El Consejo Fiscal -el máximo órgano de representación de la carrera que preside la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal- acaba de certificar el fracaso del plan del Gobierno para acortar la instrucción de las causas penales (a seis meses en las causas simples y a año y medio como norma general en las declaradas como complejas) que se acumulan en los juzgados españoles.
A través de un comunicado aprobado por unanimidad, los fiscales sostienen que es imposible revisar todos los procedimientos penales antes del 6 de junio, tal y como obliga la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) impulsada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que entró en vigor el pasado 1 de julio. El cambio legal modificó, pese a la oposición del resto de partidos, el artículo 234 de la norma y daba seis meses para la instrucción de los asuntos que no fuesen declarados como complejos.
Pese a que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido reiteradamente que los plazos iban a cumplirse, el órgano que agrupa a fiscales de todas las sensibilidades da por fracasada la reforma. En seis líneas hace un diagnóstico demoledor sobre la situación de los juzgados penales en España: “Considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia. Con la información disponible las fiscalías no pueden conocer el cambiante volumen de asuntos pendientes en los juzgados españoles, datos que sólo constan en cada uno de ellos de modo que no es posible asegurar con certeza que a 6 de junio se hayan revisado todas las causas en tramitación, ni que el control pueda seguir realizándose en el futuro de manera completa”.
El comunicado del Consejo Fiscal lamenta que no se hubiese dotado de medios a la Fiscalía para agilizar la Justicia, más allá de las 80 plazas creadas de refuerzo para los juzgados más saturados. El Consejo Fiscal solicita al Gobierno “que se adopten las medidas adecuadas para corregir esta situación”.
Por separado, las distintas asociaciones de fiscales han sido más duras. Desde el primer momento, la Unión Progresista de Fiscales advirtió de que el ministerio público no contaba con medios para cumplir con los objetivos “electoralistas” de la ley. Hoy tras la reunión del Consejo Fiscal, ha cargado contra “la irresponsabilidad de quien ha legislado pensando en su rédito electoral y no en los ciudadanos, auténticos perjudicados de esta malograda reforma”.
“La unanimidad del Consejo no es sino el reflejo del sentir de la Carrera Fiscal, y el resultado de una desastrosa forma de legislar, interpretar y ejecutar una norma. Ojalá hubiera alguna manera razonable y jurídicamente sostenible para salir de este callejón sin salida”, alega la UPF.
La Asociación de Fiscales, la más conservadora, llegó a pedir este martes a través de una nota pública que el Ejecutivo en funciones que preside Mariano Rajoy suspenda la vigencia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a través de un decreto ley dado que la reforma del Gobierno “ha hecho realidad las peores previsiones, con los graves e inevitables perjuicios que eso va a ocasionar a la ciudadanía”.
Una primera revisión aproximada de 103.178 procedimientos penales dio como resultado que una de cada tres causas debían ser declaradas complejas, según los datos que facilitó en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados la Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, durante su comparecencia a finales de abril. Lo que quiere decir que la instrucción de más de 60.000 procesos debía concluir antes de medio año. Pero se trata de una mera estimación, porque por no saber, los fiscales no saben ni siquiera el número exacto de procedimientos pendientes en los juzgados españoles que según algunas fuentes superan los 600.000. La última palabra la tiene el Gobierno. El próximo 6 de junio expira el plazo que nadie en la Justicia española cree que se pueda cumplir.