El informe de la Agencia Tributaria que sustenta la denuncia que la Fiscalía ha presentado contra Alberto González Amador evidencia cómo la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso usó dos sociedades sin trabajadores contratados ni apenas medios materiales para canalizar sus ingresos. La principal, Maxwell Cremona –que facturó 3,7 millones en dos años–, no tiene empleados por cuenta ajena pero sí consta a su nombre un coche de lujo: un Porsche Panamera.
Además, la compañía adquirió con posterioridad otro vehículo de alta gama, un Maserati que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid, según adelantó El Plural y confirmó elDiario.es. La segunda compañía, que Hacienda califica como “una mera sociedad interpuesta”, se llama Masterman & Whitaker y nunca tuvo ni empleados ni medios materiales para hacer los trabajos encargados por el gigante sanitario Quirón, el “principal cliente” de González Amador.
La investigación se centra en la evolución de la principal empresa de González Amador: Maxwell Cremona Ingeniería SL. Y en cómo su cifra de negocio se multiplicó con la llegada de la pandemia y la necesidad de encontrar mascarillas y material sanitario. Esta es la sociedad que, según la Fiscalía y la Agencia Tributaria, se atribuyó hasta 15 facturas por valor de 1,7 millones de euros de forma ilegal por servicios que los supuestos proveedores nunca prestaron y que sirvieron para deducirse gastos indebidamente. El propio González Amador confesó el pasado 2 de febrero por escrito haber cometido dos delitos fiscales.
En 2017, un año después de su fundación, su facturación fue de 8.045 euros. En 2018 fue de 287.000 euros. En 2019 siguió subiendo y llegó a los 357.000 euros. En esos años, destaca Hacienda, la empresa firmó contratos de asesoría con Quirón, Arval o el Hospital San Francisco de Asís. Pero fue con la llegada de la pandemia cuando las cifras se dispararon: 2,3 millones de euros en 2020 y 1,3 millones en 2021. Ahí, tal y como ha revelado elDiario.es, entraron en juego las comisiones salidas de la compraventa de mascarillas.
Los ingresos crecieron, pero no el pago de impuestos. Unos datos que “sorprenden significativamente a la Inspección”, dice Hacienda en uno de sus informes. Los investigadores no cuestionan el negocio de la empresa de González Amador, pero sí que sus cuotas tributarias no se vieran incrementadas “en la misma proporción”. Es, sostiene la Agencia Tributaria, “sumamente llamativo” que en 2020 su facturación creciera en casi dos millones y, sin embargo, pagase la mitad de impuestos que en 2019. Los gastos contabilizados con las facturas falsas hicieron la ingeniería contable que ahora denuncia la Fiscalía.
En enero de 2020, antes de su explosión millonaria de ingresos, los bienes del activo empresarial de Maxwell Cremona se reducían a un ordenador portátil y una impresora, además de la fianza de una vivienda. Un año después, el primer día de 2021, la empresa sigue teniendo el mismo portátil, la misma impresora, 3.900 euros en cortinas pero un activo más: un Porsche Panamera Turbo valorado en casi 35.000 euros.
La valoración invita a pensar en que se trata o bien de un Porsche de segunda mano o un modelo antiguo de alta gama. La página web de la compañía indica que, actualmente, ese tipo de vehículos no se venden por menos de 125.000 euros. En páginas de segunda mano el precio, en algunos casos, sí baja de los 40.000 euros.
Además, el empresario cuenta también con un Maserati matriculado en 2017 que tiene multas pendientes con el Ayuntamiento de Madrid. Son hasta seis multas de tráfico por infracciones cometidas en el distrito de Chamberí que suman 385 euros, según ha podido comprobar elDiario.es. Además, acumula otras dos sanciones que suman 563 euros más relacionadas con el conocido como impuesto de circulación.
