Una sonora cacerolada recibió este miércoles el discurso televisado en el que el rey Felipe VI pidió “dejar de lado las diferencias” para “ganar” al coronavirus. En las horas previas se había difundido a través de las redes sociales un mensaje que pedía llevar a ventanas y balcones la indignación por la fortuna bajo sospecha del rey emérito y pedir que donara a la sanidad el dinero que supuestamente cobró de Arabia Saudí. Aunque la protesta ponía el foco en Juan Carlos I, se acabó volviendo contra su hijo, que ocultó durante un año la existencia de al menos una sociedad 'offshore' vinculada a su padre y en la que él aparecía como beneficiario.
El jefe del Estado no hizo ni una sola mención al escándalo de su padre en su discurso. La única comunicación pública sobre estos hechos es el comunicado difundido este domingo por la casa real, en el que el monarca admite que conocía desde el 5 de marzo de 2019 su “supuesta designación como beneficiario de la Fundación Lucum, desde el momento en que se produjese el fallecimiento de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos”.
Según la nota oficial, la información llegó al jefe del Estado a través de un despacho de abogados británico que no adjuntaba documentación que lo acreditara. El bufete, Kobre & Kim, representa los intereses de Corinna Larsen, la expareja del rey emérito. Pese a ello, Felipe VI guardó silencio. Solo reaccionó un día después de que el también diario británico The Telegraph hiciera público que el dinero de dudosa procedencia que Juan Carlos I guarda en una de esas fundaciones, Lucum, está reservado a acabar en sus manos cuando su padre fallezca, según recogen los estatutos.
En los últimos meses este y otros medios de comunicación como El País u OkDiario vienen haciendo revelaciones sobre la vinculación de Juan Carlos I a dos fundaciones 'offshore', la citada Lucum y otra denominada Zagatka, en la que Felipe VI también aparecería como beneficiario. Con su comunicado, la casa real viene a confirmar estas informaciones. Sin embargo, lo que esa nota oficial también pone de manifiesto es que Felipe VI solo reaccionó cuando salieron a la luz documentos que hacían alusión directamente a su persona. Es decir, que la información que Larsen comunicó a Felipe VI le ha obligado a distanciarse de su padre solo tras ser publicada.
Este domingo, Felipe VI anunció que retiraba a Juan Carlos I el sueldo de casi 200.000 euros anuales que recibe anualmente de los Presupuestos Generales del Estado por su condición de rey emérito. También informó de que renunciaba a la herencia “que personalmente le pudiera corresponder”, así como a “cualquier activo, inversión o estructura financiera cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y privada y que deben informar la actividad de la Corona”.
El anuncio de que renuncia a la herencia, en todo caso, no tiene ningún efecto en la práctica y es solo “una declaración pública de intenciones”. Juristas especializados consultados por eldiario.es explican que el Código Civil recoge de forma tajante que no es posible renunciar a una herencia hasta que no tiene lugar el fallecimiento de la persona que lega. Por otro lado, también existen dudas sobre que este patrimonio que Juan Carlos I atesoraría en sociedades 'offshore' forme realmente parte de su patrimonio y pudiera figurar en una futura herencia.
Además, Felipe VI suscribió el 12 de abril de 2019 un acta ante notario mediante la que dejaba constancia de que había informado a su padre de que no aceptaría participación o beneficio alguno de la Fundación Lucum ni en ninguna otra que no esté en “plena y estricta consonancia con la legalidad o con los criterios de transparencia, integridad y ejemplaridad que informan su actividad institucional y privada”. Es decir, reconoció incluso ante un notario que el rey emérito podría estar involucrado en prácticas irregulares o, al menos, no ejemplares.
Pero la única medida que tomó la Casa del Rey fue apartar a Juan Carlos I de la vida pública. A finales de mayo de 2019, la institución informó de que a partir del día 2 de junio, justo cuando se cumplían cinco años desde el anuncio de su abdicación, el rey emérito dejaría de participar en actos institucionales. Aunque su agenda no era muy intensa, su actividad sí se había incrementado en los meses previos por las actividades relacionadas con el cuarenta aniversario de la Constitución. Eso sí, siguió cobrando la asignación presupuestaria de casi 200.000 euros anuales.
Lucum es la fundación panameña que Juan Carlos I utilizó para recibir 100 millones de dólares en 2008 de la casa real saudí. La transferencia se hizo a través de una cuenta del banco suizo Mirabaud. La Fiscalía del país helvético investiga estos hechos desde el verano de 2018. La sospecha es que ese dinero podría ser una comisión por la adjudicación de las obras del Ave a La Meca a empresas españolas.
La otra fundación bajo sospecha es Zagatka, al frente de la cual está Álvaro de Orléans, primo de Juan Carlos I, y desde la cual se pagaron cientos de miles de euros al rey emérito en forma de vuelos privados, según publicó El País. Felipe VI habría renunciado a ser beneficiario de ambas comunicándoselo a su padre, según el comunicado de la Casa del Rey. No ha trascendido, sin embargo, si eso ha tenido alguna consecuencia en la modificación de sus estatutos.
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