Con la designación de Alfonso Alonso como candidato a lehendakari, el número de integrantes que se reúne en la mesa del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy no ha hecho más que menguar desde el pasado 20 de diciembre. La última baja es la de Alfonso Alonso, designado candidato del PP a lehendakari en las próximas elecciones vascas y obligado a renunciar por ese motivo. De esta forma, Fátima Báñez es ahora la ministra con más competencias de todo el equipo. La ministra de Empleo y Seguridad Social también lo es ahora de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La noticia se ha conocido este martes, con su publicación en el BOE. Tras el último Consejo de Ministros, celebrado hace dos viernes, Soraya Sáenz de Santamaría no quiso desvelar nada pese a que se le preguntó expresamente durante la rueda de prensa posterior. “Estamos cesados desde 21 de diciembre, por tanto se trata de un simple Real Decreto de asunción de funciones y se trata de acompasar la decisión del presidente con la fecha de presentación listas y candidaturas. No me corresponde a mí, recaerá en algún ministro con relación presente o pasada del departamento”, es todo lo que explicó.
De esta forma, la vicepresidenta protegía de las preguntas de los periodistas a su compañera de gabinete, uno de los miembros más fieles del conocido en el Gobierno como “clan de los sorayos”.
Tres bajas en ocho meses
La primera baja en el equipo fue la de José Manuel Soria, que se vio obligado a renunciar a su cargo por su implicación en los papeles de Panamá. Su participación y la de su familia en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales provocó la primera crisis tras las elecciones de diciembre. A pesar de la defensa inicial de su jefe y amigo, Rajoy se vio obligado a dejarlo caer a mediados de abril. Las competencias de Industria pasaron entonces al ministro de Economía, Luis de Guindos.
Ana Pastor, responsable de Fomento e Infraestructuras fue la segunda baja del gabinete en funciones. Su reciente elección como presidenta del Congreso obligó a que traspasara el despacho ordinario de los asuntos del ministerio al titular de Justicia, Rafael Catalá. La decisión no fue ninguna sorpresa ya que Catalá había sido secretario de Estado de Infraestructuras antes de asumir Justicia.