El expediente para entregar al jefe de la brigada política la medalla más cara de la Policía: “Es evidente que la merece”

La investigación del caso Kitchen ha revelado el desprecio por la legalidad con la que trabajaron un grupo de políticos y mandos policiales en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. A ello se añade una patrimonialización de los recursos públicos y una perversión de los procedimientos administrativos que cristalizan en el mercadeo de las condecoraciones policiales, tal y como acredita el expediente de la concesión de la más importante que se puede entregar en vida, la Medalla de Plata al Mérito, que recibió el artífice de la brigada política, el comisario Eugenio Pino, con motivo de su jubilación, y que lleva aparejada una pensión vitalicia del 15% de su salario.

En un solo día, el director de la Policía, Ignacio Cosidó, nombró “juez instructor especial” del expediente y secretario. Fue el 23 de mayo de 2016. De inmediato, ambos funcionarios certificaron que habían recibido el encargo al tiempo que lo daban por resuelto. Esa misma jornada, el secretario general de la División de Personal, Jacobo Orellana, escribió: “Dada la brillante trayectoria profesional del Sr. Pino Sánchez, y siendo evidente que ha desempeñado de modo relevante el cargo de Director Adjunto Operativo de la Dirección General de la Policía, se estima no es necesaria la práctica de diligencias, por lo que deberá darse por concluso este expediente sumario”.

El expediente de la concesión de la medalla a Pino ha sido remitido a la comisión del Congreso que investiga el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. De su lectura quedan patentes varios aspectos: el primero, que el procedimiento fue un formalismo sin ninguna profundidad que escondía la única voluntad de ejecutar una orden. El segundo, que esa orden partió en exclusiva del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por mucho que en las declaraciones de los investigados en el Congreso y ante el juez estos apelen siempre a un reglado proceso administrativo y a decisiones colegiadas, tanto en la concesión de medallas como de destinos privilegiados en embajadas.

Y en tercer lugar, el procedimiento utilizado sirve para constatar el papel del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, en esfuerzo permanente por aferrarse al cargo sin verse envuelto en irregularidades, pese a que a la concesión de la medalla y otros asuntos que actualmente son objeto de investigación judicial llevan necesariamente su firma. Hasta ahora, Cosidó ha logrado ser el único miembro de la escala de mando en la cúpula policial y del Ministerio de aquella época que ha escapado de la imputación.

“Querido Ignacio: Siguiendo instrucciones del Ministro, te solicito que se tramite de la manera más rápida posible la concesión de la medalla de Plata al Mérito Policial al Director Adjunto Operativo, Comisario Principal Don Eugenio Pino Sánchez, con motivo de su próxima jubilación”. Con estas palabras y “un fuerte abrazo”, el jefe de gabinete de Fernández Díaz en 2016, Javier Conde, escribe el 12 de mayo al director de la Policía. Dicho y hecho, el proceso llevaría solo tres semanas, y Eugenio Pino se jubiló habiendo dirigido las maniobras policiales y extrajudiciales contra el separatismo catalán y contra Podemos.

La concesión de la Medalla de Plata al Mérito Policial se publicó en el BOE el 2 de junio. Antes había dado tiempo a que fuera avalada por la Junta de Gobierno de la Policía Nacional, a que Cosidó elevara su propuesta al ministro, pese a partir en origen de éste, y a que Fernández Díaz firmara la orden ministerial.

La carta del jefe de gabinete de Fernández Díaz entró en la Dirección General de la Policía el 20 de mayo. Tres días después, Cosidó ordenó la instrucción del expediente para examinar los méritos y avalar, en su caso, la condecoración. Fuentes policiales vinculadas a este tipo de procedimientos aseguran que, pese a ser preceptivo, no es habitual que el director general ordene un expediente, e interpretan que o anticipaba problemas en el futuro con la concesión de la medalla o simplemente no estaba de acuerdo, por mucho que en la orden de apertura del mismo diga lo contrario.

“Por el prestigio de la Policía”

En su escrito, Cosidó dice que existe “constancia” de que Eugenio Pino ha desarrollado una “meritoria trayectoria” como director adjunto operativo, “sobresaliendo en el cumplimiento de los deberes de su cargo, dirigiendo la realización de destacadísimos servicios que han redundado en prestigio para la Corporación”. En el mismo folio, Cosidó designa juez instructor especial y secretario para el expediente de la concesión de la medalla. Eugenio Pino está en la actualidad procesado en la pieza 7 del caso Villarejo como uno de los responsables de la operación para reventar el caso de la caja B del PP desde las mismas entrañas del Ministerio del Interior.

La polémica por la utilización de las medallas con asignación económica es antigua en la Policía. A día de hoy, su gabinete de prensa sigue sin facilitar los motivos por los que se conceden a cada agente y solo las iniciativas parlamentarias o judiciales permiten hacer pública una mención genérica. “Meritoria labor profesional”, se dice en los expedientes remitidos por las medallas concedidas a los miembros de la brigada política procesados en el caso Kitchen. Todos ellos fueron condecorados con la Medalla Roja al Mérito Policial, con una pensión equivalente al 10% de su salario de por vida.

La ley que rige la concesión de medallas en la Policía data de 1964 y está rubricada por el dictador Francisco Franco. Para la concesión de “la roja”, como se la conoce en el Cuerpo, es necesario haber participado en un servicio con riesgo para la vida del policía. La ley se ha incumplido sistemáticamente con distintos gobiernos. En la época aludida, Ignacio Cosidó concedió una de estas medallas pensionadas a su jefe de escolta. Pino llegó a hacer lo propio con sus secretarias o con el inspector jefe que dirige el gabinete de prensa de la Policía.

En cuanto a la Medalla de Plata en vida, la política de concesiones venía siendo muy restrictiva hasta este año, en que el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha resuelto concedérsela a cuatro comisarios que se jubilan, entre ellos Héctor García Moreno, condenado por torturas en los ochenta y absuelto por el Gobierno de José María Aznar. El artículo de la ley franquista que establece los méritos es especialmente vago en su redacción e incluye una trayectoria que haya redundado en el “prestigio de la Corporación”, tal y como se encargó de escribir Ignacio Cosidó para el caso de Eugenio Pino.