Alejandro Luzón ha sido elegido por el Consejo Fiscal como nuevo jefe de Anticorrupción. El fiscal del caso Bankia y las tarjetas Black sustituirá a Manuel Moix, que abandonó el cargo el pasado 1 de junio, tras ganar por ocho votos a tres al fiscal de Sala del Tribunal Supremo Pedro Crespo. Su nombramiento tendrá que ser ratificado ahora por el Consejo de Ministros.
Al puesto aspiraban un total de siete candidatos, pero Luzón ha obtenido el respaldo de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), conservadora y mayoritaria, frente al apoyo que han prestado los tres miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a Crespo. Los dos fiscales natos del Consejo también han votado a Luzón.
La votación no es vinculante, así que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tendrá que decidir si lleva su nombre al Consejo de Ministros o elige otro. Lo tradicional es que proponga al Gobierno el candidato respaldado por sus compañeros y a eso se comprometió Maza cuando fue nombrado.
La elección final de los fiscales conservadores no estaba clara. Uno de los aspirantes pertenece a esta asociación, el ex fiscal jefe de Andalucía Jesús García Calderón, pero algunos de sus miembros no veían en él a un buen candidato. Apuntaban que su falta de experiencia en Anticorrupción le descartaba como candidato, a pesar de que esta asociación aupó a Moix, el único aspirante de la anterior convocatoria que no trabajaba en la fiscalía que quería dirigir.
Luzón se ha impuesto entre los fiscales conservadores a la candidatura de Crespo, que contaba con la simpatía de algunos integrantes de esta asociación. Su elevado rango en la carrera y su buena reputación entre sus compañeros -algunos le veían como fiscal general del Estado o Ministro de Justicia- le habían colocado entre los favoritos. Sin embargo, la AF ha optado finalmente por un miembro no asociado y con experiencia en Anticorrupción.
Luzón era ya uno de los principales favoritos para la convocatoria del pasado febrero. Lleva en Anticorrupción desde que se fundó a finales del Gobierno de Felipe González y durante las dos últimas décadas se ha ocupado de casos de enorme relevancia como Gescartera, la investigación al exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, el de Tabacalera, las estafas de Fórum y Afinsa, o más recientemente el caso Bankia.
Normalmente fuera del foco, su papel en el caso de las tarjetas Black le dio varios titulares. Acusó a la élite política y económica que tenía sentada en el banquillo de “pillaje y rapiña”, les reprochó una actitud “primitiva y depredadora” y pronunció una frase que ligaba el rescate bancario con el fraude de los plásticos: “Todos los españoles tenemos vela en este entierro”. Al final, la Audiencia Nacional condenó a Rodrigo Rato, Miguel Blesa y el resto de acusados a las penas que pedía Luzón.
Ahora, este fiscal centrado en casos económicos tiene que enfrentarse al reto de cerrar la herida abierta en Anticorrupción. Moix ha sumido a la Fiscalía en una crisis con sus injerencias en en la investigación de las irregularidades del Canal y sus intentos por apartar a Carlos Yáñez, uno de los fiscales del caso. También quiso cambiar a los investigadores del caso del 3% de Cataluña, una decisión que frenó el propio Maza.
Su mayor reto será el caso Lezo y uno de sus tentáculos, el que alcanza al expresidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Moix intentó evitar el registro en las oficinas de Inassa, la filial que el Canal compró en época de Gallardón por mucho más de lo que costaba realmente, y utilizando una sociedad con base en Panamá. Los fiscales del caso consiguieron sortear ese veto y ahora rastrean los ingresos del expresidente madrileño en busca de indicios que le vinculen con ese pelotazo.