Enrique Santiago (Madrid, 1964) se muestra visiblemente enfadado después de un año de intensas e infructuosas negociaciones en el Congreso de los Diputados para desarmar la Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, la conocida como ley mordaza, diseñada para atajar las protestas que sacudieron el país durante las políticas de recortes de los años posteriores a la crisis de 2008. Aquel texto lleva más tiempo vigente durante gobiernos progresistas que con el PP y este martes fracasó la mejor oportunidad en muchos años para derogarla. ERC y EH Bildu decidieron tumbar en la Comisión de Interior la reforma tras no alcanzar un acuerdo en cuatro puntos que, según Santiago, no representaban los aspectos más lesivos de la ley mordaza.
Los socios habituales del Gobierno pedían que el texto prohibiera el uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente, dos cuestiones que según el negociador de Unidas Podemos correspondían a otras regulaciones. Respecto al primer asunto se había alcanzado, de hecho, un acuerdo muy avanzado para regular el uso de material antidisturbios. Sobre los otros dos artículos donde había desencuentro, las multas por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad, Santiago entiende que las posiciones estaban tan cerca que habrían podido cerrarse si la tramitación parlamentaria se hubiese alargado más tiempo. Valía con una simple abstención en la comisión del martes, dice, y una negociación de las enmiendas antes de su llegada al Pleno del Congreso.
Santiago recibió a elDiario.es este miércoles en el Congreso. Durante la entrevista, el exsecretario de Estado de Agenda 2030 explica que con solo dos meses y medio hábiles restantes en la Cámara Baja en lo que queda de legislatura parece improbable cualquier intento por reflotar la ley, aunque se compromete a ayudar a ERC si quiere intentarlo. Considera, sin embargo, que hay cuestiones coyunturales políticas y electorales que han provocado “miedo” en los socios y que les han llevado a no moverse durante la negociación en asuntos como las pelotas de goma. “Ha habido fuerzas que han entendido demasiadas veces que esto era un debate sobre relatos”, lamenta.
¿Quién es el responsable del fracaso de la reforma de la ley mordaza?
En primer lugar la derecha de este país que no ha querido recuperar derechos. Ha intentado no solo que se mantuvieran los recortes sino que desde el primer momento ha tratado de sabotear la tramitación de la ley. Hemos venido trabajando durante prácticamente dos años, el último de forma muy intensa, con distintas fuerzas, algunas de las cuales no han dicho hasta el final claramente que no iban a formar parte del acuerdo. El núcleo de trabajo han sido PNV, PSOE, Unidas Podemos, EH Bildu, Junts y ERC. En mi humilde opinión, a Unidas Podemos le ha correspondido una parte del peso esencial en cuanto a elaboración de propuestas y redacción porque estos procesos son cuestiones muy técnicas y requieren mucha concreción. El compromiso de cada fuerza es directamente proporcional al número de propuestas escritas que ha formulado.
Ha habido fuerzas que han entendido demasiadas veces que esto era un debate sobre relatos. Una modificación de una ley es un proceso de propuestas concretas y una ley es una ley escrita. No sé si es concreto hablar de responsabilidades, lo que no entiendo es que se haya hundido una reforma tan trascendental. No entiendo que en una cuestión de derechos fundamentales que afecta a todas las personas en este país al margen de donde vivan se puedan anteponer otros análisis o intereses más cortoplacistas o coyunturales de índole política o electoral. No es normal que haya habido un voto que haya impedido que continuara la tramitación legislativa.
Habíamos modificado más de 36 artículos a través de más de 40 acuerdos sobre un total de 56 cuestiones debatidas. Y no es cierto que el núcleo esencial de la ley, los aspectos más lesivos, no se hubieran tocado. Eso es radicalmente falso. Como eslogan puede sostenerse, pero un debate concreto y técnico eso no lo soporta. Los asuntos más importantes de esta ley son los que afectan a los derechos de protesta social, a los de reunión, expresión, manifestación y al modelo sancionador.
