José Manuel Calvente, el abogado que ocupó puestos de especial relevancia dentro del área legal de Podemos hasta que fue despedido en diciembre de 2019, declinó en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional identificar a la “persona en concreto” que le dijo que el llamado caso Dina fue un “montaje” urdido por el partido para obtener rédito electoral. “Tengo bastante discusión con esta persona, no quiero decir el nombre. Me lo confirman así, me lo dicen claramente [que fue un montaje]”, dijo Calvente a preguntas del juez del caso, Manuel García-Castellón, según los audios de esa declaración a los que ha tenido acceso elDiario.es.
El extrabajador de Podemos aseguró el pasado 1 de agosto en una entrevista en El Mundo que el caso Dina fue un “montaje” maquinado por la cúpula del partido de Pablo Iglesias. Esas declaraciones llevaron inmediatamente al juez García-Castellón a llamarlo a declarar como testigo en la pieza del caso Villarejo que investiga la difusión de información robada del móvil de la excolaboradora de Pablo Iglesias Dina Bousselham dirigida contra el vicepresidente del Gobierno y la formación política que lidera. El robo del teléfono se produjo en noviembre de 2015, justo un mes antes de las primeras elecciones generales a las que se presentaba Podemos, y parte de su contenido acabó publicado en varios medios de comunicación tras la repetición electoral de junio de 2016.
En sus casi cuatro horas de declaración como testigo —con obligación de decir verdad, por tanto— el letrado insistió en la teoría del supuesto montaje que habría urdido Podemos para hacer pasar este caso por una operación de las cloacas del Estado y aseguró que dentro del partido muchos interpretaron la difusión de esos mensajes como una “filtración interna” por las “batallas” que había en ese momento en el seno de la formación, con el sector de Iñigo Errejón enfrentado al de Pablo Iglesias.
Calvente llegó incluso a acusar a Iglesias de no dar información veraz cuando en marzo de 2019 declaró como perjudicado en esta pieza el caso Villarejo. “He oído en prensa que Iglesias declaró que era una campaña de las cloacas. Esa declaración no es veraz. Cuando yo la escuché confirmé que todo esto era un montaje”, insistió el abogado. Y aseguró que cuando la Policía registró la casa del comisario José Villarejo, ahora en prisión, en noviembre de 2018 y apareció información del teléfono robado a Bousselham Iglesias “se acojonó” pensado que el agente podía tener más información comprometedora del partido.
“Cuando se hallaron los archivos de Villarejo se abrieron tres posibilidades: Iglesias se ha acojonado, porque si Villarejo realmente tiene cosas y esto se mete en una causa, esto va a salir filtrado mañana y a saber el daño que va a hacer. Segundo, podemos retomar el tema de las cloacas. Lo enlazo y demuestro que aquí me han estado persiguiendo. Tercera opción: vamos a utilizar esto para paralizar una causa en el Tribunal Supremo [una demanda de Iglesias contra el director de OkDiario, Eduardo Inda]”, detalló el letrado.
Vuelco al caso Dina
Precisamente este miércoles el caso Dina ha dado un vuelco al conocerse que Pablo Iglesias volverá a figurar como perjudicado casi cuatro meses después que el juez, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, le retirara esta condición. La Sala de lo Penal, que ha estimado el recurso de la representación legal de Iglesias, recuerda al magistrado que no hay más indicios que los que señalan al comisario Villarejo como el autor de la difusión de la información robada del móvil y que las “hipótesis alternativas” de García-Castellón serían, en todo caso, competencia de juzgados ordinarios.
Tras retirarle la condición de perjudicado el juez estableció como prioridad resolver qué hizo Iglesias con la tarjeta del móvil de su antigua colaboradora o una copia y le atribuyó dos posibles delitos —revelación de secretos y/o daños informáticos— por la retención injustificada del contenido del móvil durante al menos seis meses y el supuesto daño al dispositivo. Dos informes periciales aportados recientemente a la causa han alejado las sospechas sobre el vicepresidente como causante de los “daños” en la tarjeta.
En su declaración ante el juez, Calvente también fue preguntado en varias ocasiones por su conocimiento sobre la tarjeta. De nuevo el abogado se negó a identificar a la persona que en marzo de 2020, ya fuera de Podemos, le dijo que Iglesias no se la devolvió a Bousselham en enero de 2016 “porque no se fiaba de ella y tenía miedo que se filtrara antes de las elecciones del 26J”. La representación legal del líder de Podemos le preguntó quién se lo dijo y Calvente se negó a dar esa información. Iglesias tenía en ese momento una copia de la tarjeta porque se la habían entregado los responsables del desaparecido grupo de comunicación Zeta, propietario en aquel momento de la revista Interviú.
