El abogado defensor de Elpidio Silva, Gonzalo Boyé, estudiará solicitar que se deduzca testimonio contra el ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa por “faltar a la verdad”, con “manifestaciones que no se ajustan a la realidad documentada”, durante el juicio abierto contra su cliente por prevaricación y otros delitos cometidos presuntamente durante la instrucción del 'caso Blesa'.
El letrado, acompañado de Silva, ha manifestado a los medios de comunicación que esperará al “momento procesal oportuno para solicitar la deducción de testimonio” y ha criticado los “lapsus de memoria” en los que incurría el ex banquero cuando respondía en calidad de testigo a la defensa de Silva, pero no a su abogado.
A su juicio, el hecho de que el expresidente de Caja Madrid se presente como una víctima es una “clara disfunción del sistema” y “nadie en su sano juicio puede entender que el juez que investiga al señor Blesa esté en el banquillo y él venga para decirnos que es una víctima”.
Boyé ha manifestado que el juicio se asienta en la decisión de la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid que anuló la causa del préstamo de Caja Madrid al que fuera consejero Gerardo Díaz Ferrán investigada por el juez Silva y que “Blesa sabía que la Fiscalía iba a querellarse contra Silva” desde cuando estaba en prisión.
Tras declarar durante algo más de hora y media, Blesa ha abandonado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a bordo del Mercedes Clase A que ha utilizado en otros desplazamientos a las sedes judiciales.
Tanto a su llegada al edificio -con tres horas de antelación-- como a su salida, ha logrado sortear a la quincena de preferentistas a los que un amplío dispositivo de antidisturbios ha mantenido alejados de la puerta del tribunal.
LA GUARDIA CIVIL ADVIRTIÓ EL RIESGO DE DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS
En la tercera sesión del juicio, Miguel Blesa ha declarado que el juez Elpidio Silva tenía la “decidida intención” de enviarle a prisión y actuó con “animadversión y alevosía” en el procedimiento que abrió contra él. Ha denunciado que su “proceder prevaricador” le causó a él y su familia un “perjuicio moral difícilmente reparable”. “Daño a mí, a mi familia, un daño difícilmente reparable y espero que esa deuda se salde como en justicia se saldan las deudas”, ha añadido.
Antes, ha declarado un sargento de la Guardia Civil que ha señalado que trasladaron a Silva que había un “riesgo de destrucción de pruebas” y que un capitán solicitó una auditoría en el seno del Instituto Armado para saber si desde dentro se estaban filtrando comunicaciones secretas. El testigo ha mencionado que propusieron al juez varias diligencias, como la intervención de las comunicaciones de Blesa.
Según ha dicho, solicitaron el secreto de las actuaciones para “proteger la intimidad de Blesa” pues “daban por hecho” que sus correos corporativos podían albergar “datos personales de conocidos o compañeros” que hablaban sobre asuntos privados. Ha añadido que sus emails se hallaron en un servidor secundario de la entidad porque “un fallo de protocolo” hizo que no se borraran automáticamente del servidor principal.
El sargento ha señalado que en las reuniones que el juez mantuvo con Manos Limpias no se habló de nada que perjudicase los intereses de Blesa, Díaz Ferrán o la Fiscalía, y que el magistrado les manifestó que era “interesante” que los agentes estuvieran en las declaraciones judiciales, algo que nunca le había ocurrido.
Antes, una funcionaria del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, del que era titular Silva, ha relatado que una vez una compañera salió del despacho del magistrado “muy nerviosa” porque la acusación de Manos Limpias intentó dictarle lo que debía hacer constar en una resolución. Poco después, su colega se dio de baja.
La testigo ha indicado que se dedicaba a grabar las declaraciones de imputados y testigos y nadie se oponía a esta medida. Ha añadido que agentes de la Guardia Civil acudían a esta comparecencias y que “alguna vez” el juez se reunió en su despacho con los abogados de la acusación popular, ejercida por Manos Limpias. “Recibía a gente interesada en los procedimientos. No era una práctica muy común pero sí recibía gente”, ha remachado.
El juez Silva, en excedencia, está acusado de presuntos delitos de prevaricación continuada, retraso en la Administración de Justicia y dos delitos contra la libertad individual de Blesa. La Fiscalía pide 30 años de inhabilitación y la incapacidad para obtener durante el tiempo de condena cualquier empleo o cargo en el ámbito de la Administración de Justicia, en concreto, aquellos que conlleven el ejercicio de la función jurisdiccional.
El exbanquero pide 40 años de inhabilitación y el ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, reclama que sea inhabilitado durante 24 años para trabajar en la Administración de Justicia.
Blesa pedía inicialmente también tres años de inhabilitación por revelación de secretos, pero el instructor rechazó incluir este ilícito ya que Silva no había podido defenderse al no haberse formulado antes. En todo caso, Blesa se reserva la posibilidad de ejercer acciones civiles concluido el proceso penal.