La Fiscalía de Madrid también considera “esencial y preciso” que el juez Juan Carlos Peinado aclare qué hechos delictivos imputa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para evitar “cualquier atisbo de indefensión o de configuración de una causa general”.
El fiscal del caso ve “necesaria la determinación y precisión judicial” para garantizar “la plenitud del derecho de defensa” y ha solicitado al juez que delimite la investigación y fundamente “mínimamente” los hechos que instruye después de remitir parte del caso a la Fiscalía Europea.
Lo hace en un escrito fechado el pasado 19 de junio y al que ha tenido acceso EFE, en el que recurre la providencia en la que el juez daba por zanjadas las dudas de la defensa de Begoña Gómez sobre el alcance de la causa, y donde le pide que motive qué indicios nuevos ha ido recabando para evitar la “indefensión patente” de la investigada.
Y también impugna, al igual que ha hecho el abogado de Begoña Gómez, la citación como testigo el próximo 5 de julio del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache.
Considera el fiscal que la citación del rector, acordada el mismo día que debe declarar Gómez como investigada, se adoptó “al margen de una mínima concreción fáctica y carente de todo enfoque jurídico, desconociendo a qué datos obedece (...), qué delito se imputa a la investigada (o si son los mismos), o relación del testigo con la misma”.
La Fiscalía carga contra la “indeterminación y falta de claridad y concreción del objeto de la causa” pues, más allá de referencias a la Universidad Complutense en las denuncias y querellas que han llegado al juzgado, “no existe resolución judicial que recoja”, siquiera “sucintamente” qué hechos se investiga.
Por ello, ve necesario que el juez determine previamente los hechos a los que se ciñe la causa para “comprender y valorar la necesidad y pertinencia” de la testifical del rector.
En el marco de este procedimiento, el juez Peinado ha rechazado recientemente admitir como acusación particular a la Universidad Complutense de Madrid al no ver “qué perjuicio puede haber sufrido”.
Como el abogado de Gómez, el fiscal entiende que la Audiencia Provincial de Madrid acotó los hechos que el juez debe investigar, descartando dos bloques que denunció el colectivo Manos Limpias, si bien asume que esto no implica que no puedan investigarse hechos relacionados con los iniciales o que pudieran surgir.
Pero para ello, dice, el juez debería motivar qué hechos nuevos entiende delictivos o qué indicios ha recabado con posterioridad “para investigar hechos que en principio la Audiencia Provincial vio como un bloque fáctico inverosímil o con datos erróneos” o, en el caso de la posible relación de Begoña Gómez con el rescate de Globalia, “como una simple conjetura”.
Además, el fiscal hace referencia a que el único informe policial que obra en la causa, de la Unidad Central Operativa (UCO) fue solicitado por el juez “bajo una poca escrupulosa indeterminación y generalidad” y que habría que ver si contiene hechos sobre los que, según la Audiencia de Madrid, “no se debió ni pudo abrir una investigación”.