El exalcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez Freijo, condenado en 2014 a tres años de prisión por cohecho y prevaricación, debido a las recalificaciones en favor de una constructora, se dedica ahora a la gestión inmobiliaria. Lo hace en el mismo municipio en el que prevaricó y vendiendo locales construidos por la promotora a la que benefició. Tal y como ha podido comprobar eldiario.es, Méndez aparece como gerente de Villabol Gestión Patrimonial SL en las tarjetas de visita que reparte. Esta inmobiliaria tiene su sede en la calle Francisco de Vitoria, en uno de los edificios Mahía, una constructora gallega cuyo dueño, al igual que Méndez, fue condenado a tres años de prisión.
La nueva empresa que da trabajo al exalcalde, se creó en 2016 y tiene como administrador único a un hombre con cargos activos en 42 sociedades. Hasta el momento, y según los anuncios en distintas webs, Villabol sólo vende locales y pisos en Arroyo, y todos fueron construidos por Mahía. Méndez ha rechazado hacer declaraciones a eldiario.es.
Según la sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Valladolid en 2013, ratificada más tarde por el Supremo, José Manuel Méndez fue la pieza principal de una trama urbanística conocida como caso Arroyo. Procedente del municipio gallego de As Nogais, donde fue concejal de Bloque Nacionalista Galego, y apadrinado según distintas fuentes por el ya fallecido Xosé Cuiña, consejero de Obras Públicas (1990-2003) de la Xunta de Galicia, secretario general del Partido Popular de Galicia (1990-1999) y diputado autonómico (1990-2007), recaló en Valladolid bajo las siglas del PP en un municipio perfecto en la etapa la burbuja inmobiliaria: pegado a Valladolid y con muchísimas áreas sin desarrollar.
Méndez no sólo multiplicó el número de viviendas y habitantes, consiguió arrebatar Ikea a la capital y consiguió también que se instalase en Arroyo uno de los Decathlon más grandes de España.
Cantidades “salvajes” de la constructora
La relación entre Méndez y el dueño de la constructora gallega Mahía, Ramón López Casal empezó a tener consecuencias para el urbanismo del municipio desde 1999, cuando Méndez aún era concejal de Deportes, y también una vez accedió a la Alcaldía. El entonces alcalde recibió de la constructora “un préstamo” de 30 millones de pesetas (que nunca devolvió) con el que salvó un descubierto en su empresa Recreativos Dema, así como una casa en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). A cambio, el Ayuntamiento de Arroyo realizó importantes recalificaciones de suelo que beneficiaron directamente a Mahía. En el juicio fueron determinantes las declaraciones del socio fundador de la promotora, Manuel Gómez Maroñas, que aseguró que Méndez recibió “cantidades salvajes” para favorecer sus intereses en varios municipios de Castilla y León.
Tras una breve estancia en la prisión coruñesa de Teixeiro, Méndez regresó a su vivienda en Arroyo, retomó su vida en el pueblo y es frecuente verle en la sede de la inmobiliaria pero también acompañado de sus antiguos correligionarios. Miembros del PP y también del IPAE (Independientes por Arroyo de la Encomienda) el partido que se vio obligado a crear cuando la investigación del caso hacía inviable su permanencia en el Partido Popular, se reúnen con él con frecuencia. El PP gobierna Arroyo en la actualidad gracias al apoyo del partido de Méndez.
En la actualidad se encuentra investigado por blanqueo de capitales. Tal y como publicó eldiario.es, en 2012 tras cerrarse la instrucción del caso Arroyo y cuando todavía era alcalde de ese municipio, Méndez aprovechó la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para regularizar 211.485 euros cuyo origen trata de determinarse ahora.