La exatleta Marta Domínguez, pendiente de una decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre su posible caso de dopaje, no irá finalmente en las listas del PP por Madrid. Aunque en principio iba a ocupar el puesto 19 por Madrid, no figura en las listas electorales que ha publicado hoy el BOE.
Desde el PP aducen “motivos personales” para explicar la ausencia de Marta Domínguez, que durante la última legislatura ocupó un puesto en el Senado por este partido. Su actividad fue escasa. Según los datos de la web del Senado, sus iniciativas se limitan a cuatro preguntas- tres de ellas orales en comisión- y no llega a 25 intervenciones durante los cuatro años que estuvo en la cámara alta.
Rajoy la incluyó en el puesto 19 de las listas del PP de Madrid, una posición con la que tenía muy difícil hacerse con el acta de diputada. Los populares consiguieron justo 19 escaños en las elecciones de 2011, y las encuestas para estos comicios auguran un resultado muy por debajo.
A pesar de su escasa labor política, Rajoy se arriesgó a incluir a Domínguez en las listas cuando la exatleta está pendiente de que el TAS emita sus conclusiones del análisis de su pasaporte biológico. En concreto, el tribunal estudia si se sirvió de autotransfusiones o del consumo de EPO para ganar títulos. Si es declarada culpable, le retirarán el oro mundial que ganó en 2009 y la plata europea del año siguiente, ambas en la categoría de 3.000 metros obstáculos.
El TAS lleva semanas retrasando el veredicto de Domínguez, que fue exculpada de un delito penal, pero que siempre ha estado relacionada con la Operación Galgo. Cuando la incluyeron en las listas, el PP argumentó que obedecía a la necesidad de incluir a mujeres y a su perfil público.
La vinculación de Marta Domínguez con la Operación Galgo comenzó a finales de 2010, cuando fue detenida por la Guardia Civil. Estuvo imputada por un delito contra la salud pública, tráfico de anabolizantes y blanqueo de capitales, pero la Audiencia de Madrid anuló toda la investigación en 2012. Según este tribunal, no había indicios para que se autorizasen pinchazos telefónicos, registros y seguimientos por parte de la Guardia Civil.
Aunque se le obligó a cerrar el caso, la jueza encargada del caso reprochó en su auto a la atleta una “infracción tributaria”, al tiempo que recuperaba las “sospechas” sobre “conductas sancionables en el ámbito deportivo”, si no en el penal.