La Fiscalía del Tribunal Supremo emerge como un nuevo elemento en la tormenta surgida por el choque entre las políticas del Gobierno para Catalunya y las polémicas decisiones de los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Aguirre. Un grupo selecto de fiscales, adscritos a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, escuchará este martes a su compañero Álvaro Redondo defender que las protestas en contra de la sentencia del procés no constituyeron en caso alguno un delito de terrorismo. Luego, esos 14 fiscales decidirán si le apoyan o si, por contra, proponen a los jueces del Alto Tribunal investigar a Carlos Puigdemont y otros acusados como presuntos terroristas.
De fondo está la eventual aplicación de una ley de amnistía al ex president Puigdemont y al resto de personas a las que el juez García Castellón considera líderes de las protestas de Tsunami Democràtic. En el caso de que los jueces del Tribunal Supremo asuman las tesis del magistrado de la Audiencia Nacional de que se trató de terrorismo las posibilidades de que los acusados sean amnistiados son inciertas.
Entretanto, un órgano apenas conocido por la opinión pública, la Fiscalía del Tribunal Supremo, ha vuelto al primer plano por los enfrentamientos surgidos en su seno, otra vez a cuenta de la radical oposición de una parte de ellos al Gobierno de izquierdas. Esta vez, la actuación de esos fiscales se ha vuelto contra su compañero Álvaro Redondo, un funcionario decididamente conservador a quien ha correspondido por reparto posicionarse sobre la petición del juez de la Audiencia Nacional de imputar por terrorismo a Puigdemont, aforado ante el Tribunal Supremo por su condición de europarlamentario.
[[ACTUALIZACIÓN: Los fiscales del Supremo deciden pedir la imputación de Puigdemont por terrorismo]]
El fiscal Álvaro Redondo tuvo que leer el domingo por la noche en El Mundo que había cambiado su criterio tras reunirse con el fiscal general, Álvaro García Ortiz: de ver terrorismo en los altercados independentistas de 2019 a asumir la tesis de que esas protestas son constitutivas, en todo caso, de delitos de coacciones y desórdenes públicos agravados.
Fuentes consultadas por elDiario.es afirman que el fiscal elaboró un primer “borrador interno” en el que, tras hacer un análisis más superficial de los hechos, apuntaba a la posible existencia de un delito de terrorismo en esas protestas. Las conclusiones de ese “documento de trabajo” únicamente fueron compartidas con otros compañeros suyos de la Fiscalía del Supremo. Después, algunos fragmentos textuales acabaron publicados en los medios. Un informe fantasma —que su autor define como un “documento de trabajo, sin carácter procesal”— que las citadas informaciones elevaron a la categoría de concluyente.
Aquella afirmación inicial sobre un posible delito de terrorismo, afirman las mismas fuentes, tenía que ver con la hipótesis de que las protestas en el Prat hubieran retenido a los controladores aéreos en las instalaciones. A lo largo de la elaboración de su informe, el propio fiscal descartó que existiese esa detención ilegal, el único elemento que veía para sostener la imputación del terrorismo a los organizadores de la protesta, y que finalmente rechazó en su ponencia definitiva.
A la mañana siguiente de la publicación de El Mundo, tanto el fiscal general del Estado como el redactor del informe desmintieron esas acusaciones en público y por escrito. En un comunicado, Redondo negó haber recibido ninguna “instrucción” ni “mínima sugerencia” por parte del fiscal general y reivindicó una carrera de 46 años “al servicio del Derecho” y en la que jamás aceptó “presión alguna de nadie”. Respecto al informe definitivo, afirmó que lo había redactado “varios días antes” de reunirse con el fiscal general y que se limitó a comentar con él “someramente” el sentido del borrador en el que estaba trabajando sin darle siquiera una copia.
Redondo es un fiscal que escapa a cualquier sospecha de connivencia con el Gobierno. Afiliado a la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales, basta con recuperar sus artículos en el diario ‘La Razón’. Uno de ellos lleva por título ‘Una nueva ley de amnistía es inconstitucional’.
García Ortiz, por su parte, también negó haber ejercido presión alguna, al tiempo que anunció que requerirá una rectificación a los medios que difundieron informaciones sobre sus supuestas presiones. En el caso de que no lo hagan, el fiscal general del Estado anunció acciones legales.
