El exalcalde de Valladolid se saltó al interventor municipal para lograr un aval de 100 millones
El exacalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP), mintió a los bancos para que aceptasen el aval del 25% del crédito de 400 millones de euros para soterrar las vías del tren. La denuncia presentada por el Ayuntamiento que él gobernó hasta hace menos de un año no deja lugar a dudas. León de la Riva firmó el 26 de enero de 2011 una comfort letter (carta de conformidad) que ahora obliga al tripartito a pagar 100 millones de euros y que, según el escrito que está ya en manos del juez, es “nula de pleno derecho”.
La parte más incriminadora de la carta de conformidad firmada por León de la Riva está en el punto número 4, en el que se asegura que el Ayuntamiento de Valladolid “declara en este acto que cualesquiera de las actuaciones, así como todos los acuerdos necesarios para el válido otorgamiento del presente documento [...] han sido debidamente realizadas y adoptados”. En realidad, ni el interventor ni el Pleno municipal tuvieron conocimiento de un acuerdo que colapsará el Ayuntamiento si un juez no lo impide.
Por ello, en la denuncia se resalta especialmente que la mentira de León de la Riva “podría implicar una responsabilidad penal para el firmante y quienes hayan intervenido en la operación” (BBVA, Caja Madrid, Banco Santander, ICO, Caja España y la Caixa. Tal y como avanzó este martes eldiario.es, los posibles delitos que podrían derivarse de estas acciones son la prevaricación y la falsedad documental. Estos delitos podrían sentar a León de la Riva en el banquillo por segunda vez, tras su inhabilitación por desobediencia el pasado año.
En el documento de la denuncia se aporta un escrito del interventor municipal que asegura que nunca supo de la existencia de la carta. Este detalle es esencial puesto que debería haber emitido un informe sobre la adecuación presupuestaria de la operación y si superaba el límite del endeudamiento, el sometimiento al órgano colegiado municipal correspondiente y, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda o del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma si la operación fuese viable. Sólo por ello, la comfort letter carecería de validez.
Pero el interventor va más allá y señala que “además de haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido”, el Ayuntamiento tampoco cumplía otro requisito “esencial e incontrovertible” para poder conceder un aval y que además recoge la Ley de Presupuestos Generales para 2011: el endeudamiento del Ayuntamiento, a fecha del momento del aval, no podía exceder el 75%.
Un informe de la Intervención de octubre de 2010 para la celebración de cuatro operaciones financieras por valor de más de 72 millones ya informaba de que el endeudamiento, una vez incluidos estos préstamos, era del 96,70%. Por eso, el interventor sostiene que “el Ayuntamiento no cumplía con un requisito esencial para poder otorgar una carta de conformidad 'fuerte' con carácter de aval por importe de 100 millones”. O lo que es lo mismo, desde enero de 2011, dada la situación financiera del Consistorio, no se hubiese podido suscribir “ninguna operación de crédito o aval como la que supuso la carta que firmó” (León de la Riva) el 26 de enero de ese año“.
No es la única irregularidad. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que el Ministerio de Hacienda mantendrá una central de riesgos que provea de información sobre las distintas operaciones de crédito concertadas por entidades locales, así como las cargas financieras que supongan. Los encargados de remitir los datos son los bancos, cajas y entidades financieras, y también las administraciones públicas remitirán los datos a tal fin. Sin embargo, los bancos no cumplieron con la ley porque, tal y como señala el interventor municipal tras consultar la Central de Información de Riesgo, “estando obligadas a declarar las entidades de crédito, de los riesgos directos e indirectos, no consta anotación de esa carta de conformidad”.
No fue una cuestión de ignorancia de la ley por parte del Ayuntamiento o de los bancos porque, tres meses antes de firmar esa comfort letter, suscribieron cuatro créditos por mas de 72 millones de euros y en ese momento sí que siguieron todos los trámites preceptivos.
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, destacó que no ha tenido más remedio que acudir a los tribunales. “Tuvimos conocimiento de la situación en octubre de 2015, cuando los bancos nos reclamaron 100 millones de euros. Eso rompe el techo de gasto y es inasumible”, comentó. “León de la Riva firmó esa carta de conformidad a pocos meses de las elecciones, en plena crisis, y la operación ferroviaria no se podía hacer. Pero soy yo quien ha tenido que hacer frente a esta situación y decir a los ciudadanos que el soterramiento hoy por hoy no es posible”, lamentó. Puente, letrado de profesión y en ejercicio hasta llegar a la Alcaldía, explicó además que no hay un solo responsable en la situación, y que los bancos “conocían la situación financiera del Ayuntamiento porque habían suscrito créditos meses antes”.
