La fiscal del caso Máster, Pilar Santos Echevarría, defendió este viernes sus conclusiones definitivas manteniendo la petición de 3 años y 3 meses de cárcel para Cristina Cifuentes por inducir a la falsificación del acta de defensa del Trabajo de Fin de Máster. “La señora Cifuentes, por su cargo, no se manchó las manos, pero es evidente que le urgía imperiosamente que la universidad le ofreciese una solución. Si la maquinaria se puso en marcha fue por estas presiones”, lanzó en la sala la fiscal.
Santos Echevarría defendió que el consejero de Educación Rafael Van Grieken y la acusada y exasesora de éste, Maite Feito, actuaron inducidas por Cifuentes para salvar la carrera política de la entonces presidenta madrileña. “Por supuesto que (Cifuentes) no llamó, pero la única beneficiaria era ella y su carrera política”, ha añadido la fiscal.
La representante del Ministerio Público expuso todas las falsedades de Cifuentes durante el juicio respecto a la supuesta defensa del TFM. “Nada de lo que ha dicho ha podido acreditar”, aseguró la fiscal, en referencia a la tesis de la expresidenta de que ella fue el 2 de julio de 2012 a defender el TFM y que entregó los trabajos al catedrático Enrique Álvarez Conde, fallecido en 2018, por mensajero o a través de los colaboradores de Cifuentes. “Si se trataba de hacerle la vida más fácil (a Cifuentes) por qué no se los enviaba por correo electrónico”, dijo Santos Echevarría.
En toda la trama de presiones, el relato de la fiscal destacó el papel de Maite Feito, de la que dijo que ha quedado de sobra acreditado que dirigió sobre el terreno la maniobra de la falsificación del título y que si pudo ser así es porque todos conocían en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) la “conexión política” que tenía con la presidenta madrileña, debido a su cargo en la Consejería de Educación.
Santos Echevarría recuperó la veintena de llamadas de Feito a la profesora que ha confesado falsificar el acta, Cecilia Rosado. “Tanta insistencia es inviable desde un punto de vista cordial. Nadie llama por altruismo 20 veces a la misma persona”, manifestó después sobre Feito el abogado de la URJC, que ejerce la acusación particular, y que también mantuvo las peticiones de cuatro años de cárcel tanto para Cifuentes como para la ex asesora. “¿Si no tenía ningún interés por qué estaba donde nadie la había llamado y fue quien intervino en todo?”, se preguntó. De Cecilia Rosado, la fiscal ha destacado su “precaria” situación laboral y de dependencia en ese ámbito de Álvarez Conde y ha vuelto a defender la rebaja de la condena por los atenuantes de confesión y miedo insuperable.
El abogado de la URJC defendió en su informe de conclusiones que Cifuentes se aprovechó y trató de beneficiarse políticamente del acta del TFM “conociendo que tenía un contenido imposible y falso''. A juicio del letrado, durante el juicio ha quedado acreditado que la expresidenta regional sabía que no había defendido ese trabajo cuando lo mostró públicamente para desactivar una polémica que trascendía al ámbito político y ”se quiso beneficiar de su elaboración y de la falsedad de su contenido“. Según su tesis, este hecho la hace culpable porque en la jurisprudencia establece que basta con que se beneficiara de esa falsificación a sabiendas de que lo era para que pueda ser condenada por ello.
El último en intervenir fue el abogado de Cristina Cifuentes, que fue muy duro con las intervenciones previas del abogado de la URJC y con la representante del Ministerio Fiscal. De ambos dijo que han mostrado una argumentación “débil, frágil y voluntarista” que no logra entender en el caso de la Fiscalía.
El letrado José Antonio Choclán afirmó que no existe el más mínimo indicio de la inducción por parte de Cifuentes de la falsificación del acta y que lo único acreditado es que dio instrucciones para “resolver una crisis mediática”, lo que dista mucho de inducir a la comisión de un delito como es la falsificación de un documento oficial. Más duro fue con la representación de la URJC al asegurar que su escrito de acusación debería haber sido expulsado de la causa. “No sabemos de cuál de las hipótesis posibles tenemos que defendernos”, aseguró Choclán.
Para la defensa de Cifuentes si algo pudiera haber quedado acreditado es que “la idea criminal surgiera del gabinete de crisis” que se creó en la universidad la mañana de la exclusiva de elDiario.es. “A quien beneficiaba (la falsificación) no es a Cristina Cifuentes sino que había que lavar la cara a la universidad”, expresó Choclán, quien finalizó su intervención pidiendo que se ponga “fin al calvario” que ha venido padeciendo injustamente su defendida.
Previamente, la URJC también había mantenido la petición de cuatro años de cárcel para Feito, a la que considera “elemento fundamental de presión” sobre los profesores Pablo Chico y Cecilia Rosado. Ha afirmado que su condición de asesora le otorgaba un “aura de poder y representatividad” de la que ella hacía gala y que su presencia en la URJC el día que estalló el escándalo “no podía ser casual”.
Un hecho que negó tajantemente su defensa, que rechazó cualquier papel de intermediación de Feito en los hechos: “Lo más relevante de todo es que María Teresa Feito no estaba en la mañana del 21 de marzo de 2018 en la URJC como enviada, emisaria o intermediaria de la Comunidad de Madrid. No estaba en representación de la Comunidad de Madrid”. E insistió en que estaba allí porque había quedado con otro profesor para hablar de una conferencia en la que iba a participar próximamente.
La URJC sí ha rebajado la petición de cuatro años a uno y medio para Rosado, que confesó haber falsificado el acta y que ha colaborado con los investigadores. “Se vio obligada a fabricar un documento que diera credibilidad a un hecho que no había existido” tras recibir “presiones” de Álvarez Conde y Feito, afirmó el letrado sobre la docente. “Cometió un error, se rindió a las presiones pero lo ha confesado con su sinceridad y colaboración el esclarecimiento de los hechos”, añadió.
Quien más confrontó la actuación de Rosado fue el abogado de Feito, que la calificó de “calculada” e incluso “intrépida” y a la que acusó de haber participado del “engaño” de Álvarez Conde al rector. “Nos nos parece congruente el relato de Rosado con su actuación”, insistió la defensa de la exasesora. Durante su informe, el abogado de Rosado reiteró que Feito presionó a su clienta para que realizara el acta, el trabajo de Cifuentes y que le diera bibliografía sobre el tema a abordar. El juicio ha quedado visto para sentencia.