Feijóo carga contra RTVE mientras las televisiones en manos del PP redoblan la manipulación

El PP ha puesto en la diana a RTVE. Pese a que el Gobierno de coalición pactó con Pablo Casado la composición del actual Consejo de Administración de la radio y la televisión públicas –con la promesa no asumida por Feijóo de renovar el Poder Judicial– y pese a que cargos significados con el partido ocupan destacados puestos al frente de programas y espacios informativos, la oposición total que ha emprendido el gallego no deja resquicio. Y eso que allí donde gobierna el PP la gestión de los medios públicos está atravesada por una creciente manipulación, modificaciones legales para aumentar el control o mobbing laboral incluidos.

Feijóo incluyó una referencia a RTVE y la Agencia Efe en el Plan de Calidad Institucional que presentó el pasado mes de enero para “asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos, así como de respetar el trabajo de sus profesionales”. Algo que ni él ni su sucesor han aplicado nunca en Galicia, donde Feijóo gobernó con mayoría absoluta desde 2009 hasta 2022.

Los trabajadores de la Corporación Radio e Televisión autonómica (CRTVG) llevan un lustro denunciando la manipulación y las trabas laborales a su trabajo. Y ahora acaban de anunciar que irán a la huelga el lunes 6 de marzo. El objetivo del paro: “Reclamar el cese de los abusos, restablecer un clima laboral respetuoso con los derechos de los trabajadores y erradicar el trato degradante de los superiores”.

El detonante ha sido el cambio de medio y función de varios empleados, que el comité intercentros atribuye a su negativa a manipular a favor del PP. Pero este es apenas el último de los episodios de la convulsa vida, interna y externa, de la Corporación desde que Feijóo asumió la Presidencia de la Xunta.

Su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, se encuentra en funciones desde 2015. Tiene 74 años y acumula un largo historial de conflictos con la plantilla. Su relevo, o ratificación, depende del apoyo de dos tercios del Parlamento de Galicia. Como es imposible que los obtenga, el Partido Popular –con mayoría absoluta– ha congelado la situación. Acumula así ocho años de mandato extra, más que los jueces del CGPJ. Lo mismo sucede con otros aspectos clave de la ley de medios públicos aprobada en 2011 y que, a decir de los profesionales, limitaría la injerencia partidista en su funcionamiento: la constitución de un consejo de informativos y de un estatuto profesional, que siguen congelados.

Mientras, las escaletas de los telediarios se suceden a mayor gloria de la derecha gobernante y de su presidente, el sustituto de Feijóo y hasta hace nueve meses desconocido Alfonso Rueda. El espacio para la izquierda suele reservarse a críticas entre ellos o informaciones negativas sobre los ayuntamientos que gobierna.

Una parte significativa de los redactores protestan cada semana, y van 248, casi cinco años, contra la manipulación informativa en lo que denominan Venres Negros. Visten de negro e inundan las redes sociales de fotos y mensajes. Pero la protesta no sale gratis en el ente público: la CRTVG ha sido condenada en firme por vulnerar la libertad de expresión de un trabajador que participaba en ella. Las polémicas por contenidos machistas, la cada vez mayor presencia del castellano –fomentar la lengua propia de Galicia es uno de sus principios fundamentales–, el cuestionamiento de la laicidad o la externalización creciente de programas –también contrario a una ley que exige fomentar la producción propia– son habituales. 

El PP, sin embargo, se niega a modificar el statu quo. Le va bien así. El sustituto de Feijóo replicaba al anuncio de movilizaciones del personal este jueves con un “los índices de audiencia son potentes”. Y semanas atrás aseguraba contra toda evidencia que la CRTVG no necesitaba aplicar el “protocolo de despolitización” que ha propuesto su antecesor para Televisión Española. 

Madrid: Cambiar la ley para asumir todo el control

El historial de la relación del PP con Telemadrid es también elocuente. Isabel Díaz Ayuso –quien ataca habitualmente a TVE– ejerce el control absoluto de la RTVM desde hace año y medio, cuando reformó la ley aprobada durante el Gobierno de Cristina Cifuentes que obligaba a designar a la dirección con el apoyo amplio de la Asamblea regional.

