La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo (PE) respaldó hoy que se permita a los países prohibir el cultivo de transgénicos en su territorio, también por motivos medioambientales, aunque su producción y su comercialización estén aprobadas en la UE.
Los parlamentarios europeos defienden así una postura más restrictiva que los países de la UE y la Comisión Europea (CE) sobre la polémica reforma de la legislación comunitaria sobre organismos genéticamente modificados (OGM), pendiente desde 2010.
El voto estaba previsto para el pasado martes, pero fue pospuesto tras constatar que la división de los europarlamentarios les impedía cerrar un texto con suficientes apoyos como para mantener una postura fuerte en las negociaciones con los Estados miembros que comenzarán esta misma tarde, explicaron a Efe fuentes europeas.
Las negociaciones de la última semana permitieron a los grupos pactar una posición aceptada por la mayoría de los grupos, incluido el Partido Popular Europeo, que inicialmente defendía una línea más cercana a la de los países y la Comisión Europea (CE), explicaron estas fuentes.
“Hemos logrado una posición fuerte para el Parlamento Europeo”, aseguró satisfecha la liberal belga Frédérique Ries, ponente del informe sobre la legislación, durante la votación.
Una de las cuestiones más delicadas es la llamada “fase uno” propuesta por la CE y respaldada por los Estados miembros, que ha sido modificada por el Comité de Medio Ambiente de la Eurocámara para evitar que las multinacionales tengan un gran peso en ella.
La CE había propuesto que los países que no quieran que se cultive un transgénico concreto en su territorio tendrían que dirigirse antes a las compañías que los producen -como Monsanto o Bayer- para pedirles que, cuando soliciten a Bruselas el permiso para producir y comercializar uno de estos productos, excluyan a su territorio de la misma.
Por su parte, los países mantuvieron esta posibilidad de diálogo, aunque pactaron que los que deseen prohibir el transgénico puedan hacerlo incluso si no han dado antes este paso, lo que en la práctica supone legalizar la situación actual.
Un gran número de Estados miembros, como Francia, Austria o Hungría, actualmente cuentan con medidas nacionales contra el cultivo de transgénicos que sin embargo están autorizados a nivel europeo, lo que crea ciertas dificultades legales.
La Comisión presentó esta propuesta precisamente para solucionar ese vacío legal y regular los modos en que los países pueden prohibir los transgénicos, que es lo que ahora se negocia.
“Los parlamentarios han mejorado radicalmente el texto adoptado por los países, que había sido muy influenciado por la postura favorable a los transgénicos de Reino Unido”, dijo el director de política agrícola de Greenpeace, Marco Contiero, en un comunicado.
La llamada “fase uno” ha sido muy criticada por las organizaciones medioambientales, que consideran que supone poner a los países y las multinacionales al mismo nivel y forzarlos a negociar puede aumentar el poder de las compañías sobre los gobiernos.
“El derecho de los países europeos de prohibir legalmente los cultivos modificados genéticamente ha dado un gran paso adelante, sin la interferencia de las grandes compañías con intereses sesgados”, afirmó Mute Schimpf, de la organización “Amigos de la Tierra” en un comunicado.
El otro gran caballo de batalla de la propuesta son los criterios de justificación que pueden alegar los países para prohibir el cultivo del transgénico.
Los eurodiputados se pronunciaron a favor de que los países también puedan alegar criterios medioambientales para prohibir estos cultivos, como la preservación de la biodiversidad o la falta de pruebas sobre los posibles efectos negativos de estos cultivos sobre el medioambiente, en contra de la posición de los países y de la CE.
“El voto de hoy ofrecerá una mayor certidumbre, permitiendo las prohibiciones sobre la base de razones medioambientales, además de aquellas analizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria”, celebró el eurodiputado belga de los Verdes, Bart Staes.