¿No habría sido preferible dar más tiempo a la negociación?
Claro, yo estaba convencido. Por eso el mismo día de la comisión [de Interior de este martes], momentos antes de las votaciones, estábamos pidiendo a las fuerzas políticas que nos permitieran continuar la negociación. No hacía falta ni siquiera un voto a favor. Habría bastado con una abstención de las fuerzas de izquierda.
Me refería, en concreto, a postergar que el texto se votara este martes en la Comisión de Interior. Podría haberse hecho más tarde.
No soy adivino, pero sé que después de tres años de legislatura nos quedan tres meses hábiles de trámites parlamentarios. No bastaba con que esta ley fuese aprobada en el Congreso. También tenía que ser aprobada en el Senado. En la tramitación del dictamen y el debate en el Pleno del Congreso transcurren mínimo dos semanas, más con la Semana Santa de por medio y varias semanas que no son hábiles. Después tiene que ir al Senado. Y la prensa había publicado cómo la estrategia de [el líder del PP, Alberto Núñez] Feijóo, cuando reunió en Génova a los sindicatos policiales, además de la algarada callejera contra la reforma, era esperarnos en el Senado, donde Unidas Podemos no tiene representantes, para que mediante filibusterismo parlamentario se dilatara la tramitación.
El dictamen no cerraba nada. Consolidaba ese 96% de acuerdos que todos teníamos. No se introducía ninguno de los cuatro puntos polémicos. Quedaban abiertas las enmiendas que habíamos presentado sobre esos cuatro asuntos. Y Unidas Podemos votó a favor de las enmiendas que por primera vez presentaron por escrito ERC y EH Bildu en la comisión legislativa del martes. Nosotros hemos tenido una actitud siempre constructiva.
Algunas voces de ERC e incluso de Podemos han deslizado que el PSOE quiso adelantar la votación para perderla.
Estoy convencido de que no es así. No concuerda con dos años de trabajo intenso. Yo sé dónde estaba el PSOE cuando comenzaron las conversaciones y todo lo que se ha movido. Igual que sé lo que se han movido otras fuerzas y en lo que hemos tenido que ir cediendo para que el acuerdo fuese satisfactorio. Incluso había asuntos que iban más allá de los derechos cercenados por la reforma de Rajoy.
Se introducían cuestiones que mejoraban sustancialmente la legislación que ha habido en nuestro país respecto al régimen sancionador o la ponderación económica. El hecho de que pagaran más sanción quienes más tienen y menos quienes menos ingresos tienen es un avance claramente progresista conforme a lo que ordena la Constitución. Eso nunca había existido antes en la ley.
¿Pero es asumible para una formación como Unidas Podemos que no se prohíban las devoluciones en caliente?
Claro que no. Nosotros hemos querido que en esta legislatura se corrija, pero es como si hubiéramos querido acabar con los despidos en esta ley. La Ley de Seguridad Ciudadana no puede abordar cuestiones relativas a extranjeros, es criminalizarlos. Esta confusión de pretender reformar en la Ley de Seguridad Ciudadana derechos de asilo viene de esa criminalización de la extranjería que realizó el PP, convirtiendo situaciones relativas a los derechos de los extranjeros en España en un problema de orden público, convirtiendo a los extranjeros en delincuentes. Utilizaba esta ley no para introducir en la ley de seguridad el régimen sino para modificar las leyes de extranjería.
A nosotros la técnica nos parece lamentable porque lo que habíamos acordado, por ejemplo, era prohibir las identificaciones por perfiles étnicos. O habíamos eliminado la sanción al top manta, que para sobrevivir tienen que practicar no al 100% pero en un porcentaje elevado personas extranjeras. Hemos defendido constantemente que hay que modificar la legislación de asilo y la ley de extranjería, pero en esas legislaciones.
Pero el daño del PP ya estaba hecho y, con el acuerdo al que habían llegado, las devoluciones en caliente quedaban como las había dejado el PP.
