El PP da por perdida la mayoría conservadora en el Tribunal Constitucional. El Gobierno de coalición ha sorteado el bloqueo al que somete el partido de Alberto Núñez Feijóo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una modificación de la ley que en el primer partido de la oposición consideran inconstitucional. El PP anunció a principios de agosto un recurso ante el propio tribunal de garantías, pero el calendario avanza sin que se presente y en el partido se limitan a informar de que “se está preparando”. El nombramiento de los cuatro nuevos magistrados es inminente y se antoja ya insoslayable. La dirección del partido ha asumido su derrota en esta batalla ya que, aunque presenten el recurso, y aseguran que lo harán, dan por hecho que la respuesta nunca podría llegar antes de que se hagan efectivos los nombramientos.
El Gobierno y el CGPJ tienen previsto designar de forma directa en los próximos días a las personas que relevarán como magistrados del Constitucional a los cuatro cuyo mandato caducó el pasado mes de junio. El Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos elegirá a dos. Y el órgano de gobierno de los jueces tiene previsto celebrar un pleno extraordinario el 8 de septiembre para debatir su propuesta. La voluntad del presidente, Carlos Lesmes, y de una mayoría de vocales, es hacer esos nombramientos antes del próximo 13 de septiembre, cuando cumple el plazo, pero las conversaciones entre los sectores conservador y progresista siguen abiertas.
Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que no hay por el momento un consenso sobre los candidatos a designar, que previsiblemente procederán del Tribunal Supremo y responderán a las dos sensibilidades presentes en el órgano, un conservador y otro progresista. Los elegidos necesitan obtener el respaldo de 12 de los 19 miembros del órgano. El pasado julio, parte del ala conservadora se revolvió contra esta reforma con la que el PSOE pretende desatascar la renovación del Constitucional. Cualquier retraso en su designación trastocaría los planes del Gobierno, donde han manifestado que quieren esperar al CGPJ para hacer sus dos nombramientos.
En todo caso, cuando se produzca el relevo decaerá la mayoría conservadora que ha dominado el tribunal de garantías en la última década. Es la meta que perseguía el Gobierno de coalición cuando pactó el pasado otoño con el PP de Pablo Casado la renovación del tercio que correspondían a Congreso y Senado, pese a tener que pasar por el aro de votar a Enrique Arnaldo y Concepción Espejel. Los aliados parlamentarios del Ejecutivo reprocharon la jugada, pero fue en aquella negociación también cuando el Gobierno y el principal partido de la oposición pactaron la actualización de diferentes órganos constitucionales y una senda para desbloquear la renovación del CGPJ, en funciones desde 2018.
El acuerdo no se sustanció en su totalidad en el último tramo de 2021. Y en el arranque de 2022 un golpe de mano de los barones del PP para cortar de raíz la guerra entre Casado y Ayuso acabó con su líder dimitido y la entronización de Feijóo. El dirigente gallego asumió el mando del PP con la promesa de cambiar las políticas de sus antecesores y de alcanzar acuerdos con el Gobierno que lidera Pedro Sánchez.
En su primera reunión, en la Moncloa, solo acordaron una cosa: “retomar las conversaciones” sobre el CGPJ. Era abril, pero cuatro meses después la renovación del Poder Judicial está más bloqueada que nunca. Hasta el punto de que la filtración del acuerdo de 2021, firmado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el por entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, llevó a la dirección de Feijóo a decir primero que no conocían dicho documento para, pillados en la mentira, desvincularse de su contenido. Para Feijóo, los compromisos del PP de Casado no atañen a su dirección.
El texto pactado apuntaba hacia una normalización de las relaciones entre las instituciones del Estado: renovar los órganos pendientes (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, etcétera), revertir en parte la reforma legal que impide al CGPJ en funciones hacer nombramientos, con el objetivo de desbloquear el Constitucional (lo que ahora rechaza el PP de Feijóo) para, después, acometer la renovación completa del gobierno de los jueces.
Desde abril, el PP ha dado las conversaciones por rotas y reanudadas varias veces, hasta el bloqueo final. La respuesta de Feijóo ha sido plantear un borrón y cuenta nueva como moneda de cambio, con una profunda reforma legal que va más allá del sistema de elección de los vocales del Poder Judicial y que afectaría a otros estamentos, incluso jurisdiccionales
Feijóo lo considera una “propuesta de mínimos” que, además de imponer sin cobertura legal que la renovación del CGPJ se haga conforme a unos nuevos criterios (que tardarían unos seis meses en fijarse, según el propio documento hecho público en julio por el PP, lo que llevaría la renovación a 2023), plantea elevar hasta los “tres quintos” las mayorías con las que el órgano de gobierno de los jueces elige a “los altos cargos de la carrera judicial”, lo que permitiría a los vocales designados por el PP bloquear cualquier nombramiento.
La “propuesta de mínimos” de Feijóo apuntaba también a reformar la figura del fiscal general del Estado, el sistema de acceso a la judicatura o dejar fuera a las asambleas legislativas autonómicas en la elección del llamado “magistrado autonómico”. Una idea esta última copiada al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La dirección del PP ha confirmado que no tiene intención de moverse de su “propuesta de mínimos”, lo que de facto impedirá la renovación del CGPJ ya que el concurso de los diputados y senadores del PP es indispensable. Solo cuando Feijóo quiera se podrá restituir al completo el cumplimiento de la Constitución.
El tema no gusta en la planta noble del edificio situado en el número 13 de la madrileña calle de Génova. El líder del PP considera que es algo que no interesa a los españoles, que están más preocupados por el encarecimiento de los precios y la escalada del euríbor. Pero teme que, a la larga, la ausencia de un acuerdo con el Gobierno siquiera en algo que mandata la Constitución pueda hacer mella en la imagen de moderado y hombre de Estado que quiere dar. La decisión bascula entre asumir el coste entre la derecha más radical de pactar con el sanchismo y Podemos o llegar al ciclo electoral de 2023 en confrontación total. Todo dependerá de la estrategia que determinen en Génova.