía para querellarse contra Silva. Para apuntalar las sospechas de colaboración entre la Fiscalía y la defensa de Blesa, Boyé denuncia que el abogado del banquero conoce los nombres y apellidos de los funcionarios de Juzgado de Silva, como queda de manifiesto al proponerlos con detalle de su identidad para que comparezcan como testigos en el juicio.
El abogado de Silva pide al tribunal que solicite al superior de Moix para que aporte la copia de las diligencias de investigación a Silva en su integridad, la copia del libro de visitas de las dependencias donde se instruyeron y otra de las visitas recibidas por Moix.
Durante la jornada han testificado los autores del informe pericial de KPMG sobre el crédito a Marsans de 26,6 millones por Caja Madrid. Los peritos ratificaron que la entidad no cumplió sus protocolos ni los de la Comunidad de Madrid para conceder el préstamo al grupo de Gerardo Díaz Ferrán. Uno de los peritos, aseguró que el juez nunca intentó “teledirigir” el contenido del informe que realizaron.
“Silva me acusó de estar comprada por Blesa”
También declararon cuatro funcionarios que trabajarona las órdenes de Silva durante la instrucción del caso Blesa. Ante el tribunal, hablaron de “fijación” del juez con la causa del exbanquero y de maltrato de Silva hacia ellos. Una de las funcionarias trasladó lo que, según su versión, le dijo Silva un día delante de los abogados de manos limpias. “Me acusó de estar trabajando muy mal, de haber sido comprada por Blesa, que iba a ser investigada por esos hechos y que las letradas me iban a explicar lo que yo había tramitado mal en el procedimiento”, afirmó, según Efe. La funcionaria dijo que se dio de baja tras el incidente, aunque no denunció al juez.
La funcionaria dijo haber tenido una relación “correcta” con el juez hasta el 16 de mayo de 2013, el día en que éste citó a Blesa por la compra del banco de Florida. “Se le explicó que hacer una cosa así era imposible”, pero finalmente tomó la “decisión salomónica” de citar a Blesa bajo un procedimiento que aún no existía.
Otra de las funcionarias acusó al juez de haber odenado no dar traslado de algunos recusos del abogado de Blesa y de, sin embargo, dar “acceso libre al Juzgado” a los abogados de Manos Limpias. Calificó de “bastante cáotica” la forma de trabajar del juez y se sumó a la versión de la tensión en el juzgado que provocó la actitud del juez en el caso Blesa. “Todo el mundo acabó tomando Lexatin”, aseguró.