La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado la denuncia que el Gobierno impuso sobre la actuación del exdirector de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD) José Luis Terreros, según fuentes conocedoras del procedimiento. Como adelantó este diario, fue el propio Gobierno el que denunció ante la Fiscalía General del Estado a Terreros tras recibir una denuncia interna por no tramitar el positivo del velocista Patrick Chinedu, entre otras posibles irregularidades, como el pago de controles antidopaje que luego no resultaban apropiados para sancionar a deportistas. Hace menos de un año, esa misma Fiscalía consideró que abrir expediente a deportistas dopados era “un imperativo legal” independientemente de si se cumplían todos los requisitos formales. En ese momento lo hizo para salvar a Terreros en otro caso, como hizo en al menos dos denuncias más.
Desde al menos 2018, España ha tenido un problema con los controles antidopaje. El real decreto que los regulaba estipulaba, de forma algo confusa, que debía haber dos agentes de control siempre presentes. Pero con la empresa que realizaba los controles antidopaje, la alemana PWC, a menudo iba un solo agente. Hay multitud de pruebas deportivas, muchas amateurs, e ir con dos multiplicaba los costes. La CELAD lo sabía y los positivos que encontraba y que habían sido realizados con un solo agente seguían vías dispares: unos progresaban, otros se quedaban en un cajón, otros deportistas recurrían… Los que eran sepultados nunca salían a la luz protegidos por la ley de protección de datos.
Hubo algunos deportistas amateurs que, tras ser sancionados, denunciaron en Fiscalía al director de la CELAD, José Luis Terreros. Consideraban que este había prevaricado por tramitar positivos que, según los deportistas sancionados, no cumplían los requisitos legales al haber sido realizados por un solo agente.
En al menos dos casos, el Ministerio Público apoyó a Terreros. La Fiscalía de Madrid concluyó que Terreros estaba obligado a abrir esos expedientes. El pasado 23 de noviembre, en un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, señaló: “Con independencia de si se habían cumplido los requisitos formales en la toma de muestras de orina [el director de la CELAD] venía obligado por imperativo legal a incoar el expediente sancionador al recibir comunicación del laboratorio sobre la presunta existencia de sustancias de dopaje”. Y añadía: “Todo ello, con independencia del número de agentes de control que hubiera en la toma de muestras”.
Pero poco después, eldiario.es desveló el caso del deportista Patrick Chinedu, un velocista internacional con España que dio positivo en 2019, aunque que nunca fue sancionado. Antidopaje justificó que como el control había sido realizado con un solo agente estaba condenado a morir y ni siquiera lo abrió.
El caso acabó en la Fiscalía General del Estado, pero enviado por el propio Gobierno, cuando vio que Terreros se negaba a dimitir con el escándalo. A esa se añadió otra denuncia por el uso de fondos públicos, ya que había dudas sobre los pagos a PWC. ¿Por qué pagar dinero público a controles que no servían luego para sancionar? La Fiscalía General del Estado lo derivó a la de Madrid. Y esta lo ha archivado de nuevo.
En enero pasado, el Gobierno acabó destituyendo a Terreros y nombró a Silvia Clazón, médico como Terreros y que ha durado solo ocho meses. En septiembre dejó el puesto para ocupar un cargo en Moncloa. Ha sido sustituido por Carlos Peralta, médico y que fue Olímpico en Río 2016.