El precedente de las querellas por la COVID
El guión de esta trama de intrigas en el Palacio de Fontalba no es nuevo. El Gobierno se enfrentó a su primer gran envite en el Tribunal Supremo por las querellas que le acusaban de ser responsable de la propagación de la COVID-19. Entonces, el fiscal Luis Navajas, encargado de elaborar la ponencia a favor o en contra de admitir esas querellas, denunció presiones de sus compañeros en la misma dirección, o sea, en contra del Gobierno. Navajas contó que dos de los cuatro fiscales que participaron en el juicio del Supremo le visitaron para condicionar su posición. De uno de ellos dio el nombre: Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Ella y el otro fiscal que le habría presionado estaban “contaminados ideológicamente”, dijo Navajas. Y añadió: “Con esa tropa yo no voy a la guerra”.
Madrigal ejerció la acusación en la causa del procés junto a Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno. Todos ellos defendieron hasta el último momento que los líderes del procés habían cometido un delito de rebelión, por abanderar una revuelta de carácter violento. Fracasaron. El tribunal condenó finalmente por sedición, la tesis que había defendido en el juicio la Abogacía del Estado, y evitó así una pena mayor a los acusados. Durante la vista, el fiscal Zaragoza llegó a hablar de “golpe de Estado”. Miembro de la Unión Progresista de Fiscales durante años, Zaragoza se dio de baja de la asociación hace meses y antes de las elecciones generales se postuló en ambientes jurídicos como candidato a fiscal general del Estado en un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.
La pelota llega a la Fiscalía del Tribunal Supremo después de que el terreno se embarrara con la reactivación del caso Tsunami por el juez García Castellón, justo cuando se discutía el acuerdo de investidura y la ley de amnistía, y la descalificación de esa maniobra por parte de independentistas y miembros del Gobierno. El magistrado apreció indicios contra Puigdemont cuatro años después de empezar a investigar y cuando ni el informe final de la Guardia Civil los apreciaba.
Semanas después, el juez Joaquín Aguirre, en Barcelona, revitalizaba la causa por la supuesta intervención rusa en el procés e implicaba a Puigdemont en las supuestas conexiones de dirigentes independentistas con Moscú, lo que derivaría en que el expresident quedara fuera de la ley de olvido penal del procés.
La protesta de El Prat
La Junta de Fiscales de la Sala Penal que decidirá sobre la exposición razonada de García Castellón se reunirá este martes a partir de las 10 de la mañana en la sede de la Fiscalía General de Estado. El informe que Redondo defenderá ante sus compañeros sostiene que en la causa de Tsunami Democràtic “no concurre el tipo penal de terrorismo” y califica de “demasiado abiertos” los indicios contra Puigdemont reunidos por García Castellón. El borrador trata de desmontar esos indicios a los que apunta el juez para construir una vinculación terrorista que dificultaría la inclusión del expresident en la ley de amnistía.
Redondo se refiere, principalmente, al intento de bloqueo de los accesos a El Prat y la afectación de la protesta sobre la infraestructura aeroportuaria. Según García Castellón, el “encierro” de los controladores aéreos en la torre de control del aeropuerto “impidiéndoles la salida del edificio, así como al bloqueo de pasajeros en el propio aeropuerto por el cierre de las salidas” son “posibles actuaciones terroristas”.
El fiscal, sin embargo, sostiene que aunque la presencia de vehículos de manifestantes impedía la salida de los controladores, la Policía “liberó el tránsito” y no se produjo, en consecuencia, la “situación de encierro” que habría constituido una detención ilegal y, en consecuencia, la comisión de un delito de terrorismo. Por contra, Redondo considera que la única calificación jurídica posible es un delito de coacciones. El fiscal califica la ocupación del aeropuerto, el bloqueo de las autopistas y los disturbios causados durante la jornada de huelga convocada por la plataforma como posibles delitos de desórdenes públicos, no como terrorismo.
La decisión que este martes tome la Junta de Fiscales de la Sala Penal no es vinculante para los jueces del Supremo. La decisión última sobre si se abre o no causa contra Puigdemont será de los jueces de su Sala de Admisión. En cualquier caso, la calificación que de esos hechos hagan los fiscales del principal tribunal del país afectará sin duda a las difíciles negociaciones que el PSOE y Junts tratan de reconducir con el concepto jurídico del terrorismo como principal discrepancia entre ambos.