Un grupo de expertos en Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha celebrado la revisión de la Ley de Memoria Histórica y la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, ambos anunciados por el Gobierno en las últimas semanas.
“Saludamos la iniciativa gubernamental y celebramos la apertura del diálogo sobre lo acontecido durante las décadas de guerra civil y dictadura militar en España”, han subrayado los expertos en un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press.
Los miembros de la ONU apuntan que la decisión tomada por el Gobierno español “representa un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad de todas las víctimas de graves violaciones de derechos humanos”.
En este sentido, han explicado que en el informe de visita al país en 2014, el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no-repetición “urgió a las autoridades a atender de forma urgente las demandas de las víctimas en términos de verdad y establecer un mecanismo para oficializarla”.
“Nos complace ver que las autoridades españoles decidieron dirigir sus esfuerzos a la realización de esta importante meta, colocando el derecho a la verdad en un lugar privilegiado de la agenda política”, han celebrado los expertos.
Los expertos han señalado que los procesos de construcción de la memoria histórica “deben darse en un marco de transparencia y participación de la sociedad civil, centrarse en las víctimas y aportar el espacio necesario para exponer sus diversos relatos, y promover el pensamiento crítico sobre eventos pasados”.
“Un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas”
Por otra parte los expertos también han celebrado la creación de la Dirección General para la Memoria Histórica, que se encargará -entre otros cometidos- de establecer planes de búsqueda de desaparecidos y de hacer públicos los datos de las exhumaciones, así como de crear y mantener un censo oficial de víctimas.
“Saludamos la intención del Gobierno de asumir su responsabilidad y un rol activo en la búsqueda de víctimas desaparecidas y lo instamos a adoptar inmediatamente las medidas legislativas, administrativas y financieras necesarias para ejercer efectivamente esta función”, han recalcado.
Asimismo, destacan que en el informe de seguimiento a la visita publicado por la ONU en 2017, el Grupo de Trabajo había expresado su preocupación por la inacción de los tribunales españoles en la judicialización de los casos de desaparición forzada ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura.
“Esperamos que las iniciativas anunciadas estén acompañadas por avances judiciales, incluso con respecto a cualquier procedimiento penal que se lleve a cabo en cualquier país por las desapariciones forzadas cometidas en España”, han sentenciado.
Disponibilidad para apoyar al Gobierno
El comité de expertos también ha incidido en su disponibilidad para apoyar al Ejecutivo español en la implementación de estas iniciativas, recordando que “los esfuerzos por promover la verdad, la memoria y las garantías de no repetición son esenciales para la efectiva realización de los derechos humanos de las víctimas, y para fortalecer la confianza de los ciudadanos entre sí y en sus instituciones”.