El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido este jueves en su discurso en el acto solemne de Apertura del Año Judicial contra quienes siembran “semillas de odio” contra los menores migrantes. “Será la historia la que nos juzgue si al hablar de niños o de niñas migrantes, nos referimos a ellos como si fueran mera mercancía, números o cromos que se intercambian en el mercado de las palabras o, lo que es más peligroso, sembrando semillas de odio contra estas personas especialmente vulnerables que pueden prender en sociedades desinformadas o manipuladas”, ha aseverado el máximo responsable del Ministerio Público.
Las palabras que del máximo responsable del Ministerio Público ha pronunciado ante el rey Felipe VI y el resto de autoridades políticas y judiciales tienen un especial eco en un momento como el actual, en plena disputa política sobre la acogida de los menores migrantes y después de que terribles sucesos como el asesinato de un menor en Mocejón fuera utilizado por diferentes terminales de extrema derecha para lanzar mensajes xenófobos. Mensajes “falsos” y en los que se “criminaliza de forma generalizada” a menores migrantes, según la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio, que estudia si pueden ser delito.
La memoria que la Fiscalía ha presentado este jueves, relativa a los datos recopilados a lo largo de 2023, refleja el repunte de llegadas de menores extranjeros no acompañados a España con respecto a cursos anteriores. Un “notable incremento” con 4.865 menores, la mayor parte chicos, por los 2.375 de 2022. El país de procedencia con más menores es Senegal muy por delante de Marruecos, Gambia y Argelia.
En total, según revela la Fiscalía, el Registro que contabiliza estos menores detectó, a finales del año pasado, un total de 12.878 menores no acompañados frente a los 11.417 de 2022, en este caso la mayor parte procedentes de Marruecos. También crecieron las diligencias puestas en marcha para determinar la edad de estos jóvenes: un total de 7.422 comprobaciones por las 4.805 del año anterior. La Fiscalía destaca la problemática trasladada por el Ministerio Público en Canarias, donde por ejemplo la provincia de Tenerife se vio “totalmente desbordada” a la hora de afrontar estas pruebas.
“Desinformación”
El discurso de fiscal general se produce también en un complejo momento para la institución. García Ortiz se expone a ser investigado en la causa abierta contra la Fiscalía a raíz de la querella presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El juez entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en el comunicado con el que la Fiscalía buscaba desmentir varios bulos sobre el proceso judicial por doble fraude fiscal contra el empresario y comisionista.
En su discurso, el máximo responsable del Ministerio Publico ha ensalzado la Memoria de la Fiscalía presentada en este acto como un relevante instrumento contra “la desinformación, la mentira y el infundio”, a los que se ha referido como “uno de los riesgos más importantes” para la democracia y la convivencia. Y en la propia Memoria recuerda que el derecho a la información es “un elemento nuclear del Estado Social y Democrático de Derecho” y sostiene que la transparencia se logra “evitando la información sesgada” y “proporcionando los datos de forma objetiva y completa”.
Los “fines espurios” de la acusación popular
En otra parte de su discurso, García Ortiz ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con “fines espurios”, al tiempo que ha señalado que el juez instructor “no puede extender sus competencias” al “control absoluto” de la actividad pública y privada.
El jefe del Ministerio Público ha indicado que “la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal”.