Jorge Fernández Díaz amparó una brigada de agentes dedicados a atacar el proceso soberanista en Cataluña, que posteriormente dirigieron sus esfuerzos contra Podemos. Operaciones sin control judicial concluían en informes sin sello que acaban en manos de periodistas, para luego ser despreciados por la Fiscalía por falta de pruebas. La guerra sucia del Ministerio del Interior, que estalló con las grabaciones al exministro, comienzan a ser investigadas por el Congreso.
Este jueves se ha constituido la comisión de investigación que tratará de arrojar luz en las sombras de Interior. Se aprobó el pasado septiembre, pero los problemas de salud de Fernández Díaz han obligado a retrasarla. La presión de los grupos ante las nuevas informaciones y la mejoría del exministro han forzado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, a poner en marcha la comisión.
El principal objetivo es llamar a declarar a Fernández Díaz para que dé explicaciones sobre la estructura policial que actuó bordeando la legalidad durante su mandato persiguiendo objetivos políticos. Estas son algunas de las cuestiones a las que tendrá que contestar al exministro, cuyas maniobras al frente de Interior le costaron el puesto y aún dejan consecuencias.
La creación de una 'policía política'
Fernández Díaz tendrá que dar explicaciones sobre la creación de la estructura secreta de agentes bajo el mando de Eugenio Pino, al que el exministro situó al frente de la Dirección Adjunta Operativa (DAO). Fue él quien puso a un grupo de agentes a perseguir a los enemigos políticos del Gobierno, como destapó eldiario.es en 2014.
Los agentes comenzaron a trabajar en 2012, poco después de la llegada del PP al poder. Su objetivo primordial era buscar indicios de corrupción sobre dirigentes políticos catalanes o miembros de su entorno, con el fin de usarlos como arma contra el movimiento soberanista. Pino se coordinaba con Fernández Díaz sin pasar por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.
Pino puso al servicio de su cruzada a la Unidad de Asuntos Internos (UAI), dirigida por Marcelino Martín Blas, convirtió en su mano derecha al policía José Ángel Fuentes Gago y situó a José Manuel Villarejo como una de las piezas claves de las maniobras contra el independentismo. Todos estos nombres saldrán a lo largo de las sesiones de la comisión de investigación.
Las maniobras contra el soberanismo
Los agentes de la 'policía política' rastrearon informaciones comprometedoras sobre políticos catalanes, que reflejaban en informes sin sello. Algunos medios divulgaron esos documentos dándoles veracidad, a pesar de las dudas que generaban. Es el caso de las informaciones sobre la cuenta en Suiza del exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, una cuenta que no existía y cuya supuesta existencia se basaba en un número de identificación cuyo formato no usaba el banco suizo.
Esa maniobra está ahora en manos de los tribunales. Trias ha denunciado también a Pino por sostener recientemente en una entrevista que esa cuenta existe, aunque el propio banco confirmó que el político de CDC no estaba entre sus clientes. En la entrevista en El Mundo, Pino dejó detalles sobre el funcionamiento de una brigada de policías cuya existencia negó.
En las páginas del periódico que publicó la falsa cuenta de Trias, el exDAO protestó por el excesivo celo de los jueces cuando él pedía detener a la familia Pujol con pruebas poco concluyentes. Los métodos de la policía contra los Pujol también han salido a la luz durante la investigación que lleva a cabo la Audiencia Nacional.
Pino y Martín Blas han tenido que declarar por el origen de un pendrive incorporado a la causa, que los agentes descubrieron, presuntamente, revolviendo un cajón. El juez José de la Mata sospechó de su origen y abrió una pieza separada ante el temor de que la prueba, obtenida irregularmente, pueda echar al traste las investigaciones contra la familia Pujol.
Las grabaciones con el Antifrau
Los trabajos de este grupo de policías contra el independentismo catalán saltaron a los titulares de todos los medios con la publicación de una conversación grabada entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso, por entonces jefe de la Oficina Antifrau de Cataluña. Es esta conversación la que motivó la petición de la comisión de investigación por parte del PSOE.
En esa grabación se escucha a ambos hablar sobre las investigaciones a Oriol Junqueras y a su entorno, tratando de buscar casos de corrupción. “Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra, pero son muy débiles. Esa es la verdad, ministro”, asegura el director de Antifrau. También se escucha al exministro proponer utilizar a la Fiscalía para acelerar la publicación de un supuesto caso de prevaricación de CiU.
“Esto se puede publicar si quieres, ministro... si quieres que se publique, yo me comprometo a que se publique, pero déjame que antes cierre el expediente”, reclama De Alfonso al ministro, que responde: “Esto, la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión”. En otro momento de la conversación, el Antifrau celebra haber “destrozado” el sistema sanitario catalán con informaciones contra un exalcalde de CiU.
Fernández Díaz dijo entonces que él era la víctima en todo este asunto. Aseguró que las grabaciones estaban cortadas y manipuladas, relacionó su aparición con el momento político -poco antes de las elecciones generales de junio- y descartó haber cometido cualquier ilegalidad.
El informe PISA sobre Podemos
Los agentes dirigidos por Eugenio Pino diversificaron sus objetivos con la aparición de Podemos y su consolidación como partido. De esas maniobras surgió el informe PISA (por las iniciales de Pablo Iglesias Sociedad Anónima) que el PP ha usado en repetidas ocasiones contra Podemos, y sobre el que Fernández Díaz tendrá que responder.
El documento pasó por los medios de comunicación para acabar recalando en la Audiencia Nacional. La Fiscalía de este tribunal despreció el informe sin sello de ninguna unidad policial ni firma de ningún funcionario que, supuestamente, quería demostrar la financiación ilegal del partido con origen en Irán y Venezuela.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional aseguró que el dossier carecía de “cualquier membrete oficial que acredite tal carácter oficial”. “Se trata de un conjunto desordenado” de recortes de prensa y que no contiene ningún indicio que pueda ser utilizado como prueba. Algo parecido dijo la Fiscalía del Supremo, que definió el documento como una “mera remisión de informaciones no autenticadas”.
El desprecio de los tribunales no ha impedido al PP usar el contenido del informe contra Podemos, por ejemplo, durante el debate de investidura del pasado octubre.