Las devoluciones en caliente en realidad están como ha dicho el Tribunal Constitucional porque, tras el recurso del PSOE a esta ley, el TC lo avaló con las precisiones que son las que requieren un desarrollo reglamentario. Estamos en contra de las devoluciones en caliente y de privar de cualquier derecho a los extranjeros en España y estamos en contra de los despidos. Estamos en contra de cualquier discriminación de origen, género y nacionalidad. Pero no se nos ocurre introducir hasta el infinito todas las cuestiones que son más complicadas en una de las leyes más complejas de la legislatura, donde nos estamos jugando nada más y nada menos recuperar los derechos de reunión, expresión y manifestación. Así estaríamos multiplicando las posibilidades de que no saliera adelante ninguno de los derechos, como así ha ocurrido.
El uso de las pelotas de goma no se regulaba en la ley que aprobó el Gobierno de Rajoy, pero al ser una de las cuestiones que planteaban los socios que eran indispensables para sacar la reforma, ¿no había espacio para el acuerdo en este punto?
Claro que había forma de llegar a un entendimiento. Lo triste es que ya habíamos avanzado mucho más de lo que normativamente se había avanzado en ningún otro lugar de España. Hay tres leyes que permiten regular este asunto, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para toda España, la Ley de Policía para el País Vasco y la de Policía de la Generalitat para Catalunya. Ninguna de las tres prohíbe las pelotas de goma. La técnica utilizada es regular el uso mediante protocolos, pero tampoco hay ninguna de estas tres leyes que obligue a hacerlo mediante protocolo. En el País Vasco el modelo que han seguido es aplicar muy estrictamente los protocolos y eso lleva a que desde hace diez años no se utilizan pelotas de goma. En Catalunya han empleado otro procedimiento que es limitar su utilización por protocolos, pero la ley no obliga a adoptar una determinada decisión en un protocolo.
Lo que habíamos negociado es que la ley obligara a hacer un protocolo de utilización, es decir, que hacer un protocolo de utilización de materiales antidisturbios no fuera discrecional para el Ministerio del Interior sino que fuera una obligación legal. Y dentro de ese protocolo se regulaba la no utilización de materiales letales, la obligación de utilizar los materiales antidisturbios que fueran menos letales, la obligación de estudiar el alcance de cualquier material con participación de la sociedad civil y se contemplaba expresamente la posibilidad de la prohibición. Todo eso en una norma legal.
Yo soy partidario de prohibir la utilización de las pelotas de goma, pero que no me cuenten que la solución son las balas foam, que también han sacado ojos. Nos parece que hay muchas formas de llegar a ese objetivo. Lo que no se puede es empezar una negociación con la misma posición que se tiene en una materia dos años después sin avanzar lo más mínimo.
Por lo que dice, ¿se han movido más el PSOE y ustedes que ERC y EH Bildu?
Eso es subjetivo y claro que tengo mis criterios. Creo que en estos temas ha habido fuerzas políticas que se han movido muy poco desde el principio y que no se han abierto a otros mecanismos que podrían haber llevado al mismo resultado. Pero mi crítica fundamental es que se han precipitado y se han opuesto a la ley no cuando estuviera acabada sino que se han opuesto a que se siguiera elaborando.
¿Por qué cree que lo han hecho?
No han sabido anteponer lo fundamental sobre lo secundario. Lo fundamental es la recuperación de derechos fundamentales para todos los españoles y españolas al margen de donde vivan.
¿Y lo secundario?
Hay miles de coyunturas en cada momento de índole político que influyen y más a las puertas de las elecciones.
Hay diputados de su espacio político, como Jaume Asens, que han tachado a ERC y EH Bildu de electoralismo. ¿Lo comparte entonces?
Yo creo que ha habido mucho miedo a salirse de frases hechas y poca voluntad de explicar. La única fuerza política que ha explicado en profundidad todos los avances ha sido Unidas Podemos. No he visto explicación en otras fuerzas de todo lo que se había avanzado.
¿A qué tienen miedo?
