Tras la propuesta de eliminar el delito de sedición y reemplazarlo por un delito agravado de desórdenes públicos, el Gobierno se abre a negociar con Esquerra cambios en la regulación de la malversación cuando no existe lucro con la desviación de fondos públicos. Es uno de los delitos por los que fueron condenados algunos de los líderes del procés y por el que están acusados decenas de altos cargos y funcionarios que están a la espera de juicio cinco años después del otoño soberanista de 2017.
Una vez acordados los cambios en los delitos de sedición y desórdenes públicos, se abre el intercambio sobre el delito de malversación, uno de los que más preocupa al Govern. Los republicanos dejan caer que ya hay una negociación abierta sobre los contenidos, mientras en el Ejecutivo se limitan a reconocer la voluntad de escuchar la propuesta de ERC. “No ha habido ningún tipo de negociación con ERC”, afirman fuentes de la Moncloa, que explican que todavía no han recibido ninguna propuesta concreta por parte de Esquerra.
En público, ni el Gobierno ni ERC han dado hasta el momento demasiadas pistas de por dónde podría ir la reforma de este tipo penal, pero ambas partes han mostrado que es un tema que está sobre la mesa. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en una entrevista en La Vanguardia que durante la tramitación parlamentaria podrían aparecer propuestas sobre otros cambios en el Código Penal, y este mismo lunes Unidas Podemos y ERC confirmaban que presentarían una enmienda para reformar también el delito económico.
Los republicanos llevan mucho tiempo poniendo el foco en la reforma del delito de malversación que el Partido Popular aprobó en solitario en 2015 y que endureció la respuesta penal al desvío de fondos públicos. Su intención es revertir esa reforma, aunque por el momento el secretismo rodea su propuesta, tal y como ocurrió hasta el pasado viernes con los cambios que negociaban en el delito de sedición.
La actual formulación del delito viene de una reforma pensada específicamente para penalizar episodios como la consulta del 9 de noviembre de 2014 en Catalunya, impulsada por Artur Mas. Desde entonces, basta con que se acredite un uso indebido de fondos públicos que haya generado un perjuicio al patrimonio público para poder condenar por malversación. Es lo que técnicamente se define como una “administración desleal” de dinero público al dedicar recursos colectivos a fines inapropiados. Hasta la entrada en vigor de esa reforma la malversación requería que hubiera “desviación” o “sustracción” de fondos públicos. Las condenas por este tipo penal pueden ser de hasta diez años de cárcel.
Esta regulación permitió condenar por malversación a Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa al considerar que ejecutaron “actos concretos de dispendio económico” al poner la estructura de los departamentos que dirigían al servicio de “gastos concretos justificados” para la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. El Tribunal Supremo dio por probada la malversación pese a que no la cuantificó. Los republicanos consideran que volver a la redacción anterior de la malversación libraría de problemas judiciales a los ya condenados y a los líderes pendientes de juicio, como el propio Carles Puigdemont, pero también a decenas de altos cargos y funcionarios que están a la espera de juicio.
La ausencia de lucro personal como atenuante
Los tres partidos que participan de las conversaciones sobre la reforma del Código Penal quieren ser muy cautos a la hora de plantear posibles cambios en la malversación, un delito muy sensible y en el que cualquier cambio podría generar mala imagen. Sin embargo, lo que está sobre la mesa es hacer modificaciones sobre el supuesto específico que afecta a políticos o funcionarios que no se han enriquecido personalmente.
Fuentes conocedoras de la negociación explican que una opción sería hacer un ligero cambio en el artículo 434, añadiendo un punto que rebaje las penas no solo para quienes hubieran “reparado de modo efectivo e íntegro el perjuicio causado al patrimonio público”, como está ahora, sino también “si el culpable no se ha beneficiado patrimonialmente de los bienes malversados”. Si esto ocurriese la pena impuesta sería la inferior y se rebajaría en uno o dos grados, según este planteamiento.
Para los líderes independentistas ya juzgados o los que están por juzgar una reforma así supondría un cambio sustancial, aunque en todo caso correspondería al Supremo calcularlo, con el problema añadido de que la sentencia dictada impone este delito en concurso medial con el de sedición. Diferente es el caso de los altos cargos y funcionarios que eran la segunda línea en responsabilidad del Govern de 2017 y que aún esperan juicio en muchos casos. Para estos, la malversación podría ser su principal delito y, si se incluye este atenuante, las penas de prisión se reducirían drásticamente.
La malversación, delito clave para altos cargos del Govern
La presunta malversación es clave en la macrocausa seguida en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona contra una treintena de funcionarios y altos cargos por los preparativos del 1-O y su apéndice en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al afectar a dos aforados, los diputados y pesos pesados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Es lo que se conoce como la “segunda fila” del Govern, muy relevante para Esquerra al afectar a algunos de sus cuadros.
“Igual que ya hemos eliminado la sedición, hay que reformar la malversación para lo que no era delito el 9N [la consulta convocada por Artur Mas en 2014] deje de serlo”, afirmó este lunes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en una entrevista en Rac1. En este caso, Aragonès ha afirmado que batallarán y usarán “todas las herramientas” para lograr una modificación que en este caso no debería consistir en eliminar el delito, ha afirmado, sino en “revertir” la reforma hecha por el PP en 2015.
En ERC siempre se ha interpretado que el PP promovió esa reforma para “cerrar el paso” a cualquier posibilidad de hacer un referéndum tras la consulta de 2014. No obstante, en el partido de Oriol Junqueras son conscientes de que es un asunto especialmente delicado porque podría tener consecuencias sobre algunos de los principales casos de corrupción.
Mas fue condenado por desobediencia por la organización de la consulta independentista del 9-N. Al haber costeado los gastos de la consulta antes de su suspensión por parte del Constitucional se salvó del delito de malversación en su causa penal. No obstante, fue condenado a pagar los 4,9 millones de euros que costó la consulta por ser “gastos desconectados de finalidades públicas”. El Supremo confirmó esa condena en julio de 2021.
Quien ya se ha pronunciado favorablemente a abordar la reforma del delito de malversación es el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens. En una entrevista en elDiario.es manifestó que la reforma “ad hoc” del PP para perseguir hechos como el 9-N se tienen que cambiar, aunque “sin afectar a los casos de corrupción en los que hay enriquecimiento y beneficio patrimonial”.
En el Gobierno, por el momento, se limitan a decir que “estudiarán” cualquier propuesta en este sentido durante la tramitación parlamentaria de la reforma del delito de sedición. “Lo estudiaremos, como ocurrirá con cualquier enmienda que presenten los grupos”, dijo este lunes en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena SER el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.