Las negociaciones entre el Gobierno de coalición y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueado desde hace cuatro años, están en su recta final. Justo donde suelen descarrilar los acuerdos cuando descarrilan. Este jueves, en pleno debate de los Presupuestos Generales del Estado, La Vanguardia publicaba que el partido de Alberto Núñez Feijóo había amenazado al Ejecutivo con romper las conversaciones si se avenía a reformar el delito de sedición, tal y como está hablando con ERC desde el principio de la legislatura. Una información que no ha querido confirmar ninguna de las partes y que ha surgido después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hay afirmado que el Gobierno planteará la reforma del Código Penal que reclaman los republicanos.
Pero el líder del PP no ha querido relacionar ambas cuestiones en un largo discurso ofrecido en el marco del Foro Global Youth Leadership que se celebra en Santander y ante un público integrado en su mayor parte por jóvenes provenientes de Latinoamérica. Feijóo ha aprovechado una pregunta expresa del moderador sobre el delito de sedición para asegurar que su intención si tiene “la oportunidad de gobernar España” es “agravar las penas” además de “tipificar de forma precisa, clara y determinante como delito la convocatoria de un referéndum ilegal”. “Solo la convocatoria, se hubiera hecho o no”, ha explicado. “El mero hecho de convocar un referéndum ilegal debe ser tipificado como delito”, ha incidido.
Feijóo ha planteado que se ha producido una “contradicción” en el propio Gobierno sobre la relación entre la reforma de la sedición que reclama ERC y la tramitación parlamentaria de los Presupuestos, pero tanto la ministra de Hacienda como fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es lo han desmentido. “Ahora estamos en los Presupuestos y en renovar el CGPJ”, apuntan estas fuentes.
El líder del PP ha asegurado que “un Gobierno fiable no puede pactar con una parte de la nación la escisión de la propia nación”. Ha señalado que “la fiabilidad de las instituciones es fundamental”. Y ha considerado “lamentable” que el Ejecutivo se base “en una coalición parlamentaria con partidos independentistas”. “Hay un debate sobre si hay que bajar o suprimir esos delitos, o si hemos de reforzar los delitos e incrementar las penas. Nuestra posición está a favor de concretar con mayor exactitud, ser más contundentes en la tipificación y en el agravamiento de las penas”, ha reiterado.
Pero ni palabra del Poder Judicial. Ni por aproximación. Pese a que ha tenido la oportunidad de mencionarlo durante la intervención, que ha durado más de una hora, no lo ha hecho. Feijóo ha decidido evitar una relación directa entre la reforma del delito de sedición y el desbloqueo del CGPJ, que está casi concluido y en cuya negociación han logrado algunos compromisos para ahondar en la independencia judicial, uno de sus requisitos imprescindibles.
En el Gobierno de coalición valoran positivamente que Feijóo no haya relacionado ambos asuntos. Diferentes fuentes del Ejecutivo consultadas por este medio han señalado que han seguido con atención las palabras del líder del PP y que no ha planteado el escenario del mensaje que, supuestamente, habrían enviado al Ejecutivo. Un mensaje que desde el Gobierno tampoco han querido confirmar ni desmentir.
Sánchez presiona al PP
A la vez que se celebraba el debate de presupuestos en el Congreso y hablaba el líder del PP, Sánchez comparecía ante los medios desde Sudáfrica, donde se encuentra de viaje oficial. El presidente ha aprovechado para desligar expresamente la renovación del CGPJ y la reforma del Código Penal, además de presionar a Feijóo con sus “obligaciones constitucionales” a las que, ha dicho, nadie puede fallar“.
El presidente ha dicho que el acuerdo con el PP “está listo, está preparado y solamente falta dar una respuesta a la voluntad política que manifiesta cada uno de los grupos parlamentarios: sí o no queremos renovar el CGPJ. Nosotros decimos sí de manera rotunda”, ha expresado el presidente.
Desde el PP han negado casi inmediatamente que el acuerdo esté cerrado. “Las afirmaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, efectuadas esta mañana no se ajustan a la realidad. Si bien es cierto que hay avances en las conversaciones, todavía NO se ha llegado a un acuerdo. No es cierto que la solución esté cerrada ni en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial ni en el del Tribunal Constitucional”, asegura el partido en un comunicado.
La negociación entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, están prácticamente cerradas y el acuerdo contempla una nueva regulación para que los jueces que entren en política no puedan volver a la Justicia hasta dos años después de cesar, tal y como adelantó elDiario.es.
Feijóo, en su alocución, ha asegurado que “los caminos se han de trazar antes de empezar a caminar” y que “si cada día inventas el camino puedes ir hacia delante unos días, volver hacia atrás, desviarte hacia una dirección unos días y a la contraria los siguientes”. “No caben improvisaciones. Rectificar hacia delante y hacia atrás nos lleva a iniciar una ruta diferente cada día”, ha concluido.
ERC allana el camino
Mientras, sigue la negociación con ERC para la reforma del Código Penal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había asegurado que no existe hoy por hoy una mayoría suficiente para acometer esa reforma. El líder republicano, Oriol Junqueras, le respondió que sí le daban los números, como sucedió en la investidura, y el camino ha terminado de allanarse con las palabras del portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha calificado de “buena noticia” la intención del Gobierno de homologar determinados tipos al resto de países de Europa.
“Siempre hemos dicho que es una buena noticia democratizar el Código Penal y que sea lo más homologable a lo que sucede en Europa”, ha afirmado el portavoz republicano. No obstante, esa afirmación no es del todo cierta dado que ERC ha guardado con celo cuál es su propuesta de reforma legal. El desarrollo del debate ha llevado a los de Junqueras a abrirse a diferentes escenarios, siempre y cuando el delito sea inaplicable a los hechos del procés. Una de las opciones que ven con buenos ojos es la que en su momento ya habían manifestado los comunes, que propusieron en el año 2020 una reforma para limitar la sedición al empleo de violencia y armas. Si esto no fuera posible, desde ERC se decantan por la desaparición directa del delito, tal como reclama Junts.