Me imagino que estarán pensando en cálculos electorales, de gurús electorales. No tengo ni idea. Muchas veces se es preso de las declaraciones que se hacen.
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, sugirió este martes o se preguntó si ustedes eran, al igual que el PSOE, presos de las presiones de los sindicatos policiales.
Quienes han votado lo que pedían los sindicatos policiales han sido ERC y EH Bildu, nosotros hemos votado en contra.
En la ley se ha eliminado el criterio de presunción absoluta de veracidad de la Policía para acabar con abusos policiales. Se ha eliminado el concepto de registro domiciliario. Se ha reconfigurado todo lo relativo a registros policiales, reglamentado el uso de las cámaras de videovigilancia policial; se han eliminado las identificaciones discrecionales o discriminatorias; se ha establecido un tiempo máximo de detención y la obligación de devolver al ciudadano al lugar donde fue intervenido para su identificación cuando esta concurra si se le ha trasladado a un lugar distinto. Se ha eliminado la obligación de comunicación de manifestaciones cuando no son previsibles. Esto no son aspiraciones, ya estaba aprobado en la ponencia. No es objetivo decir que había miedo a las presiones de la ultraderecha policial.
Y, por otro lado, ha habido organizaciones de la policía que han tenido una actitud mucho más constructiva. Tampoco reconozcamos el 100% de la representación de la policía a ciertas organizaciones. A veces nos confundimos porque Jusapol no es un sindicato, es una fundación. Nadie entiende por qué una fundación, que no es una asociación profesional, es quien habla en nombre de la Policía. Arrogarse asociaciones particulares la representación de un cuerpo de funcionarios la representación sin ser un sindicato debería tener efectos disciplinarios.
No tiene ninguna base fáctica afirmar que Unidas Podemos o todas las fuerzas que han votado a favor del dictamen tienen miedo a los sindicatos policiales.
Hay dos materias que sí eran específicas de la ley sobre las que no ha habido acuerdo, las multas por desobediencia y por faltas de respeto a la autoridad. Por los textos que se han publicado, las posiciones no parecen tan alejadas. ¿Dónde estaba el problema en estos dos artículos?
No lo entiendo. En desobediencia, la propuesta que nos presentaron el martes por primera vez por escrito tenía la misma redacción que la que teníamos sobre la mesa desde hacía meses y lo único que variaba era la categoría. Ponía que algunas de las actuaciones que se pueden entender como desobediencia pasaran de ser sanción grave a leve.
¿Accedieron en esa última propuesta o la habían aceptado antes?
Nosotros estábamos de acuerdo desde el día uno. El PSOE estaba de acuerdo en uno de sus componentes, concretamente en convertir en sanción leve la alegación de datos falsos o inexactos. No estaba de acuerdo en que la negativa a identificarse estuviese considerada sanción leve, pero era algo que se podía haber seguido trabajando si se hubiesen prolongado las conversaciones. El PSOE hace dos meses no aceptaba tampoco que la alegación de datos falsos fuese sanción leve. Después lo aceptó en un ejercicio de ponderación y equilibrios. Nosotros coincidimos en los objetivos de ERC y EH Bildu prácticamente al 100%. No nos parece que se pueda caer en una actitud irresponsable de hundir la recuperación de innumerables derechos por no recoger dos de ellos, porque, insisto, no es el núcleo de la Ley de Seguridad Ciudadana, ni mucho menos.
Este miércoles, ERC ha planteado presentar una nueva proposición de ley para reactivar las negociaciones y tratar de llegar a un acuerdo. ¿Han hablado con ustedes? ¿Ve posibilidades de que pueda salir algo de esa iniciativa?
