Ha sido una negociación dura, pero al final ha habido un gran acuerdo que ha terminado con aplausos y un cóctel posterior: la comisión de investigación sobre el uso de Pegasus en la Eurocámara ha emitido sus conclusiones en las que asume que en España se espió con ese software a más de los 18 independentistas reconocidos por el CNI y pide que se investiguen los 47 casos restantes. Pero en términos generales, el informe suaviza las conclusiones iniciales de la ponente, la liberal Sophie in 't Veld, que enfadaron a PSOE, PP y Ciudadanos. Así, se elimina el señalamiento a España por el mal uso de ese tipo de sistemas de vigilancia y también rebaja la acusación a Marruecos por el espionaje a Pedro Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Lo que sí le pide al Ejecutivo es que ponga en marcha la reforma del CNI que anunció hace un año y sobre la que no hay noticias.
“El Gobierno español ha dado información limitada sobre su rol en el señalamiento de objetivos, invocando la necesidad de confidencialidad en relación con la seguridad nacional y las obligaciones legales. Sin embargo, sobre la base de una serie de indicadores, algunos de los cuales se han admitido durante la Comisión de Secretos Oficiales, está asumido que la vigilancia a los objetivos catalanes fue dirigida por las autoridades españolas”, señala una de las enmiendas pactadas y aprobadas este lunes.
En base a esa conclusión, la comisión de investigación pide en sus recomendaciones que España lleve a cabo “una investigación completa, justa y eficaz de todos los presuntos casos de uso de software espía, incluidos los 47 casos en los que no está claro si los servicios secretos los intervinieron o no con una orden judicial o si otra autoridad había recibido o no órdenes judiciales para atacarlos legalmente”. “La mayoría de las interceptaciones del 'Catalangate' coinciden y están relacionadas con momentos de relevancia política, como la admisibilidad de las leyes de desconexión por el Parlamento catalán y las causas judiciales contra separatistas catalanes, las concentraciones públicas organizadas por Tsunami Democràtic y la comunicación con separatistas catalanes que viven fuera de España”, apunta el texto.
Igualmente, pide pesquisas sobre el uso de ese software contra miembros del Gobierno así como “publicar los hallazgos de conformidad con las leyes aplicables”. Por ahora, todo lo que tiene que ver con la infección de los teléfonos del presidente y los ministros permanece en secreto bajo la investigación judicial. El informe final rebaja, además, el señalamiento a Marruecos que figuraba en el borrador y se limita a atribuirlo a publicaciones en medios de comunicación. No obstante, las conclusiones del Parlamento Europeo sólo tienen valor político y no son de obligado cumplimiento.
Además, reclama que las 18 personas que fueron espiadas por el CNI con autorización judicial -que recuerda en varias ocasiones que en ningún momento fueron imputados en causas penales- puedan acceder a ese documento que permitió intervenir sus comunicaciones y reclama a España que coopere “con los tribunales para garantizar que las personas afectadas por el software espía tengan acceso a un recurso legal real y significativo, y que las investigaciones judiciales concluyan sin demora de manera imparcial y exhaustiva”.
Entre los espiados que el CNI ha reconocido están el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès; personas del entorno de Carles Puigdemont, como el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay; su abogado, Gonzalo Boye; y el secretario general de Junts y expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez. También líderes de la sociedad civil independentista, como Marcel Mauri, el exvicepresidente de la asociación Òmnium que sustituyó a Jordi Cuixart al frente de la entidad mientras este estaba en la cárcel, y la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, entre otros. Pero los expresidentes Quim Torra y Artur Mas forman parte de los otros 47 espiados a través de Pegasus que documentó el laboratorio canadiense Citizen Lab.
Reforma del CNI
La Eurocámara invita a que a la investigación sobre el espionaje en España se sume Europol, al igual que hace en los demás casos analizados, como Polonia, Hungría o Grecia, en los que sí concluye que hubo infracciones o mala administración en el uso de los sistemas de espionaje. En el caso de España establece que el marco normativo se ajusta a los requisitos establecidos por los tratados europeos, pero apunta a la necesidad de algunas reformas, y su implementación debe ser plenamente acorde con los derechos fundamentales y garantizar la protección de la participación pública.
