Viktor Orbán, Giorgi Meloni, Geert Wilders… La extrema derecha se va abriendo paso en Europa. Más allá del respaldo que las fuerzas populistas han ido encontrando en las urnas, el Partido Popular Europeo (PPE) ha roto el cordón sanitario que hasta hace unos años operaba en el continente y le va dando poder. Es la tónica de la mayoría de países, a excepción de España y Polonia, donde recientemente el popular Donald Tusk consiguió romper la mayoría del ultranacionalista Ley y Justicia que estaba en el poder desde 2015 y Pedro Sánchez revalidó la coalición progresista ante la imposibilidad de Alberto Núñez Feijóo y Vox de formar gobierno.
La extrema derecha de Marine Le Pen amenaza con convertirse en la primera fuerza en Francia tras mucho tiempo siendo la segunda y ha aumentado sustancialmente en Alemania, donde el partido ultra Alternativa por Alemania ha ganado por primera vez una alcaldía. En Holanda está a las puertas de gobernar tras vencer en las elecciones.
Todo ello se va a traducir en una Europa más conservadora. Y eso va a tener su reflejo en el diseño de la próxima Comisión Europea, donde cada país nombra un comisario de la cuerda del gobierno, más allá de la propia composición del Consejo de la UE, donde están representados los 27. También en la Eurocámara se espera una mayor presencia de la extrema derecha, que puede llegar a ser la segunda fuerza.
El PPE ha asegurado que pretende mantener la alianza vigente hasta ahora con los socialdemócratas (S&D) y liberales (Renew), que reivindica la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero también lo ha hecho el líder, Manfred Weber. No obstante, además de bendecir las alianzas con la extrema derecha, él se ha apoyado en los Conservadores y Reformistas (ECR) e Identidad y Democracia (ID) para tratar de torpedear algunas de las políticas clave del gobierno comunitario, como la prohibición de la venta de coches de combustión a partir de 2035 o la ley para restaurar la naturaleza, que se salvó por la mínima y salió adelante muy descafeinada respecto a la propuesta inicial.
“Si en 2019 el clima era el ámbito político en el que todos los partidos estaban de acuerdo y la migración era el más divisivo; en 2024 parece lo contrario: el Pacto Verde se convertirá en el asunto político más divisivo del próximo ciclo político”, augura Alberto Alemanno, profesor de Derecho de la UE en la HEC París.
La amenaza a la agenda verde
Las protestas agrícolas que han recorrido buena parte del continente están detrás del frenazo que la derecha ha querido dar a la política medioambiental, que se ve amenazada entre los intereses económicos y los electorales. “Deberíamos prestar atención a la capacidad de absorción”, dijo Von der Leyen sobre la agenda verde europea hace unos meses, cuando su propio partido empezaba a descolgarse y países como Francia o Bélgica, entre otros, planteaban una ‘pausa’ en la normativa con el argumento de no perjudicar la industrialización en un momento en el que la UE ha hecho del incremento de la competitividad una de sus prioridades ante la feroz competencia con Estados Unidos y China, fundamentalmente. Lo cierto es que por el momento la propia UE ve difícil cumplir con sus propios objetivos verdes.
“Ha sido un ciclo europeo marcado por las sorpresas y la capacidad de responder de forma unida, flexible, buscando la solidaridad entre los estados miembros. En los próximos años deberemos consolidar ese modelo europeo, deberemos seguir haciendo Europa sobre la base de la solidaridad, la unidad y la flexibilidad, pero incorporando con contundencia la agenda verde, sabiendo que es ahí donde se producen las oportunidades para reducir desigualdades entre los ciudadanos urbanitas y rurales, del norte y del sur, del este y del oeste; y donde se generan las oportunidades de inversión industrial y de creación de empleo de calidad. Y eso requiere un planteamiento generalizado en las finanzas, la economía, la política ambiental, de cohesión territorial, en los transportes… Estoy segura de que esta va a ser la apuesta más importante de Europa para los próximos años”, aseguró la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, antes de reunirse con sus colegas en la última cita del año. Un mensaje de cara a la próxima legislatura en la que muchos la ven como responsable del Pacto Verde en la Comisión Europea.
