Un exresponsable de seguridad de la cárcel de Ceuta denuncia tratos de favor a narcotraficantes
El subdirector de Seguridad de la cárcel de Ceuta, Gustavo Gómez, se quedó sin su perfil de usuario en los servidores de la prisión a última hora de la mañana del pasado 16 de octubre cuando elaboraba un informe sobre la entrada en el centro de una policía local uniformada con antecedentes en calidad de abogada de diversos internos. Según el extenso informe que ha remitido a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a todas sus Subdirecciones Generales, creyó que se trataba de un fallo informático, pero el monitor responsable le informó que la directora de la prisión desde verano, Nonia Velázquez, le había ordenado “borrar” su acceso.
Acto seguido el jefe de Gabinete del centro le comunicó que había sido cesado aproximadamente dos años y medio después de su nombramiento por parte del anterior director de la cárcel de Fuerte Mendizábal, Pablo García, ahora director general de Presidencia del Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP). Dos días después, harto de no recibir “ninguna explicación” sobre su remoción, Gómez envió por correo electrónico a los Servicios Centrales de Instituciones Penitenciarias (IIPP) un extenso escrito a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso elDiario.es y en el que enumera las “razones reales” que desde su punto de vista han propiciado su cese.
En el informe el extrabajador relata todo tipo de presuntas irregularidades, desde tratos de favor a narcotraficantes a filtraciones y anomalías en la Junta de Tratamiento, así como su empeño en perseguirlas y las supuestas reticencias de sus superiores a darle carrete. Según su exposición cronológica, los problemas se desataron a finales de junio de 2022, cuando un conocido empresario local entró en prisión tras encontrar las fuerzas de seguridad 3,5 toneladas de hachís en uno de sus almacenes en el puerto. Todo empeoró cuando al anterior se sumó otro preso “de alto poder adquisitivo y conectado con las organizaciones criminales de Marruecos o España” y su cuñado, multirreincidente y “viejo conocido” entre rejas.
“Desde el primer momento hizo notar su influencia sobre la población reclusa y determinados funcionarios, por lo que ordené estrechar las labores de observación”, indica Gómez, que detectó una relación “demasiado estrecha” entre el reo, posteriormente condenado, y varios empleados, alguno con relevancia política y sindical en la ciudad, que podrían estar introduciendo “productos prohibidos desde el exterior” o alentando “cierta influencia en las votaciones de la Junta de Tratamiento” a la hora de lograr cambios de grado, permisos o traslados.
El de la policía local era el tercer informe a su directora que el responsable de Seguridad iba a emitir en solo una semana. Y el exsubdirector, contactado por elDiario.es, se ha negado a hacer ningún comentario sobre su contenido.
Otros informes
El día 9 había rubricado otro alertando de la introducción a través de un funcionario de “una bolsa verde” con contenido desconocido que terminó de forma aparentemente sospechosa en manos de uno de los “conocidos narcotraficantes” que puso bajo su lupa. “La has cagado, se te acabó la historia en Ceuta”, dice que le avisó el señalado, como si hubiera sido advertido. El mismo 16 de octubre había terminado otro informe más alertando de que varios internos apuntaban a un funcionario destinado en Cocina y Muelle como facilitador de la introducción y venta de comida, alcohol y hachís en la cárcel, tras el hallazgo de 128,8 gramos de esa sustancia en el interior de un bote de loción corporal.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias (IIPP) han evitado confirmar o desmentir la recepción del informe del exsubdirector o la adopción de alguna medida por ello y se han limitado a explicar que “la Administración Penitenciaria tiene sus procedimientos de análisis internos muy regulados: toda la información que se traslada a los Servicios Centrales es analizada por las unidades competentes”. Desde la prisión de Ceuta han apuntado a elDiario.es que “todo” lo que sucede en su interior “y es susceptible de ser o poder considerarse un incidente” se pone en conocimiento de Madrid.
Mientras algunas fuentes atribuyen la reacción de Gómez a una especie de rabieta por no haber sido nombrado director tras la salida de García o a una batalla sindical, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la central más representativa en el centro penitenciario de Ceuta, ha desvelado que “en mayo” registró un escrito dirigido a la dirección local en el que ya alertaba de “posibles filtraciones de las deliberaciones de la Junta de Tratamiento y otras irregularidades sin que hasta la fecha se haya abierto investigación alguna”, algo que ahora ha “exigido”.
El exsubdirector ha advertido a la Secretaría General de IIPP con profusión de detalles de que “la ascendente sobre el personal penitenciario” del empresario encarcelado se tornó “más llamativa” tras comprobar que, “en contra del criterio del Área de Seguridad, se le ofrecen puestos de trabajo en el módulo de destino pese a ser un recién llegado o la defensa cerrada a aplicar medidas de control como cacheos, cambios de celda o de módulo”.
Supuestas amenazas para que no informara
Las alertas sobre el “mal comportamiento” y la “influencia nociva” de ese preso sobre el resto y algunos funcionarios no fueron óbice para que se le concediera un primer permiso (en el que habría mentido sobre su intención de visitar a un familiar) y otro más en la Junta de Tratamiento, cuyas votaciones se filtraban “de forma sistemática”, algo que podría poner en riesgo a los informantes del Grupo de Intervención de Control Operativo (GICO) interno.
En paralelo, el otro “conocido narcotraficante” que sigue preso en Ceuta habría colaborado activamente en mayo con uno de los funcionarios señalado como sospechoso para multiplicar los votos por correo para su partido entre “la población reclusa de origen musulmán” que con esa mediación habría hecho crecer la participación de “cinco o seis” papeletas a “en torno a 80”.
Tras manifestar sus quejas y discrepancias Gómez recibió instrucciones verbales sobre la necesidad de no dar recorrido a informaciones sobre la comisión de “irregularidades” de los tres funcionarios de los que recela y de “obedecer sin objeciones ni alternativas las órdenes recibidas”. Además, dice que se le vetó expresamente ponerse en contacto con los Servicios Centrales y “no hablar con Madrid” bajo la “amenaza” de considerar la desobediencia como “deslealtad”.
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