Unas semanas después de tomar posesión tras adelantar las elecciones en 2021 llevó a votación una reforma legislativa para cargarse a la anterior dirección de la televisión pública, contra la que manifestó en numerosas ocasiones su desacuerdo. “Soy la única presidenta que tiene una televisión que le es crítica”, dijo al poco de llegar a la Puerta del Sol en 2019. Vistos los antecedentes, esperaba otra cosa.

Ejecutado el primer asalto, se fue a por el segundo. Con otra reforma legislativa, solo nueve meses después de la primera, Ayuso cambiaba definitivamente la ley del ente público para poder designar con mayoría simple una dirección de Telemadrid permanente. Aunque no tiene mayoría absoluta, Vox le prestó los votos para una tramitación de urgencia que impidió las enmiendas de la oposición. La ultraderecha había prometido cerrarla.

Al frente de RTVM está desde julio de 2021 un viejo conocido de Telemadrid y de RTVE: José Antonio Sánchez. Dirigió el ente estatal durante los gobiernos de Mariano Rajoy, pero antes fue el encargado de llevar a cabo el ERE que despidió al 74% de la plantilla del ente público madrileño en 2012. 

Desde la llegada de Sánchez a Telemadrid la cadena se ha hundido en audiencia. La programación está plagada de ejemplos de cómo se manipula desde los informativos para elogiar la gestión de Ayuso. O para tapar sus problemas: la cadena de televisión autonómica relegó la multitudinaria manifestación por la sanidad del pasado 12 de febrero, y cuando informó de ella lo hizo con los argumentos del Gobierno regional de que se trataba de una protesta ideológica.

Andalucía: los profesionales piden “volver al periodismo”

Canal Sur nunca ha vivido ajena a la polémica política, ni durante la etapa socialista ni desde la llegada al poder del PP en 2019, un periodo en el que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ya ha tenido que asumir tres huelgas: dos en 2020 y una tercera el pasado mes de junio, en la jornada que cerraba la campaña electoral de las autonómicas. El argumento principal de estas protestas es la defensa de un servicio público que los trabajadores ven continuamente en peligro por los recortes en la plantilla (muy afectada al no reponerse las jubilaciones) y la creciente falta de unos medios técnicos que, además, están quedando anticuados. 

Desde 2019 las turbulencias han sido continuas. El Consejo Profesional de Canal Sur pidió “volver al periodismo” ante lo que consideraba la “abultada agenda institucional” de los informativos, a lo que se han unido denuncias de “falta de rigor” y “propaganda” que han partido también de CCOO y UGT, el Sindicato de Periodistas o la Asociación Pro Derechos Humanos (Apdha). 

Un caso paradigmático fue la cobertura del congreso celebrado en Sevilla el año pasado en el que el PP consumó el relevo de Pablo Casado por Alberto Núñez Feijóo. Durante ese fin de semana, el cónclave popular copó más de 45 minutos en los informativos, frente a los poco más de 10 minutos que dedicó a informar del congreso socialista o al testimonial minuto y 10 segundos con el que despachó la crisis que desembocó en la caída de Casado.  

Las polémicas no han cesado ni con la destitución en 2020 del que fuera director de Informativos, Álvaro Zancajo, quien en 2022 acabó regresando a Andalucía como asesor de la candidata de Vox, Macarena Olona. 

Algunos de los últimos casos que no han dejado en muy buen lugar el nombre de Canal Sur han sido la suspensión de empleo y sueldo a un periodista por protestar por una rueda de prensa de una diputada del PP en Granada, o los reproches que le hizo la Junta Electoral Central por la información que se dio tanto en la precampaña como en la campaña de las elecciones andaluzas. El Gobierno de Moreno, criticó, recibía un tratamiento demasiado “elogioso” en unos informativos que también se hacían eco continuo de las consignas electorales y contra el Gobierno central que continuamente lanzaba el por entonces portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo.

