El fútbol es un negocio que mueve miles de millones de euros cada año en todo el mundo. Desde los derechos para retransmitir partidos por televisión hasta los astronómicos sueldos de los jugadores, cada movimiento se traduce en fortunas que cambian de manos temporada tras temporada. La ‘operación Brody’ investiga si Luis Rubiales y sus colaboradores más estrechos en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) desviaron casi cuatro millones de euros a base de manipular los contratos de la entidad durante un lustro. Desde la construcción de La Cartuja hasta la Supercopa celebrada en Arabia Saudí.
El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, recoge varios informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los que los agentes reflejan la existencia de un “entorno societario conformado por altos cargos de la RFEF afines a Luis Rubiales”. Y la sospecha principal es que Arabia Saudí ofreció comisiones al grupo para garantizar que la Supercopa se celebrara en ese país y no en Qatar, otro de los aspirantes en ese momento.
“Se ha podido constatar la creación de una incipiente estructura societaria conformada por personal directivo de la RFEF, importantes empleados federativos y empresarios allegados al presidente”, dice uno de estos informes. Alrededor de una sociedad llamada GRX Export Pro creada un día antes de la Supercopa de 2021, sociedades controladas por directivos empezaron a entrar en el accionariado. Entre ellos el exfutbolista Albert Luque, directivo recientemente apartado después de que la Fiscalía haya pedido su condena por participar en las coacciones a la jugadora Jennifer Hermoso tras el “beso no consentido” de Rubiales.
Pedro Manuel González Segura, Antonio Gómez-Reino, Rubén Rivera –también acusado en el caso de Jennifer Hermoso– y José María Timón, todos procedentes del entorno de Rubiales en la Federación, junto con Francisco Javier Martín, empresario conocido como ‘Nene’ y cercano también a Rubiales.
La Guardia Civil explica el movimiento de dinero en estas sociedades. Cuenta, por ejemplo, que poco después de la incorporación de estos directivos y trabajadores de la RFEF a la empresa GRX, ésta compró dos edificios en Granada para dedicarlos al alquiler turístico. La lista de operaciones similares, relacionadas con el turismo, se sucede a lo largo de todo el sumario.
Uno de los grandes objetivos de la Federación, y para la Guardia Civil también de la trama de Rubiales, era la Supercopa que se iba a celebrar en Arabia Saudí. El objetivo del directivo no era solo llevar hasta allí la final de la competición española, sino poder abrir nuevas fronteras de negocio y “vivir de los hoteles”, según contó el tío de Rubiales en su declaración como testigo.
En ese contexto, estos directivos prestaron su “colaboración” a Rubiales. La “planificación inicial”, según la UCO, incluía “generar una bolsa de dinero con el que financiarse”. Una “bolsa de dinero” a repartir, según este informe, entre Rubiales, Gómez-Reino, Timón y Tomás González Cueto.
Piqué, la Supercopa y Andorra
“El dinero que recibiremos es el mismo que nos daban otros candidatos, no es el principal motivo”, dijo Rubiales durante una encendida defensa del proyecto de la Supercopa en Arabia Saudí para responder a algunos sectores que denunciaban la complicidad del fútbol español para lavar la imagen de la dictadura saudí. Semejante declaración fue matizada tres años después por un informe de la Unidad Central Operativa incluido en el sumario. Un mes antes de llegar a un acuerdo con las autoridades de Riad, la RFEF también contactó con Qatar. Ambos acuerdos eran “idénticos” en ciertas cláusulas, pero no en el montante: Qatar ofrecía 33 millones con un incremento anual del 3% en caso de prórroga y Arabia Saudí llegó a los 40 millones incluyendo el desarrollo de programas de cooperación.
Qatar, por ejemplo, no penalizaba a la Federación si Real Madrid o FC Barcelona no llegaban a la final, grandes reclamos del fútbol mundial. El acuerdo firmado finalmente con la empresa pública saudí SELA sí quitaba cinco millones del acuerdo por cada uno de esos equipos que no estuvieran en la final. Un incentivo perverso que amenaza la neutralidad del organizador y de los arbitrajes, puesto que dependiendo de qué equipos alcanzasen la final, la facturación de la federación podía menguar. El contrato con Arabia Saudí garantizaba además un aspecto que los agentes consideran fundamental: aceptaba la participación de un agente intermediario. Kosmos Global Holding, el grupo empresarial de Gerard Piqué.
Doble campeón europeo y mundial con la selección española y tres veces campeón de la Champions con el FC Barcelona, Gerard Piqué colgó las botas en 2022 para dedicarse de lleno a los negocios deportivos. Desde la novedosa King’s League hasta la Copa Davis de tenis. De la mano de Rubiales organizó la Supercopa de Arabia Saudí, otro acontecimiento rodeado de polémica.
La Guardia Civil destaca en sus informes que en esta negociación millonaria, la Federación asumió el papel de “garante” para que las empresas de Piqué cobrasen por intermediar en la operación. “Consideró el pago de sus comisiones una obligación esencial del acuerdo”, dice la UCO. “Pudiera subyacer la existencia de intereses de la RFEF por asegurar que Kosmos percibiera regularmente sus honorarios”. Sobre todo, según los investigadores, porque la Federación se reservaba el derecho a rescindir un contrato que podía llevar 400 millones a sus arcas si Piqué no cobraba su parte.
