Los fiscales de Anticorrupción Carlos Yáñez y Carmen García, acompañados de agentes de la Guardia Civil, registran desde el martes la sede en Colombia de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la filial del Canal de Isabel II en ese país. Acompañados de miembros de la Fiscalía colombiana han buscado documentación sobre la compra de esa compañía en 2001. Los investigadores buscan pruebas sobre ese pelotazo aprobado por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.
El registro comenzó el martes y se prolongó durante 12 horas, de 7:30 de la mañana a las 20:00 de la noche. Está previsto que continúe a lo largo del día de este miércoles. Los Fiscales españoles están colaborando con sus colegas colombianos, que han iniciado su propia investigación, la Operación Acordeón, para esclarecer si en la compra de Inassa se pagó un sobreprecio con dinero público que acabó en bolsillos particulares.
Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana Inassa.
La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación.
Tal y como informó eldiario.es, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que reclamara al Ministerio de Hacienda la “información tributaria completa” de Ruiz-Gallardón, así como sus ingresos derivados de “operaciones con terceros de actividades profesionales”, según consta en documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo.
Inassa está controlada con el 82.16% a la empresa Triple A de Barranquilla, ASAA de Riohacha y hasta el pasado 17 de abril Metroaguas de Santa Marta. La filial del Canal tiene 4.500 empleados y controla desde su sede en la ciudad colombiana de Baranquilla los negocios de la empresa pública en Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana y Brasil.