“España tiene un sistema de justicia independiente con suficientes salvaguardias. Sin embargo, tras el descubrimiento de dos tipos de objetivos [dice sobre la infección a los teléfonos de Sánchez y los ministros, por un lado, y de los independentistas, por otro] hay aún algunos problemas que deberían solucionarse con reformas rápidas y profundas y una implementación efectiva”, recoge el texto.
Una de esas reformas a las que señala específicamente es la del CNI, que el Gobierno anunció en pleno escándalo. Ese fue uno de los compromisos que adquirió, además, Sánchez para paliar la crisis con ERC que conllevó el espionaje. Más allá del relevo al frente de los servicios secretos, el Ejecutivo no ha puesto ninguna propuesta sobre la mesa. La que sí aprobó en agosto fue la modificación de la ley de secretos oficiales de 1968, aunque aún no ha salido del Consejo de Ministros en segunda vuelta, por lo que es muy complicado que vea la luz en lo que queda de legislatura.
Tras la aprobación del informe, los grupos involucrados han celebrado la inclusión de sus 'líneas rojas'. Así, el PP ha aplaudido que el texto avale el funcionamiento de las instituciones españolas y el señalamiento al Gobierno por no haber proporcionado suficiente información. Los socialistas, por su parte, están satisfechos con un documento que consideran que está equilibrado.
También ERC se ha apuntado algunas victorias, sobre todo el fracaso de algunas enmiendas que, a su juicio, tenían por objetivo “eliminar el Catalangate del texto, cuestionar la credibilidad de Citizen Lab o relacionar el independentismo con el terrorismo”, según ha explicado al eurodiputada Diana Riba, que ha enfatizado que el informe recoja de forma “clara y explícita” la exigencia de una “investigación completa, justa y eficaz en la que se ofrezca toda la información sobre los casos de espionaje, incluidos los 47 no reconocidos por el Gobierno español”. Puigdemont se ha abstenido al considerar que el informe resalta la “gravedad” del espionaje pero sostiene que hace “seguidismo” del Gobierno al introducir cuestiones como la independencia del sistema judicial.
En el otro lado de la balanza está Ciudadanos, que considera que el informe está “preñado de mala fe” y anticipa su voto en contra en el Pleno -dado que en la comisión no tenía ningún representante-. “Estoy convencido de que la ponente sabe que lo que dice no es cierto, que no se puede demostrar, que lo que hace es arrojar una sombra de duda sobre una democracia sólida como la nuestra, que tiene imperfecciones que en Ciudadanos denunciamos, pero no se puede verter la duda de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el CNI y la Justicia española no hacen las cosas dentro de la ley”, ha dicho el eurodiputado Jordi Cañas sobre la encargada de pilotar el informe, que es de su grupo en la Eurocámara (Renew). Vox ha votado en contra.
El informe que detalla los resultados de la investigación que se ha prolongado durante más de 14 meses ha sido aprobado con 30 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. La lista de recomendaciones ha salido delante con 30 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Este documento tendrá que validarse en el Pleno a mediados de junio.
La Eurocámara es especialmente dura con Polonia y Hungría a cuyos gobiernos acusa de haber desmantelado los mecanismos de supervisión independientes. En la Hungría de Viktor Orbán el uso de programas de espionaje ha sido “parte de una campaña calculada y estratégica para destruir la libertad de prensa y la libertad de expresión por parte del gobierno”. En Polonia, el uso de Pegasus se enmarca en “un sistema para la vigilancia de la oposición y los críticos del Gobierno, diseñado para mantener la mayoría gobernante y el Gobierno en el poder”. Los eurodiputados reclaman que cumpla con las sentencias europeas y exigen que el uso de programas de espionaje cuente con autorización judicial independiente previa, así como revisión judicial a posteriori.