“Por el momento” no se ha producido ningún cambio en la política penitenciaria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y, por ello, no existe aún ninguna razón para arremeter contra el Ejecutivo como llevan haciendo el PP y Ciudadanos en las últimas horas. Así lo consideran las dos principales asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA, que han querido desmarcarse de la campaña puesta en marcha por los conservadores y por el partido de Albert Rivera al acusar a Sánchez de “ceder al chantaje” de los terroristas después de que el miércoles se trasladara a dos presos de la banda de la cárcel de Asturias a la de Basauri (Bizkaia) tras serles concedido el tercer grado que había sido gestionado por el Gobierno de Mariano Rajoy.
Este jueves el líder del PP, Pablo Casado, incidía en esa misma idea al considerar esos traslados de Olga Sanz y Javier Moreno –condenados a más de 70 años de cárcel cada uno por intentar asesinar a, entre otros, el eurodiputado conservador Carlos Iturgaiz– como una “contraprestación a una moción de censura vergonzante”. “Pensamos que no cabe el acercamiento de presos ni beneficios penitenciarios para aquellos terroristas que no se han arrepentido y que no han colaborado en el esclarecimiento de los 300 crímenes que siguen impunes”, decía desde Santa Pola.
“Es preocupante la política antiterrorista del Gobierno. No puede haber acercamiento ni beneficios a los terroristas que no han pedido perdón, como hemos visto con los que intentaron asesinar a Carlos Iturgaiz –. No se puede premiar a los verdugos y castigar a las víctimas”, sostenía en esa misma línea la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat.
En cambio, Miguel Folguera, consejero de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) insiste en que “hasta ahora” el Gobierno no ha realizado “ninguna cesión” a los terroristas ni a las fuerzas nacionalistas que respaldan otra política penitenciaria. En declaraciones a eldiario.es, asegura que los dos traslados “cumplen los requisitos” establecidos por las autoridades judiciales. “Son medidas que se llevaban tomando con los gobiernos anteriores de PSOE y PP. No hay nada nuevo y, por tanto, no hay ningún guiño al PNV como dicen por ahí”, explica.
Es la misma tesis que defiende la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez. “Que el PP haga política como le dé la gana, pero en este caso su postura no coincide para nada con la nuestra así que no se apropien de nosotros”, explicaba en conversación telefónica a primera hora de la tarde de este jueves. Asimismo, añade que su organización “nunca criticó los acercamientos” que, como recuerda, “son perfectamente legales”. Como ejemplo cita la política penitenciaria puesta en marcha por el Gobierno de José María Aznar, que “acercó de golpe a casi 200 presos de ETA sin exigirles nada”.
No obstante, las asociaciones de víctimas se muestran “temerosas” de que el Gobierno de Sánchez ponga en marcha los acercamientos que ha prometido que realizará en los próximos meses. “Tememos que pueda hacer cesiones, porque está teniendo presiones del PNV y de la izquierda abertzale para que haya traslados sin condiciones”, apunta Ordóñez. “Somos contrarios a cualquier cesión a los terroristas y, además, entendemos que la política de dispersión ha ayudado a la reinserción de los presos de ETA”, añade Folguera.