Yo soy el portavoz de Interior y a mí no me han dicho nada. He preguntado después de verlo en la prensa y por lo visto han estado sondeando a algunos compañeros del grupo parlamentario. Nada oficial. Cuando presenten una propuesta claro que la examinaremos, pero no solo tienen que pactar con nosotros. Nosotros teníamos una dinámica de trabajo que se había construido en dos años de confianza con seis organizaciones políticas. Quedan dos meses y medio hábiles. Ojalá sea capaz ERC y, si se decide, ayudaremos. Ojalá sea capaz en dos meses y medio de ir más allá de lo que hemos conseguido entre seis fuerzas políticas en dos años. Ojalá, yo lo firmaría ahora mismo.
¿No hay tiempo?
No es que crea que no hay tiempo, es que quedan dos meses y medio. Esto tiene una fase de toma en consideración y otra de presentación de enmiendas. Después de eso hay que hacer un trabajo de ponencia, el dictamen de comisión –que es el trámite donde han hundido ahora el procedimiento–, después va al Pleno y finalmente al Senado. Si creen que es posible sacarlo adelante en dos meses y medio estamos dispuestos a intentarlo. Pero si piensan que simplemente con recoger el informe del dictamen y registrarlo ya han cumplido, no. Es mucho más complejo. Y nosotros les vamos a ayudar, claro, pero deben liderarlo.
Podemos ha preferido centrar las culpas en el PSOE y no en ERC y EH Bildu. ¿Hay división en el espacio? ¿Se siente poco respaldado?
Soy pésimo analista de estrategias electorales. Soy jurista.
¿Lo atribuye a una estrategia electoral?
Yo no entiendo de eso. Me dedico a hacer análisis jurídicos sobre todo en materia de derechos humanos, que es mi obsesión. Lo que conozco es cómo todas las fuerzas políticas hemos ido moviéndonos, cediendo en unas cosas, avanzando en otras, en un trabajo que tiene tres años. Yo por eso no entiendo que esto se haya dejado caer. Compañeros y compañeras con otras especialidades lo analizan desde el punto de vista que entienden. No me gusta entrar en terrenos especulativos. Esto de las leyes es muy material.
Dos preguntas que se salen del ámbito de la ley mordaza. Esta era una ley muy importante, pero queda al menos la de vivienda. ¿Cree que va a salir? ¿Cómo ve la salud de la coalición después de esto?
Espero que sea posible llegar a un acuerdo. Creo que los planteamientos de Unidas Podemos son muy razonables. Hace falta que el PSOE acceda a un control de los precios, que es el escollo que dificulta avanzar. Seguro que no va a ser el 100% de lo que nosotros defendemos, pero espero que los compañeros que están negociando tengan la suerte de que no se cometa una torpeza que haga que se caiga todo el procedimiento. También es verdad que es más fácil porque al no ser una ley orgánica no hace falta una mayoría tan abultada.
¿Cree que va a haber unidad de cara a las generales en torno a Sumar?
Sí, creo que no tenemos otra opción. Si anteponemos lo fundamental a lo secundario. Y lo fundamental es poder seguir trabajando desde el Gobierno para garantizar los derechos de la mayoría social de este país, de los trabajadores y trabajadoras. Sabemos que no hay otra opción que construir el proceso de Sumar, que no es otra cosa que la ampliación del espacio de Unidas Podemos, para fortalecer no solo el espacio de la izquierda para que aritméticamente pueda haber un Gobierno de izquierdas, sino para mejorar la correlación de fuerzas del espacio que representamos dentro de la coalición.
Cuestan mucho los avances que hemos logrado. Luego todas las leyes nuestro socio las reivindica como propias pero somos conscientes de cómo se han opuesto. Si Sumar tuviera más peso sería mucho más sencillo conseguir más derechos y mejorar las condiciones de vida de la gente. Por eso, no imagino que nadie dentro del espacio de Unidas Podemos ignore esta realidad. Luego en política siempre hay que negociar, las organizaciones defienden sus intereses particulares, pero llega un momento en el que hay que defender los intereses de las clases trabajadoras. Lo demás tiene que ceder ante eso. No me cabe en la cabeza que nadie con conciencia social esté dispuesto a que todo salte por los aires por intereses individuales o de colectivos. Hay que anteponer el interés general.