Cerrar el pacto migratorio antes de las europeas, objetivo en sí mismo
En todo caso, la amenaza de la extrema derecha ha llevado a la Comisión, el Consejo y el Parlamento a pisar el acelerador de las negociaciones de algunas medidas clave, que muchas de las fuentes consultadas consideran que serían inviables inmediatamente antes de las elecciones europeas o con una nueva composición más conservadora de las instituciones. “Si no sale en este mandato, en el próximo va a ser imposible”, ha repetido hasta la saciedad el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar sobre el Pacto de Migración y Asilo.
Tanto los gobiernos como la Eurocámara se pusieron como meta cerrar los cinco expedientes que componen la nueva normativa en materia migratoria antes de que acabara este año, conscientes de que no podían dejar pasar otra legislatura. “No subestimemos el riesgo que hubiese supuesto no haber alcanzado un acuerdo. Fuimos a las elecciones europeas de 2019 con la migración como principal preocupación de los ciudadanos de la UE, y no fuimos capaces de darles una respuesta legislativa”, aseveró la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, tras cerrarse el acuerdo, que supone un endurecimiento de las reglas para el asilo, facilita las expulsiones exprés y dice adiós a la solidaridad obligatoria sustituyéndola por un procedimiento en el que el que paga puede no acoger refugiados.
Ese pacto se cerró en paralelo a la batalla de Emmanuel Macron por sacar adelante una ley que endurece las condiciones de la reagrupación familiar, recupera el delito de “estancia irregular” y limita el acceso a las ayudas públicas. Lo hizo con el apoyo de Le Pen abriendo una brecha en su Gobierno. Meses antes, el liberal Mark Rutte adelantó las elecciones acuciado por el asunto migratorio y la extrema derecha se impuso en las urnas.
Una vez superada esa gran batalla, la gran negociación con la que arrancará el año con la vista puesta en culminar antes del periodo electoral es la del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La UE dio una respuesta radicalmente distinta a la crisis de la pandemia que las recetas de la austeridad del pasado, que están detrás del ascenso de los partidos extremistas, según varios estudios. La intención ahora es retomar el corsé fiscal, que obliga a los estados miembros a tener máximos de déficit y deuda del 3% y el 60%, respectivamente, respecto al PIB, pero con mayor flexibilidad que en el pasado.
La incógnita del apoyo a Ucrania
Aunque en el diseño de los ministros de Economía, que ahora tendrán que negociar con el Parlamento Europeo, se ha cedido a las imposiciones de Alemania y los ‘halcones’, que querían objetivos mínimos de reducción de deuda, entre otras cosas, países como Francia e Italia han logrado un cierto margen de maniobra para llevar a cabo inversiones en asuntos como la transición ecológica.
“La lista de retos a los que se enfrenta la UE es larga, pero los más apremiantes serán cómo ampliar la UE (ampliación) al tiempo que se profundiza (reforma institucional) en un momento de cambios geopolíticos sin precedentes”, afirma Alemanno.
Ucrania seguirá siendo una de las prioridades (y los conflictos en el seno de la UE) a lo largo de 2024. Una vez obtenida la luz verde para que se inicien las negociaciones de adhesión con una inédita mayoría conseguida gracias a que el ultranacionalista húngaro Viktor Orbán abandonó la sala, el camino será largo y tortuoso. La próxima pelea ya tiene fecha: el 1 de febrero, que será cuando los líderes intentarán conseguir el visto bueno de Hungría a la revisión del presupuestos europeo a través del que quieren canalizar 50.000 millones de euros a Kiev hasta 2027. Después llegará el momento de establecer el marco de negociación para la adhesión, que será el siguiente hito en el que Hungría se reserva sus cartas en forma de veto ya que se requiere unanimidad.
La ampliación de la UE, que requiere una reforma interna del propio club comunitario, según reflejaron las conclusiones del último Consejo Europeo. Es decir, que para que más socios se puedan unir, los actuales tienen que “emprender el trabajo preparatorio en el ámbito interno y las reformas necesarios”. Los lideres de los 27 fijaron el verano de 2024 como el plazo máximo para establecer esa hoja de ruta, así que el asunto será uno de los principales de la campaña electoral, aunque quede opacado por los asuntos nacionales.