El exministro Fernández Díaz pide que el PP también sea acusado en el juicio por la operación Kitchen

El que fue ministro del Interior durante el Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha pedido a la Audiencia Nacional que su partido se siente en el banquillo como responsable civil subsidiario en el juicio por la operación Kitchen: el operativo policial utilizado por la cúpula de Interior, supuestamente, para obtener y neutralizar información comprometedora para el PP en poder de su extesorero, Luis Bárcenas.

Según ha adelantado el diario El País, Fernández Díaz, ministro entre 2011 y 2016 con Rajoy como Presidente del Gobierno, ha solicitado a la Audiencia que el PP sea considerado “beneficiario” de la trama corrupta y que, por tanto, sea acusado en calidad de responsable a título lucrativo, motivo por el que ya fue condenado en el caso Gürtel al entender los jueces que se benefició económicamente de la trama corrupta aunque no pudiera ser imputado penalmente.

La trama Kitchen es una ramificación del caso Tándem que investiga si la cúpula de Interior espió de forma ilegal a Luis Bárcenas para intentar recuperar y neutralizar documentación comprometedora para el PP en poder del extesorero. Según las investigaciones, la trama captó a Sergio Ríos, chófer de la familia, para espiarle y robar esos documentos.

La Fiscalía Anticorrupción, después de que el juez Manuel García Castellón y la Audiencia Nacional dejaran a María Dolores de Cospedal, secrtaria general del PP en ese momento, fuera del juicio, presentó peticiones de cárcel para los implicados: pide 15 años para Fernández Díaz, para el director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino y 19 para José Manuel Villarejo.

Se trata de una petición en la línea de la realizada hace unos días por el que fue la mano derecha de Fernández Díaz en Interior, Francisco Martínez. El entonces secretario de Estado de Seguridad también presentó un recurso en octubre solicitando que el PP fuese juzgado como responsable civil para que se haga cargo de posibles condenas económicas por el caso.