Los fiscales que hace unas semanas apostaron por pedir la imputación de Carles Puigdemont por terrorismo han enviado sus argumentos a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que tiene la última palabra sobre el criterio de la Fiscalía en este asunto. Según ha adelantado este miércoles El Español, la causa que investiga a Tsunami Democràtic “encaja” en el delito de terrorismo y el expresident catalán puede ser considerado su “líder absoluto” según estos fiscales, por lo que entiende que procede la apertura de la causa contra él en el alto tribunal.
El criterio de la mayoría de los fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo quedó plasmado después de una tensa reunión en la calle Fortuny de Madrid el pasado seis de febrero. La mayor parte de los integrantes del Ministerio Público rechazaron la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, que entendía que Puigdemont no debe ser imputado, y se pronunciaron a favor de pedir al Supremo su encausamiento por un delito de terrorismo.
La discrepancia entre los dos superiores de esa Fiscalía –uno apostó por la imputación y otro por lo contrario– dejó el caso en manos de María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, que antes de emitir su informe pidió uno a los fiscales que pedían la imputación de Puigdemont para conocer sus argumentos. Un informe que ya obra en su poder y en el que los fiscales, entre ellos Fidel Cadena y el resto de los que apostaron sin éxito por la rebelión en el juicio del procés, son claros al entender que el expresident debe ser acusado de terrorismo.
“No cabe duda alguna de que los hechos encajan perfectamente en el delito de terrorismo”, dice el documento firmado por Cadena. Tampoco de que Carles Puigdemont, por aquel entonces en Bruselas, puede ser considerado el “líder absoluto” del movimiento Tsunami Democràtic. Ahora está por ver si el criterio de la teniente fiscal coincide con el de la mayoría de los fiscales del Supremo o si entiende que el caso debe ser devuelto a Manuel García Castellón en la Audiencia Nacional.
El caso Tsunami Democràtic investiga las manifestaciones masivas que miles de personas protagonizaron en Catalunya a finales de 2019 después de que el Tribunal Supremo condenase a los líderes del procés a penas de hasta 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia. Una de estas protestas fue la que colapsó durante un día entero el aeropuerto de El Prat en Barcelona.
Manuel García Castellón decidió impulsar las acusaciones por terrorismo del caso en noviembre del año pasado, coincidiendo con las negociaciones entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez y sacar adelante una ley de amnistía. Anunció ya entonces que, entre otros, sus acusaciones se dirigían contra Carles Puigdemont, y explicó que su acusación de terrorismo se basaba, sobre todo, en la muerte de un turista en el aeropuerto durante las protestas, que hasta ahora había sido desvinculada de Tsunami.
El criterio de la Fiscalía no será, en cualquier caso, vinculante para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El juez Juan Ramón Berdugo será el que decida si admite la exposición razonada de la Audiencia Nacional y abre o no una causa por terrorismo con Carles Puigdemont como principal imputado. El criterio de los fiscales del Supremo es el contrario al mostrado hasta este momento por sus compañeros de la Audiencia Nacional, que llegaron a recurrir sin éxito la decisión de Manuel García Castellón.