El papel que jugó Piqué en la Supercopa de Arabia fue el de intermediario para que el evento saliera adelante en enero de 2020 en el ‘King Abdullah’ de la ciudad saudí de Jeddah, donde el Real Madrid se impuso al Atlético en los penaltis. Según la Unidad Central Operativa, la recompensa para el exjugador fue de ingresos millonarios llegados de SELA, la empresa saudí implicada en la operación. Las empresas de Piqué –que siempre ha negado haber cobrado comisiones de forma irregular– terminaron llevando 3,4 millones de euros a Andorra, donde el jugador había comprado el FC Andorra a finales de 2018.
El juzgado de Majadahonda que investiga el caso, por el momento, no ha imputado ni llamado a declarar a Piqué, que en la fase incipiente de la causa aportó diversa documentación a la Fiscalía. Hace unos meses, la Guardia Civil se dirigió a la jueza para solicitar que las cuentas ligadas al empresario y exfutbolista en Andorra fueran rastreadas para comprobar si detrás de estos y otros pagos hubo, en realidad, comisiones y dádivas. “Resulta de imperiosa necesidad poder realizar una trazabilidad completa de los fondos recibidos por Kosmos”, dice la Unidad Central Operativa sobre el “conglomerado empresarial” de Piqué. Una treintena de sociedades.
Gómez Cueto: 4,2 millones en cuatro años
Uno de los grandes beneficiados de la llegada de Rubiales a la federación fue Tomás González Cueto, su asesor jurídico principal y prácticamente mano derecha del presidente. Rubiales le puso al frente de un comité, en calidad de asesor externo, para supuestamente “controlar la contratación del ente” y encargarse de los asuntos jurídicos.
Los agentes de la UCO sospechan que Rubiales forzó la externalización de servicios que debía haber asumido la propia corporación, porque la cifra de negocio de la Federación –354 millones solo en un año– obligaba a un control interno.
González Cueto ingresó 4,2 millones en cuatro años por estas funciones. La mitad de la facturación de su despacho, GC Legal, provenía de la Federación. Los agentes de la UCO creen que llegó a alcanzar tanto poder que usaba la Federación y su propio despacho para retribuir a “mercantiles controladas por personas ligadas a su propia actividad económica”.
Por ejemplo, el informe señala que otro socio del despacho de González Cueto, Ramón Caravaca, ejerció de abogado de Rubiales en cuestiones penales pero no cobró directamente de la Federación. En esa misma época una de sus empresas disparó la facturación: no cobraba directamente de la Federación, sino a través del despacho de abogados GC Legal.
Los agentes llaman la atención sobre que todos los socios del despacho vieron incrementadas sus retribuciones durante esos años: Elisa de la Nuez, María Raquel Serrano y Lucas Manuel Blanque. Pero fue Caravaca quien más ingresó, superando a la suma del resto de socios: 777.675,83 euros entre pagos directos del despacho y pagos a su empresa.
El descontrol del dinero de la RFEF
Los informes de la Guardia Civil aportados al sumario también han puesto al descubierto el absoluto descontrol de los fondos de la RFEF en la época en la que Rubiales fue presidente. Uno de esos documentos policiales saca a la luz “sobrecostes” de hasta 5,7 millones de euros en los viajes abonados por el ente federativo. Los investigadores aseguran que las cantidades en concepto de gastos por los viajes por la RFEF entre 2018 y 2022 “difieren significativamente” de las registradas por las empresas del grupo Globalia, que resultó adjudicatario de la gestión de esos desplazamientos.
En un comunicado, Globalia ha afirmado que la relación entre las compañías del grupo y la RFEF se ha enmarcado siempre en las actividades propias de esas empresas y “se ha ajustado absolutamente al rango de precios existentes en el sector”.
Mientras la compañía facturó a la RFEF 79,5 millones de euros, la entidad rebajó esa cifra a 73,8 millones. Es decir, una diferencia de en torno a cinco millones de euros. Además, el informe de la Guardia Civil llama la atención sobre el “incremento sucesivo” en los importes de 2018 a 2022. Y eso a pesar de que en ese período tuvo lugar la pandemia del coronavirus, que implicó restricciones en desplazamientos, y que la Supercopa del año 2021 se celebró en España.
Los investigadores siguieron la pista de estos sobrecostes tras interrogar como testigo al jefe de prensa de la Selección Española de Fútbol Sala, Abel Martín García. Ante los agentes, Martín García afirmó que los gastos en los que incurría la RFEF en los desplazamientos de las delegaciones resultaban “superiores” a los inicialmente presupuestados por los hoteles y demás empresas prestadores de servicios. El jefe de prensa afirmó además que esos sobrecostes habían provocado “diferencias de pareceres” entre el entonces director deportivo de la Selección, José Venancio López Hierro, y el director del Departamento de Viajes de la RFEF, Antonio Limones.
Otro de los testimonios recabados por la Guardia Civil es el de Juan Rubiales, tío y ex director del gabinete del presidente. A preguntas de los investigadores, afirmó que Rubiales y otros dirigentes utilizaban tarjetas de crédito corporativas para gastos personales no vinculados a la RFEF que, después, se justificaban mediante otros conceptos que sí guardaban relación con la actividad profesional.
El tío de Rubiales también relató a los agentes el pago de una fiesta en una vivienda de Salobreña (Granada) con cargo a tarjetas de la RFEF, en la que él estuvo presente, y que ya había relatado en mayo de 2022 ante la Fiscalía Anticorrupción. Asimismo, aseguró que fondos de la entidad federativa también habían sufragado un viaje que Rubiales realizó entre agosto y septiembre de 2020 por distintas partes de España y Portugal junto a sus hijas, Antonio Gómez-Reino, José María Timón y ‘Paco’, su conductor de confianza. Y también otros dos a Estados Unidos en el segundo trimestre de 2018.