Un total de 55 ficheros con los nombres de otros tantos políticos de Podemos y diputados en el Congreso han abierto un frente desconocido hasta ahora sobre las maniobras de la Policía contra la oposición democrática durante el último Gobierno del PP. En esos ficheros aparecen casi 7.000 consultas a bases de datos restringidas que agentes del Cuerpo Nacional de Policía –y unos pocos de la Guardia Civil– realizaron sobre los miembros de la formación de izquierdas, también y sobre todo, cuando desempeñaban cargos públicos elegidos por los ciudadanos, lo que dota al espionaje de especial gravedad.
La documentación está incorporada a una investigación de la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia contra el partido y ahora el juez Santiago Pedraz debe discernir cuántas de esas consultas irregulares están relacionadas con las maniobras policiales puestas en marcha desde el Ministerio del Interior para hacer frente a la entonces formación emergente y cuáles responden a intereses espurios de agentes que actuaban en solitario, bien por la aversión por motivos ideológicos que merece el partido en un amplio sector de la Policía, o porque buscaban información que vender sobre el partido.
La información ha sido aportada al juez por la Unidad de Asuntos Internos, en respuesta a un requerimiento del magistrado del pasado mes de marzo. En febrero, Pedraz admitió a trámite una querella de Podemos que pedía investigar actuaciones concretas del Ministerio del Interior contra su formación en tiempos del Partido Popular. Una de las líneas de investigación partía de una conversación mantenida por el número dos de Interior entonces, Francisco Martínez, con un destacado miembro de la brigada política, el comisario Enrique García Castaño, a través de Whatsapp.
En plenas negociaciones de PSOE y la formación de Pablo Iglesias para formar un gobierno de coalición, el secretario de Estado de Seguridad apremiaba a buscar antecedentes de los diputados electos de Podemos. “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo?”, escribió el mando político de más de 160.000 policías y guardias civiles.
Sin embargo, el interés del PP por sabotear a Podemos se remonta a su irrupción. Las consultas en las bases de datos que han trascendido ahora corresponden a 2015 y 2016, pero el diario del comisario Villarejo recoge encargos de sus jefes del Ministerio contra la formación desde septiembre de 2014, cuatro meses después de Podemos se presentara por primera vez a unas elecciones, las del Parlamento europeo.
En el caso de Villarejo o del interlocutor de Martínez, el comisario García Castaño, se trata de miembros de un grupo reducido de mandos que participaron en los encargos políticos contra los independentistas catalanes, Podemos o para sabotear el caso de corrupción de la caja B del PP. Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), dotada de medios humanos y materiales propios que no requerían de apoyos en sus espionajes fuera de los muros de su sede en la Comisaría General de Información.
Consultas que dejaron rastro
La información en bruto que ha podido recuperar la actual Policía revela que agentes de 57 comisarías de todo el territorio buscaron información de dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra, Iñigo Errejón o Carolina Bescansa entre 2015 y 2016. De la impunidad con la que actuaron los policías, con independencia de su motivación, se revela en que todas las consultas a las bases de datos policiales dejan huella.
En las plantillas enviadas a la Audiencia Nacional aparecen los DNI de los agentes, también algunos números de carnet profesional de guardias civiles, y esa consulta puede constituir un delito de revelación de secretos, como acredita la jurisprudencia sobre el tema.
Algunos de los más buscados en las distintas bases de datos de la Policía fueron los que entonces ostentaban la dirección del partido o que ejercían como caras visibles del mismo: Pablo Iglesias, Irene Montero, Iñigo Errejón, Ione Belarra, Victoria Rosell, Gloria Elizo, Pablo Bustinduy, Carolina Bescansa, Tania Sánchez, Aina Vidal o Juan Pedro Yllanes.
En los casos de estos 11 dirigentes y diputados, las búsquedas en las bases de datos son muy específicas: nombre, segundo nombre si lo hay, dos apellidos y fecha exacta de nacimiento. En otros casos, de diputados con apellidos más comunes, se observa que la Policía ha aportado búsquedas sobre personas con nombres similares o con fechas de nacimiento que no se corresponden, pero en el caso de estos exdirigentes de Podemos no deja lugar a dudas de que el agente les buscaba de forma específica.
Un análisis de los datos demuestra que, en el caso de estos 11 políticos ligados entonces a Podemos, las búsquedas en las distintas bases policiales se produjeron desde 57 comisarías repartidas por todas las comunidades autónomas a excepción de Euskadi. Pablo Iglesias, por ejemplo, fue buscado en 121 ocasiones desde Reus, Alicante, Santiago de Compostela o Albacete. Ione Belarra otras 13 veces más desde Cuenca, Sevilla o Ceuta y Melilla. Iñigo Errejón un total de 34 veces desde Logroño, Vélez-Málaga y Oviedo. El actual ministro Pablo Bustinduy en 19 ocasiones desde Madrid, Cartagena, Torrelavega o Jerez de la Frontera.
Los datos también muestran coincidencias y cómo una misma dirección IP buscó, en fechas cercanas, a distintos dirigentes de Podemos desde distintos lugares. La misma dirección IP que buscó a Iglesias de forma compulsiva en mayo de 2016 lo había hecho también, un año antes, con Victoria Rosell desde la comisaría local de Maspalomas, en Canarias. O a Iñigo Errejón desde distintas comisarías de Valencia, Las Palmas y Murcia.
Pero entre esas búsquedas, que podrían responder al interés personal y espurio de un buen número de policías, hay otras que resultan más inquietantes por el lugar desde el que se producen. Sirva como ejemplo el caso del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, sobre el que se indaga desde la comisaría Alcantarilla, la de Ruzafa o la de Alcobendas, pero al que también se investiga desde organismos centrales de la Policía, donde se ubican unidades de élite, algunas como la UDEF o la Brigada de Información.
25 consultas sobre Iglesias en un día
El 22 de julio de 2015, un mismo funcionario de la Brigada Provincial de Información realiza 25 consultas sobre Iglesias. Por aquel entonces, el político copa tertulias televisivas e informaciones de los medios tras el éxito en las elecciones europeas de mayo y los sectores más reaccionarios del país aprecian ya su proyecto como una amenaza. Las búsquedas del Policía pretenden averiguar movimientos de Iglesias entre 2005 y 2010.
Para contextualizar la búsqueda cabe destacar que la Brigada de Información en Madrid investiga, entre otros asuntos, los radicalismos políticos que degeneran en violencia u otros delitos. A sus plantillas pertenecen los dos policías que han protagonizado las últimas revelaciones periodísticas sobre infiltraciones en movimientos sociales.
El objetivo de la investigación es analizar los datos masivos aportados al magistrado y dilucidar cuáles de estas búsquedas pudieron responder a un plan coordinado desde altas instancias policiales, y cuáles pudieron ser accesos puntuales de agentes. Accesos que, aunque no respondan a una estrategia de la 'brigada política', también pueden llegar a ser sancionadas por la vía disciplinaria o incluso por la vía penal si se identifica al autor. A Iglesias también le buscan policías de la Comisaría del Congreso o destinados en Presidencia del Gobierno, cuando en Moncloa estaba Mariano Rajoy.