De hecho, en su careo con el abogado de Iglesias, Calvente insistió en que él no supo nada de la existencia de la tarjeta hasta marzo de 2020, cuando se levantó el secreto del sumario, aunque la existencia del proceso judicial fue ampliamente publicada desde un año antes, en marzo de 2019, y con él todavía dentro del equipo legal de Podemos.
A preguntas del fiscal sí reconoció que de haber conocido la existencia de la tarjeta del teléfono de Bousselham en 2016, la hubiera utilizado en los procedimientos judiciales puestos en marcha por el equipo legal del partido. “De la entrega de la tarjeta y de su devolución no nos dijeron nada. Si la hubiéramos tenido en julio y agosto de 2016 hubiéramos hecho referencia [en la ampliación de la denuncia por el robo]. Y si hubiéramos sabido algo en enero de 2016, hubiéramos hecho una querella como se tenía que haber hecho”, señaló.
“Puenteo” como coordinador legal
El testigo incidió también en el “puenteo” que, en su opinión, sufrió como coordinador del equipo legal ya que, según refirió, se le dejó fuera del caso de la tarjeta. “Me puentean como miembro del equipo, coordinador, como amigo y compañero. No tienen la dignidad de decirme que se está haciendo esto, como se venía haciendo desde 2014”, apuntó hacia el final de la segunda hora de declaración. Desde Podemos han esgrimido la animadversión personal de Calvente tras ser despedido como el motivo por el que ha lanzado sus acusaciones contra el partido.
Calvente sostuvo durante su testimonio que en un primer momento el equipo legal trabajó con la idea de que los pantallazos que publicó originalmente pudieran ser una filtración dentro de las “batallas internas” que había en ese momento en Podemos, con el sector de Iñigo Errejón enfrentado al de Pablo Iglesias. “Gloria [Elizo] nos dijo que las capturas las había realizado Dina con su propio móvil, y que lo más probable es que las hubiese difundido a terceras personas y estos las habrían filtrado para hacer daño a Iglesias”, aseguró el letrado.
No obstante, señaló que él nunca negó que el robo del móvil se hubiera producido realmente. “Yo no puedo decir que el robo fue fingido. Una cosa es que barajáramos la posibilidad, pero yo no he dicho que no hubiera un robo”, asegura el testigo. En otro momento, cuestionado por los mensajes de un grupo de Telegram del equipo legal que publicó El Mundo en los que aparecen mensajes suyos cuestionando la versión de Bousselham, asegura que “se habló de hipótesis” y que “los periodistas han querido sacar ese fragmento”.
En otro momento de la declaración el abogado contó que hablaban de vez en cuando con los fiscales del caso, y que la abogada Marta Flor quiso pasar varios escritos a la Fiscalía y él se opuso. El juez cortó la preguntas de la abogada de Vox sobre la relación de la abogada de Podemos con los fiscales. También se lo impidió al abogado de Villarejo, que protestó airadamente. “Las relaciones íntimas son eso, íntimas”, zanjó el juez, que advirtió al letrado del excomisario que no le va a permitir seguir por esa vía y que cualquier queja que tenga la haga por escrito.
El juez decidió darle, en mitad del rifirrafe, la palabra al fiscal Alejandro Luzón, el jefe de Anticorrupción que ese día acudió al interrogatorio en representación del ministerio fiscal. Luzón defiendió que los fiscales del caso no han tenido “ninguna connivencia” con los abogados de Podemos, que en numerosas ocasiones se han denegado sus diligencias y que su trabajo ha sido “impecable”.
Al final de la declaración, Calvente relató al juez que ha sufrido una campaña de presión y amenazas. “Desde hace un mes sufro una campaña contra mí. Me vienen presionando por los medios, el medio de Dina Bousselham ha iniciado una campaña contra mí. Hay un argumentario interno del partido que dice que Calvente está mintiendo”, relató, y dijo tener miedo porque los insultos puedan convertirse en agresiones por parte de algún militante de Podemos: “El miedo es que haya una persona que esa reacción de insultos la convierta en violencia, porque hay mucho loco en Podemos, hay muchos radicales, mucha kale borroka en Podemos”.