Murcia: privatización e incumplimiento de la ley

La franja oriental de la Región de Murcia veía Canal 9, y la occidental Canal Sur, hasta que en 2006 el expresidente murciano Ramón Luis Válcárcel (PP) lanzó el primer canal de televisión autonómico público, 7RM, gestionado por la empresa GTM. Con la resaca de la crisis de 2012, el Gobierno regional rescindió dicho contrato, se produjo un ERE y la programación prácticamente se fue a negro.

Tres años después –en 2015–, la región se convirtió en la primera comunidad autónoma en externalizar completamente el canal autonómico público. La concesión de La 7 fue a parar a manos de CBM Servicios Audiovisuales (filial de Secuoya) con un contrato de dos años, prorrogable otros tres, no exento de polémica con la anterior adjudicataria. La polémica continuó porque tanto en 2020 como en 2021 el contrato, que era irreversible, se prorrogó a CBM por “trámite de emergencia” por 17,1 millones de euros cada uno de esos ejercicios, cuestión investigada por la Fiscalía Anticorrupción de Madrid.

Desde 2020, ya con Fernando López Miras al frente del Ejecutivo, la Asamblea Regional tampoco ha aprobado el contrato programa imprescindible por ley y donde se establecen los parámetros informativos y se justifica el servicio público.

La gestión de la televisión autonómica de la Región sigue en manos del Grupo Secuoya ya que se le volvió a adjudicar el contrato en diciembre de 2021 en un tortuoso procedimiento administrativo tras ganar el concurso a razón de 13,1 millones de euros por año. El montante total hasta 2026 asciende a 65,8 millones de euros.  

La oposición se siente “maltratada” por una televisión que, dicen, se paga “entre todos”. Se queja de que los informativos no cubren ruedas de prensa importantes o, en caso de asistir, el tratamiento informativo es “terrible”. Otro asunto que ha generado mucha controversia en los medios regionales es el hecho de que el director de CBM, Antonio Peñarrubia, quien fuera asesor de Ignacio González, es el marido de Mar Moreno, secretaria general de Presidencia, con rango de consejera.

Castilla y León: más privatizaciones

Castilla y León cuenta con RTVCyL, una corporación de medios privada financiada prácticamente en su integridad por la Junta de Castilla y León. Fue el Gobierno autonómico el que en 2009 impulsó que dos empresarios constructores, y propietarios de dos televisiones, Antonio Méndez Pozo (Promecal) y José Luis Ulibarri (Edigrup), formasen una corporación para obtener la licencia digital de la Junta.

Cada año, RTVCyL recibe una subvención directa de entre 15 y 22 millones de euros. Recientemente, los trabajadores denunciaron no sólo “una insuficiencia palpable de medios técnicos y humanos”, también una “manipulación y orientación política en los informativos” desde que se produjo el despido del director de informativos, Raúl Briongos.

En los últimos dos años los grupos parlamentarios de la oposición que forman parte de la comisión de seguimiento de RTVCyL se han negado a apoyar la subvención que concede el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. PP y Vox la han aprobado en solitario, mientras los trabajadores reclaman mejores condiciones laborales.

El pasado mes de octubre, las Cortes debatieron la situación de RCTVCyL en un Pleno en el que no estuvo presente Mañueco hasta las votaciones. La oposición acusaba al Gobierno de financiar “a grupos empresariales corruptos” una televisión que “blanquea” a la extrema derecha y que envía misivas a los procuradores que, dijo un portavoz, no sabían si era “a modo de aviso o de qué”.

El líder socialista, Luis Tudanca, denunció las presiones que sufren los trabajadores y que “la propia dirección ha reconocido” que despidieron al director de los informativos “porque lo pidió Mañueco”. Además, el PP impidió junto a Vox definir un nuevo modelo de televisión.

*Con información de Antonio Morente, Elisa Reche y Antonio Vega

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