Tres sumarios conducen a la financiación del Partido Popular en Madrid. Durante la presidencia de Esperanza Aguirre (2004-2016) al frente del partido, desde Fundescam a Púnica, pasando por Gürtel... todos los escándalos de corrupción salpican a empresas que trabajaban para el PP regional o el Gobierno madrileño. A veces para ambas y al mismo tiempo.
La última pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco tirando del ovillo de Púnica indaga sobre la documentación incautada por la Guardia Civil a Beltrán Gutiérrez, el hombre de las cuentas en la sede del PP madrileño que ya fue condenado en el escándalo de las tarjetas black e imputado ahora en esta rama del sumario. Los investigadores siguen el rastro del dinero de la campaña de las autonómicas de 2007, en las que Aguirre resultó reelegida presidenta regional, y han encontrado apuntes sospechosos del puño y letra de Gutiérrez.
En el cuaderno del exgerente figuran garabateados los nombres de Carat, la comercializadora de publicidad del exportavoz del Gobierno de Aznar Miguel Ángel Rodríguez -que facturó entre 2006 y 2008 más de 50 millones a la Comunidad de Madrid y sus empresas públicas-, Over Marketing, otro de los proveedores habituales del PP y del Gobierno regional, y la firma Sintra, junto a sus supuestas aportaciones económicas al partido.
Según esas anotaciones de Beltrán Gutierrez en las cuentas del PP regional, el dinero pagado a Carat en 2007 (1,5 millones de euros) salió del Gobierno regional (un millón), 0,2 (200.000 euros) del PP y 0,3 (los 300.000 restantes) están atribuidos a “Diego de León”, calle donde se ubica la sede de la patronal madrileña.
“Diego de León” vuelve a salir en la caligrafía del exgerente como responsable de aportar 700.000 euros a la contabilidad del PP ese mismo año 2007, en que se celebraron municipales y autonómicas para pagar a Over Marketing, una empresa de publicidad cuyo propietario, Daniel Mercado, está imputado en varios casos de corrupción por amañar contratos en instituciones gobernadas por el PP.
El apunte “Diego de León”, sobre el que todavía se está investigando, es clave porque se trata de determinar si las prácticas detectadas en Fundescam, la fundación del PP que sirvió para camuflar las entregas ilegales de empresarios que recibían contratos de instituciones en manos del partido, siguieron todos estos años.
De Fundescam salieron los fondos para sufragar las dos campañas de 2003: la primera que dejó a Aguirre fuera del Gobierno hasta que dos tránsfugas del PSOE evitaron votar con su partido; y la segunda, tras el 'tamayazo' que la aupó al poder. En los tribunales todo acabó en nada porque los delitos estaban prescritos. Los investigadores de Púnica creen ahora que se pueden haber dado delitos continuados en el tiempo que interrumpan ese plazo de prescripción.
Con los conciertos en las fiestas locales
Otros tomos del mismo sumario Púnica se explayan sobre las andanzas de la sociedad organizadora de eventos musicales Waiter Music, a los que decenas de ayuntamientos del PP madrileño le contrataron en los últimos años las orquestas para las fiestas de distintas localidades madrileñas, siguiendo instrucciones del que fue el secretario general del partido y mano derecha de Aguirre, Francisco Granados, el cabecilla de la trama.
Waiter Music se ocupó a la vez de varios mítines electorales de Aguirre en 2007 y 2011, incluidos actos en los que intervino el dúo musical Azúcar Moreno, Iguana Tango y hasta una banda de mariachis. Los investigadores sospechan que los contratos institucionales sirvieron para rebajar la factura en los mítines del PP, cuyos presupuestos de campaña no cuadran con los números remitidos a la Cámara de Cuentas.
Entre las sospechosas habituales, presentes en los sumarios Gürtel y Púnica, figura una tercera consultora de publicidad, la firma Swat, organizadora de campañas del PP en distintos lugares de España y proveedor habitual del Gobierno de Aguirre. Según los informes de la Guardia Civil en poder de Eloy Velasco, y tal y como han refrendado varios testigos en la Audiencia Nacional, Swat fue una de las empresas a las que la multinacional Indra -una potente subcontrata del Gobierno regional- debía abonar una factura de 20.000 euros siguiendo órdenes del entonces consejero de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
Entre los cargos que el PP había hecho a Swat figuraba la contratación de los sondeos de opinión que la empresa Demométrica entregó durante 2014 al partido de Esperanza Aguirre.
'Made in Madrid', campaña fantasma
Los lazos entre Swat y el aguirrismo también vienen de muy atrás y aparecen en otras causas. La consultora publicitaria cobró en 2006 un total de 1,3 millones de euros por valorar las ofertas de dos polémicas campañas convocada por organismos adscritos al Gobierno regional.
La adjudicataria del primer concurso ideado para promocionar “el desarrollo económico” de la región, MQM, ingresó 1,25 millones de euros supuestamente a cambio de distribuir material promocional con el logo de Made in Madrid. No hay ninguna evidencia de que se realizase. Y eso que su plan de comunicación incluía el reparto de 100.000 bolígrafos, entre otras actuaciones.
La segunda acción publicitaria, que tampoco dejó rastro, reportó dos millones a Over Market, la firma que ahora aparece de nuevo en los papeles de Beltrán Gutiérrez. El diario Público desveló en 2011 que ninguna de las dos acciones se llevó a cabo. Y de paso recordó que las tres firmas implicadas, que se embolsaron 4,5 millones de euros por publicidad inexistente, aparecían también en la trama Gürtel creando sociedades pantalla para camuflar adjudicaciones propuestas por Francisco Correa en municipios como Majadahonda.
Preguntada sobre las últimas revelaciones judiciales, Aguirre se desvinculó este viernes de las actuaciones que investiga la Audiencia Nacional y defendió que si alguien ha cometido alguna ilegalidad que lo pague. La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid no ha sido citada a declarar en Púnica pero sí lo hará como testigo en el juicio de Gürtel. La petición de su antiguo colaborador Francisco Granados a Eloy Velasco para que aclare sus responsabilidades en determinados contratos de la trama Púnica fue desestimada por el magistrado.