Maxwell Cremona se constituyó en 2016 para dedicarse a las consultorías y auditorías energéticas y la promoción medioambiental y sostenible de los recursos, aunque la pandemia cambió su rumbo hacia los certificados de la International Standarization Organization (ISO). Son los certificados que se utilizan para avalar que un producto cumple la normativa internacional y que, en los primeros meses de pandemia, marcaban la diferencia entre las mascarillas útiles y las mascarillas inservibles.
La empresa no tenía trabajadores como tal, pero sí recurrió continuamente a “un nutrido grupo de auditores externos” autónomos, dedicados a hacer auditorías y certificar que un producto podía obtener la pegatina ISO de calidad. La documentación de la Agencia Tributaria refleja pagos a 10 auditores que trabajaron para la empresa de González Amador entre 2020 y 2021 y a los que pagó, entre todos y a lo largo de esos dos años, un total de 235.500 euros, incluyendo un comercial cedido a Quirón Salud, su mejor cliente.
Masterman & Whitaker, “una mera sociedad interpuesta”
La segunda parte de las investigaciones sobre la ingeniería societaria de González Amador para seguir mejorando su factura fiscal deriva de los movimientos que hacía con su segunda sociedad: Masterman & Whitaker. A finales de 2020, la empresa principal de González Amador compró esta otra compañía, que hasta entonces se llamaba Círculo Belleza SL y estaba dedicada a la venta de productos cosméticos.
Tras su compra, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y, unos meses después, sin tener un solo empleado, consiguió trabajar para Quirón Prevención para la “expansión en Latinoamérica” y el “desarrollo e implantación de la Joint Commission International”. Pero ese mes de diciembre de 2021 empezó otro movimiento societario que esconde un nuevo intento de beneficiarse fiscalmente, según Hacienda y la Fiscalía.
La empresa “pantalla” y la empresa principal de González Amador firmaron un contrato para cederse parcialmente el contrato de asesoría para Quirón. Solo 24 horas después, además, esa empresa principal transmitió todas las participaciones de la empresa “pantalla” al propio González Amador. Desde ese momento, por tanto, la pareja de Ayuso se convirtió en socio único y administrador de ambas sociedades, “pudiendo disponer libremente de los fondos de ambas”.
La primera sospecha es que, en realidad, González Amador fue quien trabajó para Quirón y perpetró una “simulación relativa” de los servicios prestados al jugar con sus dos empresas. A nivel fiscal, en ese momento, la operación no tenía efectos prácticos, ya que ambas sociedades tributan igual. Pero, según la Agencia Tributaria, el objetivo también sería generar unos gastos ficticios en la sociedad pantalla para, en años futuros, “originar unas bases imponibles negativas pendientes de compensar”.
La factura falsa de 600.000 euros
El uso de empresas pantalla o sociedades instrumentales para pagar de menos a Hacienda es algo que la Agencia Tributaria y los tribunales examinan continuamente, tanto desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista criminal. Por lo contencioso-administrativo o por lo penal, como es este segundo caso.
A veces, una sociedad pantalla se utiliza para que alguien canalice sus ingresos y que pague el Impuesto de Sociedades, más benevolente que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que tiene tipos más altos. En este caso, las acusaciones de la Fiscalía sobre González Amador y la empresa Masterman & Whitaker pasan por considerar que su objetivo era ubicar la carga fiscal en la sociedad que más le convenía, sin corresponderse con la realidad de los trabajos que había hecho para Quirón.
El resultado de todo esto, según Hacienda y la Fiscalía, fueron más facturas falsas. Masterman, la empresa “pantalla”, emitió una factura a Maxwell, la empresa principal, por 600.000 euros por sus servicios. Pero, previamente, Masterman solo había cobrado 327.000 euros de Quirón. “Con ello se estaría generando en Masterman, de forma artificial e injustificada, unas bases imponibles negativas para ejercicios futuros a favor de dicha mercantil”, zanja la administración.
––––––
En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es