La normativa impuesta por Felipe VI en la familia real impide a Juan Carlos I recibir préstamos con intereses por debajo de mercado

La Normativa sobre regalos a favor de la Familia Real entró en vigor el 1 de enero de 2015 por orden de Felipe VI y en su artículo 4.1 establece que ni el propio jefe del Estado, ni su esposa, hijas y padres pueden aceptar “préstamos sin interés o con interés inferior al normal del mercado, ni regalos de dinero”. 

La norma, por tanto, afecta a los posibles préstamos a interés 0 o próximos que pudiera haber recibido Juan Carlos I para afrontar los 4,39 millones de euros que ha abonado a la Hacienda Pública por un incremento patrimonial no declarado y relacionado con los más de 8 millones que la Fundación Zagatka gastó en vuelos de placer del rey emérito. 

La Agencia Tributaria fiscaliza automáticamente este tipo de pagos dentro de la comprobación de que las regularizaciones extraordinarias son “completas y veraces”. Con tres líneas de investigación abiertas en la Fiscalía del Tribunal Supremo por donaciones irregulares y fondos de procedencia dudosa que están o pasaron por paraísos fiscales, Juan Carlos I habría recurrido a amigos empresarios para hacer frente a la deuda con Hacienda por los vuelos de Zagatka y evitar así una eventual querella contra él por delito fiscal y quizá blanqueo de capitales. 

El País publicó el pasado viernes que una decena de empresarios y aristócratas han prestado al rey los 4.395.901,96 euros que ha pagado a Hacienda a través de préstamos y que los han formalizado ante notario o en contratos privados, con un interés que podía ser del 0%. La misma información aseguraba que por este método se ha evitado la donación que hubiera obligado al anterior jefe del Estado a pagar un 40% en impuestos, al tiempo que se evitaba incurrir posiblemente en un delito de cohecho impropio. 

De confirmarse estos préstamos, el rey emérito podría haber esquivado una nueva investigación judicial pero no el incumplimiento de la normativa impuesta por su hijo a los pocos meses de convertirse en jefe del Estado y que le sigue afectando, según confirmó a elDiario.es un portavoz de la Casa del Rey. La infracción de esta normativa instaurada por su hijo, no tiene consecuencia alguna, según confirman fuentes de Zarzuela.  

La aprobación de dicha normativa se produjo en el marco del nuevo rumbo de “ejemplaridad” que Felipe VI quiso imponer en la Casa Real. La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entró en vigor en diciembre de 2013, excluye de su cumplimiento a los miembros de la familia real, por lo que con la normativa interna, la Casa del Rey adaptaría el espíritu del texto legal al comportamiento que debían guardar los miembros de la familia, según se explica en su introducción.

Los “principios generales” de la normativa interna son claros. En su primer punto calca el principal artículo al respecto de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno y establece que “los miembros de la Familia Real no aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni aceptarán favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones”.

Según consta en la investigación de la Fiscalía suiza, los vuelos pagados por la Fundación Zagatka al rey se prolongaron hasta 2018, esto es, tres años después de que la normativa interna ordenada por Felipe VI entrara en vigor. Los vuelos pagados habían comenzado ocho años antes y ascienden a un valor total que supera los 8 millones de euros, lo que a todas luces parece exceder la mera “cortesía” de la que habla la norma para la familia real. Los vuelos se intensificaron tras la abdicación del rey en 2014, coincidiendo con la entrada en vigor de la normativa impuesta por su hijo, Felipe VI.